Dos pasos contra la corrupción en la Fiscalía

Es un primer paso que ofrece facilidades al control ciudadano y que, junto con un adecuado trámite de los conflictos de interés, debería seguirse en la Fiscalía General.

Es un primer paso que ofrece facilidades al control ciudadano y que, junto con un adecuado trámite de los conflictos de interés, debería seguirse en la Fiscalía General.

El Departamento Administrativo de la Función Pública colgó un formato para la divulgación de los bienes y rentas del Gobierno nacional. La información será publicada, previa autorización del servidor público, en el sitio web de cada entidad del gobierno a la que pertenezca el funcionario, en la sección “Transparencia y acceso a la información”. No es obligatorio publicar esta información, pero con ello se facilita el escrutinio y la confianza ciudadanos.

Traslademos ahora esta invitación a la Fiscalía General de la Nación. La campaña de transparencia intentó trascender la rama ejecutiva y le pidió su declaración de renta a los candidatos a fiscal. Nada se logró. Pero el nuevo fiscal general ha prometido una cruzada sin tregua contra la corrupción y para ello debe dar ejemplo. Un primer paso para hacer las cosas bien es mostrar su declaración de renta como lo ha hecho el gabinete ministerial.

Un segundo paso, si la lucha contra la corrupción es real, sería la corrección al actual control de conflictos de intereses. Como sabemos, una de las críticas más fuertes al nuevo fiscal son sus potenciales impedimentos. Néstor Humberto parece tener amigos muy poderosos y haber representado a grandes empresas en el curso de su trayectoria profesional. Si a esto le añadimos que una de sus grandes cualidades es que es muy hábil políticamente, habrá que tener cuidado con su manejo de la inevitable exteriorización de sus múltiples conflictos de interés.

Haber sido apoderado de las partes, haberles dado consejo, manifestado opinión sobre el asunto o ser amigo íntimo o enemigo grave son algunos de los impedimentos o recusaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, ya la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá le pidió a la Fiscalía que investigara por un supuesto apoyo financiero de Postobón a las Auc. Postobón es de la organización Ardila Lülle que pasó por la oficina de Martínez quien tiene injerencia y se tendrá que declarar impedido ante la Corte Suprema de Justicia. El caso debe pasar al vicefiscal, que es de libre nombramiento y remoción del fiscal y quien no se apartará de la línea que le dicte su jefe. En consecuencia, el conflicto de intereses no queda resuelto. Algo similar sucedería con la función ante la Corte Suprema de Justicia y con la DINAC. Néstor Humberto Martínez propone tramitar una reforma para que la Corte Suprema nombre en esos casos a un fiscal ad-hoc independiente. Suena bien.

Para un entidad que maneja casi tres billones de pesos y un poco menos de 30.000 funcionarios, la transparencia debe ser una línea inquebrantable. Y el recién elegido fiscal parece reconocerlo pues dijo que pondría a temblar a los corruptos. Esperemos entonces que dé buen ejemplo el nuevo jefe apenas estrene cargo: que publique su declaración de renta y tramite la reforma para sus conflictos de intereses. Serían dos buenos gestos anticorrupción.