Duque, Petro y Fico: trapos sucios y trapos al sol en la lucha contra la corrupción

Los trapos sucios de Duque

La corrupción es un flagelo enquistado en Colombia desde hace mucho tiempo. Cada candidato a presidente, gobernador o alcalde promete que la atacará en sus raíces, pero cuando llega al poder no puede, o no quiere, hacer gran cosa.

El actual presidente no fue la excepción. A pesar de sus promesas, Duque tiró la toalla en la lucha anticorrupción desde el principio, así que son bastantes los trapos sucios por sacar. Por lo pronto, el nepotismo político, la negativa a derogar la ley de garantías y la defectuosa ley anticorrupción, son las perlas de los últimos tiempos.

Por un lado, Duque se esfuerza por tener amigos cercanos o fieles escuderos y escuderas en las cabezas de los órganos de control y de justicia. Esto afecta la confianza ciudadana en esas instituciones, pero la situación es peor si, una vez posesionadas, esas cabezas no muestran ninguna independencia del presidente.

Por ejemplo, la actual procuradora Margarita Cabello, quién fue ministra de Justicia y del Derecho, no ha investigado ni sancionado a ningún funcionario del gobierno por haber ocultado ilegalmente los contratos de las vacunas contra la COVID-19. Asimismo, el fiscal general Barbosa, excompañero de pupitre de Duque, no se apartó de las investigaciones sobre irregularidades en la campaña de su condiscípulo.

Por otro lado, Duque no quiso objetar la derogación a la ley de garantías, aunque ya sabía —porque lo había dicho en tiempos de Santos— que permitir la contratación interadministrativa justo antes de las elecciones es funcional a los intereses del partido de gobierno, y es una ventana para lacerar la democracia y la integridad.

Aun cuando su propio partido no le hizo caso en el Congreso, Duque objetó un proyecto de ley que proponía volver a los tiempos ordinarios para acceder a la información pública, y obtener la transparencia que se postergaba durante la pandemia.

Al final, la nueva ley anticorrupción —ley 2195 de 2022— fue el último intento de despercudir la ropa, pero sin éxito.

Debo reconocer la buena intención que pudo haber en la creación de un registro único de beneficiarios. Esta medida pretendía evitar que los funcionarios se beneficiaran de una transacción en la maraña de propietarios. Sin embargo, ese registro no es de acceso a la ciudadanía, de modo que, si queda una mancha en el camino, no nos daremos cuenta.

Algo similar sucede con el sistema de detección para combatir el acceso “directo” a las bases de datos que se le da a la Procuraduría, pues ¿de qué sirve crear estos entramados rimbombantes si, según la ley, no hay acceso a los sistemas de información de la Contraloría, ni de la Auditoría, ni de la Fiscalía ni de la DIAN?

Duque dirá que promovió normas e instituciones para dejar la ropa limpia, pero parece que lavarán sin jabón. Apenas se me ocurre parafrasear a Lampedusa en esa maravillosa novela del siglo pasado, Gatopardo: “Todo debe cambiar para todo siga siendo igual”.

Petro propone y des-propone perdón social a corruptos

El hermano del candidato Petro visitó en días pasados la cárcel La Picota. Allí se reunió con políticos presos, y, aunque para algunos fue una trampa, para otros fue una propuesta de rebaja de penas a cambio de votos.

Petro tuvo que dar explicaciones sobre el llamado perdón social, y habló de justicia reparativa con verdad. La verdad es que nadie se comió el cuento, los demás candidatos no desaprovecharon el papayazo, y muchos de sus seguidores lo criticaron.

Aunque las personas en la cárcel no eran un número representativo de votos, Petro reconoció que la propuesta no era conveniente ni coherente con sus luchas previas.

Si hay algún delito que no merece priorizar el perdón es el de cuello blanco. Cuando el criminólogo norteamericano Sutherland creó esta categoría —a finales de la crisis económica de los años 30—, explicó que sólo se cometía por personas con un elevado estatus socioeconómico.  Lo protagonizan quienes, sin necesidad ni justificación, cuentan con un capital social que les sirve de cooperación, refuerzo y cobertura. Por ello, más le vale a Petro alejarse de esos cuellos dudosos.

Fico aprovecha, pero se queda corto

Fico Gutiérrez se fue a la mismísima Picota a asolear los posibles errores de Petro, y aprovechó para hacer nuevas ofertas: propuso aumentar las penas a corruptos a más de 40 años, eliminar privilegios, y extinguir el dominio sobre los dineros adquiridos por los corruptos.

No obstante, el aumento de penas es puro populismo punitivo, pues la reducción del delito se obtiene reduciendo la impunidad. De poco nos sirve el aumento de penas en los códigos si no logramos disuadir al potencial delincuente.

Incluso, la extinción de dominio existe desde 1991, y la ley 2014 de 2019 —herencia de la consulta anticorrupción— modificó las inhabilidades para contratar, y prohibió los beneficios como la casa por cárcel para corruptos.

Hasta aquí, las propuestas de Fico son pura retórica.

Gutiérrez también propone construir más cárceles desde el modelo público-privado, granjas productivas para personas de baja peligrosidad, y reformas para que haya resocialización real.

Sobre la crisis carcelaria ya se pronunciaron la Corte Constitucional en 2013 y 2015 y el DNP con un CONPES: aunque la ampliación de cupos es deseable, la solución es una reforma estructural a la política criminal. Esta reforma debe ser sostenible en términos económicos y de derechos humanos —reducción de penas y más alternativas a la cárcel—, pues la población carcelaria aumenta más rápido que el número de cupos en el sistema.

Además, la privatización de las cárceles puede causar más problemas que soluciones:

• produce incentivos perversos y crea lobbies interesados en aumentar penas, pues entre más presos más ingresos, y,
• como lo han demostrado casos en Estados Unidos las cárceles privadas son más costosas que las públicas, y con mayor vulneración de derechos humanos.

Por el contrario, la propuesta de granjas productivas sí apunta al problema de fondo. De esta manera podría reducirse la crueldad y humanizar la situación de las personas privadas de libertad: entre más respeto haya por la dignidad humana, habrá menos reincidencia.

Finalmente, Fico pretende llevar el total de la contratación al portal SECOP II.  Aquí también acierta, porque la contratación territorial y especial —como en la pandemia y en la reconstrucción de San Andrés— se está saliendo de control. Publicar esta información es obligatorio, no por el régimen de contratación, sino porque son recursos públicos.

¿Qué debe hacerse?

Según la radiografía de la corrupción de Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2020 se arriesgaron más de 90 billones de pesos por causa de la corrupción. Además, hubo más de 14 millones de personas afectadas, las cuales debían beneficiarse de los recursos públicos que fueron desviados a propósitos particulares.

Como el problema es serio —y ya Duque no lo enfrentó—, los candidatos deben dejar de tirarse rayo, moralizar con el ejemplo, y concentrarse en hacer propuestas verosímiles:

• sistematizar y transparentar más información;
• aumentar las posibilidades de captura;
• mejorar las técnicas y capacidad de investigación con ciencia de datos, inteligencia artificial, análisis de redes y de contexto, y
• exigir a las autoridades de control que compartan material probatorio.

Una miradita a las recomendaciones de la Misión Anticorrupción que publicó Fedesarrollo el año pasado, puede ser una buena idea para limpiar la casa.