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Embera

Este año, el 37,9% de los municipios de Colombia presentan graves dificultades en el acceso espacial a puestos de votación. | Bienvenido Velasco, EFE

Todo parece indicar que, para los comicios de este domingo, las urnas seguirán siendo un escenario cerrado para las poblaciones rurales dispersas que, además de soportar la guerra, deben hacer frente a la exclusión electoral.

Todo parece indicar que, para los comicios de este domingo, las urnas seguirán siendo un escenario cerrado para las poblaciones rurales dispersas que, además de soportar la guerra, deben hacer frente a la exclusión electoral.

Escrito junto a Paula Nieto, pasante del Área de Litigio

Hace aproximadamente cinco años y medio el país afrontaba un suceso político trascendental: el plebiscito sobre el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Santos y la otrora guerrilla de las FARC. En las urnas se cruzaban quienes apoyaban la salida negociada al conflicto armado y quienes rechazaban los términos bajo los cuales se reincorporarían los alzados en armas a la sociedad. Aunque el derecho a participar en este importante proceso electoral se extendía a cada uno de los habitantes del territorio nacional, lo cierto es que, debido a las profundas deficiencias del aparato electoral, no todas las personas  pudieron ejercer el derecho al voto. La razón: varias zonas del país, especialmente de la Colombia rural, carecen de puestos de votación, lo que priva a sus habitantes de tomar decisiones políticas a través de las urnas. Varias comunidades fueron afectadas por esta situación, entre ellas, las Emberá Dóbida de Bojayá, quienes han vivido en carne propia el dolor de la guerra y la presencia constante de actores armados en su territorio. 

En este municipio chocoano, uno de los más afectados en el país por el rugir de las armas, cerca del 70% de las personas habilitadas para votar no participaron en el plebiscito por la paz. De este porcentaje hacen parte 32 comunidades emberá que viven en zonas rurales dispersas sin acceso a puestos electorales cercanos. Y es que para poder votar tienen que sortear toda clase de obstáculos: largas horas de viaje a través de ríos de difícil navegabilidad; trochas y vías en pésimas condiciones; elevados costos para el desplazamiento y la manutención durante la jornada electoral y, en varias ocasiones, graves amenazas de seguridad. Por si fuera poco, cuando las comunidades logran vencer esta odisea y llegar a los puestos de votación, se deben enfrentar a una barrera para nada menor: el idioma de los tarjetones, pues no todas las personas son hispanohablantes.


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Debido a esta situación, varios investigadores de Dejusticia apoyaron una acción de tutela a nombre de estas comunidades, la cual finalmente llegó a la Corte Constitucional. En la demanda se señaló que las personas y pueblos indígenas tienen derecho a participar de las decisiones políticas que se tomen a través de las urnas por tratarse de una garantía fundamental que no admite distinción. Sin embargo, el Estado debe no solo reconocerles este derecho; también debe implementar las acciones adecuadas para su real efectividad. Es decir, no basta con leyes que consagren el sufragio; es indispensable una organización electoral que asegure la participación mediante puestos de votación cercanos a las comunidades. A lo anterior, se suma la necesidad de un enfoque diferencial que responda a los usos lingüísticos de los pueblos indígenas, especialmente cuando, como en el caso de estas comunidades emberá, son las mujeres las que en su mayoría no hablan ni leen español.

Pese a que la acción de tutela se centra en el pueblo Embera Dóbida de Bojayá, desde Dejusticia consideramos que la falta de acceso a puestos de votación en las zonas rurales del país es un problema estructural, como lo constatan estudios elaborados por la Misión de Observación Electoral (MOE). En un reciente documento de esta organización que analiza los factores de riesgo electoral para este año, se señala que el 37,9% de los municipios de Colombia presentan graves dificultades en el acceso espacial a puestos de votación. Estos municipios se ubican mayoritariamente en las zonas bajas y periféricas del país, siendo el Pacífico una de las regiones con menor acceso. En este contexto, Bojayá, además de ser uno de los territorios con riesgo extremo de fraude electoral y violencia política, es también uno de los municipios del país con riesgo alto por baja participación en las elecciones presidenciales. 

Con el fin de remediar esta situación, las comunidades indígenas le solicitaron a la Corte que ordenara a las entidades electorales, específicamente a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, ubicar puestos de votación en sus territorios o, en su defecto, diseñar y ejecutar, de manera concertada con ellas, alternativas que garanticen su participación política en las votaciones. Igualmente, le solicitaron medidas que permitan a las personas no hispanohablantes ejercer el sufragio de forma autónoma, libre y secreta. 

A pesar de la importancia de este caso, y luego de más de cuatro años y medio desde que llegó a la Corte Constitucional, las comunidades indígenas de Bojayá siguen esperando una decisión. Durante este tiempo han sido celebradas sin su participación dos elecciones legislativas (2018 y 2022), una regional (2019) y una presidencial (2018). Todo parece indicar que, para los comicios de este domingo, la situación se mantendrá igual: las urnas seguirán siendo un escenario cerrado para las poblaciones rurales dispersas que, además de soportar la guerra, deben hacer frente a la exclusión electoral.


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De interés: Conflicto armado / Elecciones / Emberá

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