Indolencia

A pesar de nuestras diferencias, la condena de estos asesinatos debería ser un punto de consenso político nacional. Todos los líderes sin distinción, incluido el presidente, tienen entonces la responsabilidad de rechazar estos crímenes y apoyar la marcha. | Mauricio Dueñas, EFE

Nuestra democracia muere un poco cada vez que un líder social es asesinado o amenazado. Una marcha servirá si es masiva, pues mostrará a los criminales que no cuentan con nuestra aprobación ni nuestro silencio, sino con nuestro rechazo inequívoco.

Nuestra democracia muere un poco cada vez que un líder social es asesinado o amenazado. Una marcha servirá si es masiva, pues mostrará a los criminales que no cuentan con nuestra aprobación ni nuestro silencio, sino con nuestro rechazo inequívoco.

Mayerlis Angarita Robles, líder de Montes de María, publicó en mayo una columna en la revista Semana en que denunciaba que a los líderes sociales los estaban matando sin que a nadie le importara. Al día siguiente sufrió un atentado del que afortunadamente se salvó. Pero la violencia y la indolencia han seguido: a los líderes sociales los siguen matando frente a nuestra indiferencia como sociedad y una reacción muy insuficiente del Estado.

Estos asesinatos y violencias contra los líderes sociales son gravísimos no solo por el enorme sufrimiento humano que ocasionan —dramáticamente expresado por el grito de dolor, rabia e impotencia del hijo de la líder María del Pilar Hurtado—, sino también por sus impactos antidemocráticos: cada líder que muere, sin importar si es de derecha o izquierda, es un proceso social gravemente debilitado. Los victimarios lo saben y, precisamente por eso, los matan para consolidar su dominio criminal. Nuestra democracia muere un poco cada vez que un líder social es asesinado o amenazado.

Nuestra indolencia ante estos crímenes es entonces gravísima y, en cierta forma, los legitima. La labor de los asesinos se ve facilitada si constatan que pueden matar sin que la sociedad masivamente condene sus crímenes y sin que el Estado haga lo suficiente para investigarlos y sancionarlos.

Algunos pocos, en nuestro ambiente polarizado, pueden justificar esos homicidios y dirán que si los mataron fue porque en algo malo estaban metidos. Nada más alejado de la realidad: los matan para matar procesos democráticos y consolidar dominios criminales. Creo que estas actitudes de justificación de la violencia son hoy minoritarias. Quizá la mayoría no se moviliza por una mezcla de indiferencia e impotencia: muchos pueden estar emocionalmente adormecidos por cinco décadas de conflicto armado en que miles de colombianos fueron asesinados cruelmente. Otros se pueden condoler con las víctimas y sus familias, pero sentir impotencia y pensar: ¿qué puedo hacer yo como ciudadano?

La apuesta de la marcha del 26 de julio es mostrar que los ciudadanos podemos hacer mucho por detener estos crímenes. Es una movilización que busca romper esa indiferencia y ese sentimiento de impotencia con un esfuerzo para que el grito solitario de dolor del hijo de María del Pilar Hurtado se convierta en un grito colectivo de indignación contra estos crímenes, de solidaridad con las víctimas, sus familias y sus comunidades, y de condena inequívoca a los victimarios, sean el Eln, las disidencias, los herederos del paramilitarismo, las bandas criminales o agentes estatales.


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Una marcha así sirve si es masiva, pues mostrará a los criminales que no cuentan con nuestra aprobación ni nuestro silencio, sino con nuestro rechazo inequívoco. Nuestro grito será además una presión hacia el Estado en general y el Gobierno en particular para que tomen medidas eficaces para prevenir esos crímenes y sancionar a sus responsables, en vez de andar —como el consejero presidencial de Derechos Humanos, Barbosa— haciendo discutibles cuentas para supuestamente demostrar que a Duque le estaría yendo mejor que a Santos, cuando en realidad ambos gobiernos se rajan en esta materia.

A pesar de nuestras diferencias, la condena de estos asesinatos debería ser un punto de consenso político nacional. Todos los líderes sin distinción, incluido el presidente, tienen entonces la responsabilidad de rechazar estos crímenes y apoyar la marcha, sin intentar sacar provecho político de ese doloroso drama; todos nosotros como ciudadanos, sin distinción, tenemos el deber de movilizarnos para presionar por soluciones que terminen este exterminio. ¡Nos vemos el 26!


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