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Gracias a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió la tutela interpuesta por más de 1.700 campesinas y campesinos para ser contados en el Censo de Población 2018, este grupo poblacional y el Estado se volvieron a sentar a la mesa para dialogar.

Gracias a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió la tutela interpuesta por más de 1.700 campesinas y campesinos para ser contados en el Censo de Población 2018, este grupo poblacional y el Estado se volvieron a sentar a la mesa para dialogar.

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En esta ocasión, por convocatoria de la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Restitución de Tierras, las organizaciones campesinas regionales (ACIT y CIMA) y nacionales (FENSUAGRO, ANZORC, ANUC y Coordinador Nacional Agrario), el DANE, los Ministerios del Interior y de Agricultura, y la Presidencia de la República buscan acordar un concepto sobre el campesinado y cómo deberá ser contabilizado, ante la falta de cifras desagregadas.

En noviembre del año pasado, las organizaciones campesinas decidieron interponer una tutela en un intento por reactivar el proceso de diálogo político que habían iniciado con el DANE y el Ministerio del Interior, con una sola petición: que el Estado recolectara datos estadísticos sobre su vida e identidad cultural. Es una solicitud que han presentado por más de cinco años y a través de múltiples acciones: desde derechos de petición hasta paros campesinos, pasando por mesas de concertación con el Estado y encuentros académicos.

Hasta ahora, en Colombia no tenemos datos desagregados sobre el campesinado y el Estado no conoce su vida social, económica, organizativa ni política. Sí sabemos que los pobladores rural, entre ellos el campesinado, enfrenta profundas desigualdades: la pobreza multidimensional en las zonas rurales (36,6%) es casi veces más alta que en las zonas urbanas (11,4%) (DANE, 2017). Pero no tenemos cifras detalladas de quiénes son los campesinos y las campesinas ni bajo qué circunstancias socioeconómicas viven, lo que podría explicar, en buena parte, por qué la política social dirigida a esta población ha sido desarticulada y deficiente. Ningún censo, ni siquiera el agropecuario, ha recolectado datos estadísticos al respecto.

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Durante el diálogo inicial entre el campesinado y el Estado, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) realizó un estudio que define al sujeto campesino, desde sus relaciones económicas, políticas, organizativas y sociales. También sugirió unas preguntas a incluir en el Censo Nacional de Población 2018, que indagaban sobre la identidad y vida campesinas. Infortunadamente, la concertación se quebró y fue cuando surgió la tutela, con el acompañamiento de Dejusticia.

La Corte Suprema de Justicia falló la tutela, en segunda instancia, y acogió una parte de las peticiones. En su sentencia, la Corte no suspende el Censo Nacional de Población 2018, pues éste ya había iniciado su primera etapa de aplicación virtual. Pero la Corte sí le llama la atención al DANE, los Ministerios del Interior y de Agricultura, el ICANH y la Presidencia de la República, para que realicen unos “estudios complementarios al Censo Agropecuario 2014 y al Censo Poblacional 2018”, con miras a precisar el concepto de campesino y contabilizar a esta población.

Para engranar las tareas de esas entidades, se crea la mesa de diálogo y concertación, que empezó labores el 26 de febrero. Ese espacio está pensado para cumplir dos propósitos: delimitar un concepto del sujeto campesino y definir cuál será el instrumento estadístico útil y pertinente en la recolección de la información demográfica del campesinado.

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Los datos a recopilar podrán darnos una radiografía más clara de este grupo y le servirán al Estado para diseñar programas efectivos. En ellos se podrá basar, por ejemplo, una política de educación campesina consecuente con la identidad cultural de esta población, lo que, por ahora, no ha trascendido la letra de la ley.

La mesa creada por la Procuraduría tiene entonces el importante desafío de restablecer el diálogo político, técnico y participativo, entre la población campesina y las entidades estatales. Cada uno de los participantes, desde su experiencia y experticia, puede contribuir a generar sinergias de trabajo y consensos. Al DANE, los Ministerios, el ICANH y la Presidencia les corresponde facilitar los medios administrativos y financieros requeridos para la construcción y aplicación del instrumento estadístico que se convenga. La academia, que también acompañará este diálogo, así como Dejusticia, puede aportar su conocimiento acumulado de décadas, que ha reflexionado sobre el sujeto campesino, en sus distintas dimensiones. A las organizaciones campesinas les corresponde no desistir en sus justos reclamos.

Es así como los jueces, una vez más, intentan desbloquear las dinámicas estatales para tender puentes de comunicación entre el Estado y los movimientos sociales. Ojalá esta historia no termine, como muchas otras, en un intento fallido de concertación con el Estado. Es nuestra oportunidad para reconocer a los campesinos, nuestros conciudadanos, como sujetos políticos y de derecho, así como su valioso aporte a la vida y economía del país.

Vea nuestro video “El campesinado sí cuenta para la Corte Suprema de Justicia” en Vimeo.

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