El campesinado, bajo la amenaza de una visión reducida de conservación

El pasado 6 de septiembre, representantes de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se reunieron en Dejusticia con diferentes funcionarios públicos. Allí se evidenciaron contradicciones entre ambiente y campesinado creadas por el Ministerio de Ambiente que está truncado la constitución de las ZRC y la creación de políticas que respondan las necesidades del campesinado y al cuidado ambiental. La idea de una naturaleza sin personas para la conservación se sobrepone sobre la de gobernanza ambiental, que reconoce la cultura de quienes habitan los ecosistemas y su importancia en el cuidado de los mismos. No extraña que el campesinado esté preocupado. 

El campesinado ha mostrado iniciativas de organización y de cuidado ambiental en medio de la guerra y el abandono estatal, una de ellas son las ZRC. Una figura que ha tenido diversos obstáculos para cumplir sus propósitos de cerrar la frontera agrícola, blindar la permanencia del campesinado en el territorio y convertirse en zonas de paz a través de la garantía de derechos. Las mayores dificultades han sido por la falta de voluntad de los gobiernos. Pasaron al menos 10 años sin que el Estado constituyera una sola ZRC, por eso desde Dejusticia interpusimos una tutela que mostró que no hacerlo era una vulneración a los derechos del campesinado.

Pero ahora hay otro dolor de cabeza. La constitución de seis ZRC está en vilo debido a que comparten territorio con estratégias de conservación, como las Zonas de Reserva Forestal (ZRF). El campesinado ha vivido históricamente en estas áreas, pero las políticas ambientales parecen cuestionar si las pueden continuar habitando. Es una contradicción creada por el modelo de conservación, que no es el único ni el mejor, pues desconoce los modos de vida que florecen a partir del cuidado recíproco entre humanos y no humanos en su ambiente.

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Esta contradicción se refleja en las políticas ambientales del país, que parecen condolerse de su majestuosa diversidad natural, pero no cultural. Como bien lo señaló un representante campesino, instituciones como Parques Nacionales Naturales o las Corporaciones  Autónomas Regionales llegan a los territorios con una visión reducida del ambiente. Se enfocan en las áreas estrictamente delimitadas, perdiendo de vista el entramado ambiental más allá de la líneas trazadas, y llegan con medidas disciplinarias y sin programas de reemplazo para las actividades productivas. “Parece que importa más el árbol que la vida del campesino”; no se dan cuenta que el hambre no es una opción. Ni hablar de cuando conservación y militarización se vuelven uno y criminalizan. Para el campesinado, el Estado olvida que sus acciones deben construir y reconstruir cultura, una de conservación con insumos básicos, pues “el verde no se come, del verde no se vive”. 

Esta es la versión colombiana del modelo de conservación sin gente, que fue ideada como una estrategia colonial con la creación de los parques Virunga y Yellowstone, pero que está siendo revaluada. Este enfoque ha sido criticado por afectar sistemas ecológicos frágiles y relegar los costos del cambio climático en comunidades vulnerables que han tenido poca responsabilidad en el mismo. Se desconocen los derechos de poblaciones del sur global, sin transformaciones sistemáticas en las fuentes de recursos y los modelos de desarrollo del norte global. Los derechos del campesinado de las ZRC siguen en vilo por una visión de conservación que no estamos obligados a seguir, un campesinado que además ha sido víctima del conflicto armado y de la falta de acceso a la tierra.

Aunque ante las solicitudes de información Dejusticia no ha obtenido respuesta alguna por parte del Ministerio de Ambiente, parece ser que en el caso de las ZRC y las ZRF hay al menos dos alternativas. La primera es la sustracción del área protegida de la ZRF que está en ZRC. Organizaciones campesinas han hecho esta solicitud sin que el Ministerio de Ambiente se haya pronunciado. Corre el rumor de otra propuesta: títulos verdes, pero como buen rumor, aún falta saber en qué consiste y cuál es su viabilidad para el campesinado. Y de una política armonizadora que reconozca al campesinado como autoridad ambiental ni rumores hay. 

Es tarea del Gobierno lograr políticas ambientales sintonizadas con la diversidad cultural del país y sus necesidades. No tomar esta responsabilidad en serio hace que el prometido cambio se convierta en un bucle del abandono estatal. El Estado no debe invisibilizar y excluir a quienes viven en estas zonas, pues ellos no tienen por qué irse, no tienen para dónde irse y no se van a ir. Armonizar la conservación con los derechos del campesinado es reconocer la complejidad de las relaciones que hay en estos territorios para construir políticas ambientales sensibles con las necesidades de las comunidades locales y posibilitar el tan anhelado “pacto por la vida”.

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