El ¿cierre? del ciclo de violencia

Para algunos, el conflicto armado ha sido un profesor de geografía. Es un horror sustentar esta premisa, sin embargo, a través de las masacres, tomas y ataques hemos conocido algunos de los municipios más olvidados y recónditos del país. Este hecho demuestra que el conflicto ha dejado profundas huellas en nuestro imaginario colectivo, por lo cual el proceso de paz representó una valiosa oportunidad para visibilizar, más allá de la guerra, zonas olvidadas por el Estado. Es así como La Rochela, El Salado, Segovia, Mapiripán, Bahía Portete o Bojayá son conocidos por causa de la violencia y no por su biodiversidad y riqueza cultural. En estos lugares, el acuerdo final representó anhelos de justicia, verdad, reconciliación y no repetición.

A pesar de la esperanza de paz, cada día se suman nuevos escenarios de pesimismo. Las condiciones de seguridad para las poblaciones y los líderes sociales son precarias, la garantía de servicios básicos no se materializa y la presencia de grupos armados, que buscan el control territorial, tiene en jaque a la población civil.

El caso de Bojayá es quizá uno de los más alarmantes, al pasar de la muerte a la esperanza y viceversa. A este municipio chocoano lo recordamos por la masacre ocurrida en 2002. Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP presentaron el tránsito a la esperanza al ser el primer lugar donde los comandantes de las Farc acudieron voluntariamente a pedir perdón por sus actos, en diciembre de 2015.

El pasado 18 de noviembre de 2019, después de una larga espera de 17 años y seis meses, la comunidad pudo enterrar a sus muertos en una serie de actos conmemorativos. En este espacio, la comunidad esperaba reunirse con el presidente para solicitar garantías efectivas de seguridad ante el riesgo de revivir los hechos violentos. Sin embargo, el mandatario no se presentó y, lastimosamente, por los hechos ocurridos el 31 de diciembre, el ciclo parece repetirse. Da cuenta de ello Leyner Palacios, líder social amenazado, quien señaló una posible complicidad entre militares y paramilitares, que habrían incursionado en el municipio alrededor de 300 paramilitares, sin oposición alguna de la fuerza pública.

¿Cómo evitar que estos ciclos de violencia continúen? Una vía de esperanza a la que le apuestan las comunidades es la implementación integral del Acuerdo de Paz, pues es una herramienta que trae consigo mecanismos para garantizar la seguridad y prestación de servicios en los territorios más afectados por la violencia. Como ejemplo, tenemos los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), el Sistema Integral de Seguridad o el Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, entre otros. También, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, representantes de la sociedad civil presentaron un propuesta para desmontar el paramilitarismo.

Así tenemos que, 3 años después de la firma del AFP y de un año y medio de la llegada al poder del presidente Duque, no se han materializado, de manera integral, estos mecanismos. Por el contrario, existe mayor confusión sobre la presencia del Estado en los territorios ante la creación de nuevas políticas como las “Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)”. Estas podrían contradecir lo previsto para las zonas PDET, debido a que no hay claridad sobre su alcance, pues ni la ley 1941 de 2018 ni el Decreto 2278 del 16 de diciembre de 2019, que las reglamenta, identifican en específico los territorios, la forma de intervención, ni los mecanismos de coordinación y concertación con las comunidades. Aún estamos a la espera del conocimiento de la Hoja de Ruta prometida por el gobierno desde la expedición de la prórroga a la Ley de orden público.

Por ejemplo, Bojayá es uno de los 170 municipios priorizados para la implementación de los PDET que hace parte del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del departamento de Chocó y fue el primero en adoptar el PDET como acuerdo municipal y como parte del plan de desarrollo. Así, la esperanza de paz de la comunidad creció ante las propuestas concertadas como: la construcción de caminos veredales, vivienda, agua potable, salud rural, adecuación de tierras, educación, fortalecimiento del derecho propio de los pueblos indígenas y afro, producción agropecuaria, casas culturales, circuitos de memoria, formación deportiva, fortalecimiento de los derechos de las mujeres, entre otros.

Sin embargo, estas expectativas ahora se encuentran en la desesperanza, y ante la incertidumbre provocada por el marco regulatorio de las ZEII, la protección prevista para Bojayá parece estar en el limbo y su situación podría verse reflejada en otros municipios del territorio nacional. La insistencia en la implementación de los PDET no es un capricho, su construcción ha sido un proceso participativo amplio y diverso. Sostener que las ZEII cumplen el mismo objetivo es problemático, dado que su planteamiento depende de instituciones nacionales. Por ejemplo, los Comités Territoriales de las ZEll están conformados por representantes de las consejerías, de los departamentos administrativos, la ART y la fuerza pública, olvidando la participación de las comunidades.

Esperaríamos una reconsideración del gobierno sobre las políticas a implementar en estos municipios, que permita el cumplimiento al Acuerdo Final para recuperar la esperanza de la paz y cerrar el ciclo. De esta forma, la cultura y la riqueza del territorio serían nuestros nuevos profesores de geografía.