El aborto y la opinión pública

Me explico.

La decisión de la Fiscalía desató la solidaridad de la opinión pública con Sabino. No sólo las asociaciones feministas y de defensa de los derechos de la mujer se pronunciaron en masa por los medios y las redes sociales, también lo hizo una gran cantidad de ciudadanos que simplemente no estuvieron de acuerdo con meter a la cárcel a la actriz por un hecho en el que veían más drama personal que daño social. Hasta el procurador salió en defensa de Sabino, aunque, como siempre, con Ordóñez uno nunca sabe si actúa por razones políticas (atacar al fiscal), por convicciones morales o por una mezcla perversa de ambas.

Y aquí viene lo de la esquizofrenia: en el debate sobre el aborto la mayoría de la gente está de acuerdo con la penalización, pero, cuando se trata de juzgar a una mujer de carne y hueso, esa mayoría no se empeña en exigir la prisión, como sí lo haría, por ejemplo, con un ladrón o con un asesino. Más aún, esa mayoría no hace nada por exigir que los miles de abortos ilegales que anualmente se practican en Colombia se traduzcan en capturas, condenas y encarcelamientos, como sí lo hace con otros delitos.

En la práctica, lo que hace la mayoría es encontrar un arreglo entre el derecho que castiga y la realidad social que perdona: el aborto se prohíbe en el código penal, pero ni las autoridades hacen algo (salvo la Procuraduría) por capturar y encarcelar a las personas que incurren en ese delito, ni la opinión publica se inquieta por ello.

La Iglesia católica y los prohibicionistas, por su lado, son muy conscientes de ese compromiso. Por eso elevan el tono de sus diatribas, hablando de homicidas y de exterminios masivos, con el intento de radicalizar a sus audiencias y justificar la criminalización de esa conducta. Algo consiguen con eso, pero no lo suficiente como para que el Estado decida perseguir y encarcelar a los infractores. Lo que sí logran es mantener la prohibición y confinar los abortos que se practican al mundo de la ilegalidad, con las consecuencias terribles que muchas veces eso tiene. Pero las cruzadas morales o las leyes prohibicionistas no cambian la realidad del aborto: el número de mujeres que suspenden voluntariamente el embarazo sigue más o menos constante. Es por eso que la tasa de abortos por cien mil habitantes en Europa y en América Latina es muy similar (más o menos 30 por cien mil habitantes), a pesar de que allá la legislación es muchísimo más permisiva que en nuestros países. La diferencia entre Europa y Colombia no es pues que allá se aborte y aquí no, sino que allá se aborta en, por lo general, condiciones de legalidad e higiene y aquí no (salvo en los casos despenalizados por la Corte).

Por eso digo que la combinación de condena penal y tolerancia social es esquizofrénica: por un lado se impone una pena y por el otro se perdona el castigo. Pero también digo que eso es mejor que ser consistente castigando y metiendo a la cárcel a los cientos de miles de mujeres que practican abortos ilegales. Si la gran mayoría no quiere encarcelar a las mujeres que abortan, quizá lo más razonable sea ampliar las causales de despenalización, como ocurre en Europa y los Estados Unidos, y sacar, de una vez por todas, este tema del derecho penal.