El acoso sexual en la U

El 24 de agosto los muros de la Facultad de Derecho y del Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género de la Universidad de Cartagena se llenaron con pancartas de nombres de profesores acusados de acoso sexual y de consignas como: “Alerta #SOSUdeC ¡Hay acosadores! Sabemos quiénes son” o alegatos como: “Observatorio para la revictimización y el desarrollo con enfoque mercantilista.”

La protesta fue antecedida por un diálogo estudiantil que promovió directamente la ministra de Educación, Aurora Vergara. Allí, colectivos universitarios y feministas denunciaron públicamente casos de violencias basadas en género (VBG), la falta de garantías para las víctimas en los procesos de investigación interna y la instrumentalización de las estudiantes por parte del mencionado Observatorio en la creación y validación de la ruta de atención a la VBG de la Universidad de Cartagena.

Una vez más los valientes colectivos feministas ponen sobre la mesa las VBG como un problema público. Aunque en junio del 2023 la Universidad aprobó el Protocolo para la prevención, detección y atención para las VBG, organizaciones feministas estudiantiles emitieron un comunicado de rechazo a la aprobación de este protocolo por vicios de participación. Según las organizaciones, se realizó una sola reunión de dos horas sin que las participantes accedieran y validaran al documento final, y donde sólo respondieron preguntas planteadas por el observatorio. También denunciaron la mala utilización de su imagen, pues presentaron el encuentro como prueba de la construcción conjunta, socialización y difusión del protocolo.

Las organizaciones también detectaron que el protocolo aprobado no cuenta con un sistema sancionatorio de tolerancia cero, ya que al parecer en los casos que han pasado por el Observatorio los agresores no recibieron sanción.

A pesar de que existe un reconocimiento del acoso sexual en los tratados internacionales firmados por Colombia, en la Corte Constitucional y en la Ley 1257, el acoso sexual es una conducta silenciada en los espacios educativos. Posterior a la masiva protesta no ha habido pronunciamiento público por parte de la Universidad de Cartagena donde rechace esta conducta y proponga una ruta de trabajo con las estudiantes. En la Facultad de Derecho se dice que no ha habido siquiera un llamado de atención a los profesores cuyos nombres aparecen en los carteles, y tampoco se han activado mecanismos de protección que impidan a los denunciados tomar represalias contra las denunciantes.

Según las denunciantes, actualmente se abren las investigaciones, pero las denuncias no trascienden a sanciones. Por ello, las lideresas feministas exigen a la Universidad de Cartagena la adopción de rutas efectivas de prevención de las VBG y un sistema sancionatorio efectivo. Así mismo, como lo señala una investigación de Dejusticia, la universidad debería reconocer que el acoso sexual es un problema público y apostarle al reconocimiento del daño y su reparación, promover mayor participación de estudiantes y profesoras en las rutas de atención, deberían incluso realizar investigaciones donde recojan cifras, evalúen el ambiente interno de la institución y construyan instrumentos donde valoren la percepción de las violencias. Con esto, las estudiantes sí verían un futuro posible en la escucha de sus voces y no un camino de frustraciones permeado por el silencio y el olvido.