El arte de prohibir

Los padres de familia saben muy bien que cuando se trata de prohibir algo, más vale quedase callado que imponer una sanción que los niños no van a cumplir o que ellos mismos no van a ser capaces de imponer.

“Si no te tomas la sopa de verduras te acuestas sin comer”, le dice la mamá al pequeño, con esa severidad genética que las madres tienen en los asuntos de la nutrición, y claro, como el muchachito no se toma la sopa y lo que menos quiere ella es que su niño aguante hambre, la mamá termina revocando la amenaza y el infante descubriendo la estrategia para liberarse, en el futuro, de la sopa de verduras. Pues bien, al Estado le pasa lo mismo: cuando prohíbe cosas a sabiendas de que nadie le va a obedecer o de que él mismo no es capaz de hacerlas cumplir, no se da cuenta, como las mamás, de que es mejor quedarse callado (el ejemplo más abultado y terrible de esto es el de la prohibición de las drogas).

Pienso en esto ahora que el Gobierno se dispone a presentar ante el Congreso una larga lista de proyectos de ley. En esa lista hay dos prohibiciones que pueden tener el efecto contraproducente que acabo de mencionar. Una de ellas es la propuesta del Ministro de defensa de penalizar, como auxiliadores del crimen, a quienes no denuncien extorsiones, o paguen por ellas. La intención de la norma es buena, pero tiene el mismo problema que tuvo aquella propuesta del ex presidente Uribe de convertir a los estudiantes de las universidades en delatores del terrorismo. En un país en donde el Estado no hace presencia efectiva en una tercera parte de su territorio, semejante prohibición no sólo es difícil de justificar moral y jurídicamente (muchas personas no sólo serían víctimas de la delincuencia que los extorsiona, sino del Estado que los criminaliza) sino que resultaría inocua, dado que, en la mayoría de los casos, el extorsionado no la cumpliría. Esa prohibición sólo tiene sentido cuando la gente vive bajo la protección efectiva del Estado.

Otra norma que puede correr la misma suerte es aquella que sanciona a los contratistas del Estado que aportan dineros a las campañas políticas. Esta norma, que hace parte del proyecto de estatuto contra la corrupción, me parece, a diferencia de la anterior, necesaria y plenamente justificada. El problema aquí no es el contenido de la prohibición, sino la incapacidad del Estado para controlar a los infractores. Con un Consejo Nacional Electoral como el que tenemos ahora (para no hablar de la Contraloría), politizado y sin presencia de la oposición, es de esperarse que el control de la financiación de las campañas sea mínimo y que, como resultado de ello, los contratistas sigan haciendo lo mismo, es decir, aportando dineros a las campañas políticas y comprometiendo así a los gobernantes elegidos para obtener contratos, pero ya no de manera legal y a la vista del todo el mundo, como lo hacen ahora, sino por debajo de la mesa y con el aumento de la corrupción que esa ilegalidad conlleva. No digo que esa norma se deba suprimir, lo que digo es que el Estado debe estar seguro de poder (y de querer) descubrir a los infractores.

Prohibir es un arte. No sólo porque hay que pensar bien lo que se dice, sino porque hay que asumir las consecuencias de lo que se dice. Hace más daño prohibir sin ser capaz de sancionar, que dejar las cosas como están. Los buenos gobernantes saben bien que algo peor que ser incapaz, es serlo y, además, dar la impresión de serlo.