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Debemos exigir que en caso de que alguien acuda a la violencia, esa persona sea retirada de la movilización de forma adecuada y proporcional y las demás personas podamos seguir haciendo democracia en las calles. | Eduardo Noriega, EFE

Una película de acción entendió mejor que el General Navarro, el Presidente Duque y el ministro Trujillo el problema de poner a las Fuerzas Armadas de un país a cuidar protestas.

Una película de acción entendió mejor que el General Navarro, el Presidente Duque y el ministro Trujillo el problema de poner a las Fuerzas Armadas de un país a cuidar protestas.

“El Ejército es una espada ancha, no un bisturí para cirugía. Usted no nos quiere en una ciudad”.

“No se equivoque. Vamos a cazar al enemigo. Vamos a encontrar al enemigo. Y vamos a matar al enemigo. Y no hay miembro de la American Civil Liberties Union que se oponga más a esto que yo. Le solicito… no, le imploro… que no considere esta opción”.

Mayor General William Deveraux

101ª División Aerotransportada

 

En 1998, el Mayor General William Deveraux intentó convencer al Jefe de Gabinete del Presidente de los Estados Unidos de no utilizar a una división de infantería ligera del Ejército, la 101ª División Aerotransportada, para controlar un asunto de seguridad ciudadana en Nueva York. Concretamente, para localizar células terroristas en Brooklyn y controlar protestas ciudadanas en toda la ciudad.

Lo curioso de la situación es que el Mayor General Deveraux era el comandante de la 101ª División Aerotransportada. Él sabía cuáles eran las capacidades y la mentalidad con que los miembros de sus filas cumplían sus órdenes. Su miedo era el de un líder que se conoce a sí mismo y a las personas bajo su cargo. Sabía que un soldado está entrenado para la guerra.

El 14 de noviembre de 2019 el General Luis Fernando Navarro Jiménez ordenó, a partir del lunes 18 del mismo mes el acuartelamiento del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, en sus palabras, por “ocasión paro nacional programado 21 nov 2019”. Al día siguiente El Tiempo reportó el despliegue de nueve contingentes de la Brigada XIII del Ejército Nacional en distintos barrios del centro de Bogotá. Esto significa aproximadamente 350 efectivos posicionados en uno de los principales lugares de ejercicio del poder político civil en el país y, además —pero no menos importante—, del principal sitio de finalización y encuentro de las grandes movilizaciones que ocurren en la ciudad. Al 18 de noviembre una usuaria de Twitter seguía reportando la presencia de soldados en el centro de Bogotá.


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El Mayor General Deveraux tendría unas cuantas opiniones sobre el uso de unidades militares para controlar el orden público en una ciudad, vigilar movilizaciones ciudadanas y, de ser el caso, intervenir. Incluso, el Mayor General Deveraux le podría contar al General Navarro —y de paso al presidente Duque y al ministro Trujillo— que, a pesar de su consejo, el Presidente le ordenó llevar a cabo las operaciones y que, como resultado, se presentaron diversas denuncias de homicidios cometidos por integrantes del Ejército mientras “controlaban” las protestas. También le podría contar cómo él mismo terminó ejerciendo la autoridad que le entregó el presidente de forma arbitraria y cometió graves violaciones a derechos humanos, entre ellas tortura. El Mayor General no era, ni mucho menos, un demócrata preocupado.

Ni siquiera tendría que ser el Mayor General Deveraux. Podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde 2015 le recomendó a los Estados que hacen parte de la OEA “asignar en exclusividad a los cuerpos de policía civiles la función de monitoreo y control del orden interno, en particular en el contexto de protestas y manifestaciones sociales”, pues había notado “con preocupación en algunos Estados de la región la tendencia a delegar tareas de orden y seguridad a las fuerzas militares, e incluso en la declaración de estados de excepción para abordar escenarios de protesta social”.

También podría ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha analizado en diversas oportunidades la intervención de unidades y efectivos militares en la contención de protestas que se tornan violentas. Por ejemplo, en 2012 gestionó una reunión de expertos para tratar el tema del uso de la fuerza en los conflictos armados y la relación entre ese paradigma y el mantenimiento del orden público. Allí se presentaron diversas opiniones respecto de la forma en que debía abordarse un motín o protesta violenta, en donde podrían encontrarse infiltrados combatientes. Es decir, no pueden utilizarse medios militares para combatir actos vandálicos, el enfoque debe ser el de mantenimiento del orden público por parte de cuerpos civiles de policía u otros similares. Incluso si se tuviera certeza de la presencia de combatientes infiltrados pero fuera demasiado difícil distinguirlos de los civiles, lo apropiado sería “enfrentar toda la situación conforme a las normas sobre el mantenimiento del orden”.

Colombia es un país donde el Gobierno Nacional niega la existencia de un conflicto armado no internacional, ni en el pasado ni en el presente. También es un país donde el Gobierno Nacional utiliza a las Fuerzas Armadas para operaciones de control del orden, lucha contra las drogas e, incluso, vigilancia de actos de protesta social legítimos. Esa confusión en las funciones no la tenía el Mayor General Deveraux, él sabía que un Ejército se crea, se entrena y se mantiene para hacer la guerra, para defender la soberanía del Estado en el marco de conflictos armados.

Lo increíble es que hasta el Mayor General Deveraux sabía eso y sólo existe en la creación de un guionista de cine. El Mayor General Deveraux es un personaje interpretado por Bruce Willis en la película “The Siege”. Sí, el mismo de Duro de Matar y otras tantas “joyas” del cine de acción. Una película que ha recibido en promedio 5.75 puntos de 10 por parte de 62 críticos de cine y en promedio tres estrellas de cinco por 53.735 usuarios en Rotten Tomatoes entendió mejor que el General Navarro, el Presidente Duque y el ministro Trujillo el problema de poner a las Fuerzas Armadas de un país a cuidar protestas.

Sólo nos queda exigir. Exigir que el Estado colombiano deje de utilizar a las Fuerzas Armadas en el marco de protestas y movilizaciones. Exigir, a futuro, que el Gobierno Nacional aplique las normas de Derecho Internacional Humanitario pertinentes para saber si estamos en un conflicto armado no internacional o no y si las Fuerzas Armadas están para combatir en ese conflicto o para controlar protestas. Exigir este 21 de noviembre que las Fuerzas Armadas de la República de Colombia no se comporten como la 101ª División Aerotransportada en “The Siege”, que terminó torturando personas, acusada de asesinar personas que protestaban, entre muchos otros abusos. Y exigir que el Gobierno Nacional respete el derecho fundamental de toda persona en Colombia a manifestarse pública y pacíficamente y lo defienda de todo actor, institucional o no institucional, que busque impedir su ejercicio. Especialmente, exigir que en caso de que alguien acuda a la violencia, esa persona sea retirada de la movilización de forma adecuada y proporcional y las demás personas podamos seguir haciendo democracia en las calles.

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