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La negativa del magistrado Pretelt a renunciar por las graves acusaciones en su contra plantea una pregunta, que es abstracta pero relevante no sólo en este caso sino en otros semejantes: ¿existe o no un deber de que un servidor público renuncie en esas circunstancias?  

La negativa del magistrado Pretelt a renunciar por las graves acusaciones en su contra plantea una pregunta, que es abstracta pero relevante no sólo en este caso sino en otros semejantes: ¿existe o no un deber de que un servidor público renuncie en esas circunstancias?  

Sus colegas de la Corte Constitucional, los presidentes de las otras cortes y los ministros de Justicia y del Interior opinan que sí y por eso públicamente le han pedido a Pretelt que renuncie para no afectar aún más la ya maltrecha credibilidad de la justicia. El procurador Ordóñez se sitúa en la otra orilla y ha afirmado que la petición de renuncia es un despropósito y una violación a la presunción de inocencia, pues este magistrado no ha sido declarado culpable de los delitos por los cuales ha sido denunciado.

Como regla general, la posición del procurador es razonable. Un servidor público no deja de tener derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, por lo cual resulta exagerado pedirle que renuncie frente a cualquier denuncia penal en su contra. Además, ciertas funciones públicas, como la magistratura, afectan muchos intereses, por lo cual es usual que estos servidores públicos reciban numerosas denuncias, muchas infundadas. Exigir que un magistrado deba renunciar frente a cualquier denuncia haría entonces imposible el ejercicio de la función judicial.

Sin embargo, la posición del procurador desconoce que superado un cierto umbral de escándalo surge una especie de deber de renuncia, que es más ético y político que estrictamente jurídico, pero que no deja de existir.

Una persona que acepta ejercer un alto cargo en el Estado, como ser ministro, congresista, general o magistrado, asume las cargas del cargo. La persona no sólo debe cumplir con los deberes expresos del cargo sino que asume una obligación moral general, que es proteger hasta donde sea razonablemente posible el buen funcionamiento y la integridad y legitimidad de la institución a la cual pertenece.

En ciertos casos, las acusaciones contra un servidor público pueden adquirir tal envergadura y generar tal escándalo público que hacen imposible que ese funcionario ejerza apropiadamente sus funciones, ya sea porque está todo el tiempo dedicado a defenderse, o porque sus actuaciones quedan afectadas por sospechas permanentes. O puede ser que la permanencia del funcionario cuestionado afecte gravemente el buen funcionamiento y la integridad global de la institución. En esas situaciones, el funcionario debe renunciar a su cargo para proteger la integridad de la función pública, incluso si es inocente, pues esa renuncia al cargo no es una renuncia a su presunción de inocencia en materia penal o disciplinaria. Es más, la renuncia al cargo le permitirá ejercer mejor su derecho de defensa pues lo hará sin que ésta interfiera con la función pública.

En el caso de Pretelt ese umbral de escándalo fue superado hace rato y por ello, independientemente de si es culpable o no, este magistrado, si en algo le interesa la justicia, debería renunciar.

 

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