El 2018 y la consolidación de la paz

El Acuerdo de Paz con las FARC-EP significó 7.123 armas menos y 6.800 combatientes que despejaron zonas del país donde imponían su ley. Este 31 de diciembre hay que brindar por las vidas que salvó esa negociación. Gracias a ella, habitantes de muchos rincones comenzaron a experimentar la libertad de tomar decisiones sobre su propia vida sin este actor armado, y a construir futuro en la confianza de la presencia estatal que debe garantizar seguridad y bienestar.

El 70% de los compromisos de La Habana tienen que ver con la transformación social y solo el 30% con desmovilización, desarme, o reincorporación. Ese dato, del Instituto Kroc, que hace seguimiento técnico al acuerdo, debe recordarnos que si bien el fin del conflicto es importante, la deuda con los territorios que más golpeó la guerra es enorme, y que se debe pagar reparando las vidas que afectó y garantizando que la historia no se repita. Desafortunadamente, esa deuda ya tiene muchos pendientes en este primer año de implementación.

El Gobierno con su paquidermia habitual no presentó oportunamente los proyectos legislativos que el Acuerdo impone; con su debilidad histórica no hizo presencia efectiva en las regiones, como lo demuestra el asesinato sistemático de líderes sociales, o el poco avance de los planes de transformación de las zonas rurales; así como tampoco actuó en forma articulada, o lo que es peor, hubo ostensibles pugnas internas entre entidades públicas.

Por el lado del Congreso, queda la impresión de que negoció todo lo que pudo, siempre a favor de sus intereses y de espaldas a las víctimas. No de otra manera puede interpretarse, por ejemplo, la obstrucción a la creación de las circunscripciones electorales. Decenas de candidatos de las bases sociales que recorrieron este semestre las zonas rurales para incentivar la confianza en los nuevos espacios electorales y en la renovación política desde adentro, quedaron sin plataforma, acampando en partidos políticos tradicionales, en algunos casos sumarán votos a quienes han patrocinado la corrupción y la misma violencia que queremos erradicar. Quizá eso quería el Congreso.

Hay que ser profundamente conscientes de que en 2018 renovaremos a los representantes del ejecutivo y legislativo. En ese contexto, debemos tener la visión para entender que esas decisiones definirán la trayectoria de la próxima década; la lucidez, valentía y certeza de que nadie más, sino nosotros, somos responsables de defender esta valiosa oportunidad; y mucha solidaridad con quienes más sufrieron la guerra.

Ojalá nos hagamos esos tres deseos, y la paz empiece a cuajar en 2018.

Adenda: Se cumplen cuatro años y el Mercado de Santa Rita sigue cerrado. Solo pasa en Cartagena.