El derecho a defender derechos en una democracia

Este mes se cumple un año de la sentencia proferida por la Corte Constitucional que reconoció y desarrolló el “derecho a defender derechos”. A propósito de este primer año, vale la pena rescatar el rol tan relevante de los líderes sociales en una democracia.

Esta sentencia es reconocida por abordar los mecanismos institucionales para la defensa de sus derechos. Representa una oportunidad para que el creciente número de homicidios y masacres vuelva al centro de la agenda nacional. Así como para que se reconozca el derecho a defender derechos como un componente esencial para consolidar una democracia basada en el respeto y la garantía de los derechos fundamentales.

Sin embargo, en la práctica esta protección se vulnera a través de homicidios, amenazas e intimidaciones. En 2023, año en el que se profiere la sentencia, fueron asesinados 188 líderes sociales en el territorio nacional. Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca fueron los departamentos donde se concentró la mayor cantidad de homicidios. La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que la mayoría de estas personas ejercían algún tipo de liderazgo en Juntas de Acción Comunal, comunidades indígenas o hacían parte de algún movimiento político. De acuerdo con Indepaz, en lo que va de 2024 -con fecha de corte al 29 de noviembre-, han sido asesinados 162 líderes sociales y han tenido lugar 69 masacres con 243 víctimas.

Mientras estas cifras se mantengan los principios democráticos por los cuales propende la sentencia se seguirán viendo debilitados . Por eso, su efectiva aplicación debería ser inminente para un Estado que los promueve. En primer lugar, porque los líderes sociales son fundamentales para el fortalecimiento de la participación ciudadana. En contextos de profunda desigualdad, corrupción y exclusión, actúan como intermediarios entre las comunidades y el Estado, articulando necesidades y demandas que, de otra manera, seguramente resultarían ignoradas. Silenciar sus voces a través de homicidios, amenazas e intimidaciones anula la posibilidad de que comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas tengan representación en procesos de toma de decisión. Por lo cual, su rol es esencial para la construcción de una democracia inclusiva, en la que diversidad de voces puedan incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus vidas. Así como garantizar que el poder no se concentre únicamente en las élites políticas y económicas.

La pluralidad de voces es otra dimensión democrática en la que los líderes sociales desempeñan un papel irremplazable. En una democracia sólida, la diversidad de enfoques debe ser respetada y fomentada, ya que enriquece el debate público y promueve iniciativas más representativas y sostenibles. Los líderes sociales, al representar las aspiraciones e intereses de comunidades históricamente vulneradas, contribuyen a irrumpir el monopolio discursivo de los sectores más privilegiados. Su presencia garantiza que las narrativas de las mujeres, las periferias, las comunidades rurales, los jóvenes y otros grupos subrepresentados sean escuchados en escenarios de poder, evitando que la democracia se reduzca a una mera herramienta formal, carente de contenido social.

En contextos de inseguridad territorial también se coarta la libertad de expresión ya que las denuncias de los líderes sociales, fundamentales para la democracia, redundan en impunidad y falta de identificación de responsables. Esto aumenta la desconfianza en la justicia, erosionando un pilar esencial para garantizar su igualdad y protección efectiva. Proteger su libertad de expresión implica garantizar un espacio público donde el diálogo crítico sea posible y donde las ideas transformadoras no sean silenciadas por intereses de poder. En ese sentido, los procesos de los líderes sociales no solo protegen sus propios derechos, sino que fortalecen la capacidad de toda una comunidad para expresar sus ideas y participar, desde un rol activo, en la construcción de una sociedad más equitativa.

El derecho a defender derechos en los territorios

La democracia no solo se afecta por la vulneración al derecho a la vida. También por el silenciamiento de voces a través de múltiples manifestaciones de violencia que se hacen aún más evidentes en los territorios rurales más apartados. Para Pedro Carballo, la libertad de expresión en la vereda La Suprema del municipio de María la Baja es una utopía. A sus 24 años, es el representante legal de la Corporación Equipo de comunicación rural de Montes de María, una organización que visibiliza la enorme capacidad narrativa del territorio. La movilización campesina, la conservación de aguas y bosques y las nuevas masculinidades son algunos de sus temas. Sin embargo, ante la recurrente presencia de actores armados ilegales, Pedro asegura que se han visto en la necesidad de “moldear” sus trabajos investigativos para evitar ponerse en riesgo.

Moldear su trabajo implica abstenerse de abordar cualquier aspecto que dé cuenta de la situación de inseguridad en su comunidad. Hacerlo de manera explícita es arriesgar el funcionamiento del medio, sus actividades y la vida de sus integrantes., teme ser víctima de cualquier tipo de intimidación como las que han enfrentado algunos de sus compañeros de equipo. El hecho de que dos sujetos lleguen a la terraza de su casa con la supuesta intención de saludarlo, diciéndole “oiga muchacho ¿cómo está?, ¿cómo está trabajando por ahí?”, es de por sí intimidante. Para él es una forma de decirle que están pendientes de su trabajo y de lo que dicen. Es una clara advertencia sobre los límites que no deben transgredir en su ejercicio periodístico.

Su trabajo es resistencia, no solo por el contexto de intimidaciones e inseguridad, sino también porque es la única alternativa para contarse a sí mismos. Si bien en algunos momentos han hecho denuncias públicas en otros medios de comunicación, les queda una sensación de decepción pues estos suelen tergiversar sus reclamos. Por eso ellos mismos prefieren acompañar con cámaras y micrófonos las marchas y denuncias de sus comunidades. Es una cuestión identitaria en la que, desde su propia agenda, se garantiza la calidad y veracidad de la información.

La Suprema es el lugar donde, a pesar de la presencia de actores armados ilegales, se narran historias de organizaciones sociales que confían en el Equipo de comunicación rural para hacerlas visibles. Su causa es la defensa de los territorios rurales como tierra intercultural, agroalimentaria y biodiversa. Por eso su voz es la voz del territorio, es su manera de contribuir al debate público y a la deliberación.

La situación descrita refleja una de las preocupaciones centrales abordadas en la Sentencia: la necesidad de garantizar el derecho a defender derechos en contextos marcados por la violencia y la exclusión. Este no es un caso aislado, sino un ejemplo de cómo los riesgos para quienes ejercen su voz en territorios afectados por el conflicto impactan directamente la justicia social y el desarrollo colectivo.

El Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte exhorta al Estado a mejorar la protección de los líderes mediante políticas más eficaces y bien orientadas. Vale la pena enfocarse en que su implementación sea más preventiva y no sólo reactiva. Esto implica el desarrollo de un análisis de riesgos diferenciado, así como el fortalecimiento de esquemas de protección ajustados a las necesidades específicas de los territorios y comunidades.

De lo contrario, mientras esta situación persista, seguiremos alejados de la consolidación del sistema político plural y participativo al cual se refiere la Sentencia. En un país donde la defensa de los derechos humanos sigue costando vidas, no proteger a quienes luchan por la justicia social y la equidad no solo es una omisión, es una afrenta al espíritu mismo de la democracia.