El Estado y La Guajira

En noviembre pasado el Ideam declaró oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia. Este fenómeno de variabilidad climática consiste en que la temporada de sequía se hace más intensa y prolongada, lo que genera desabastecimiento de agua, incremento de incendios forestales o alteración a ecosistemas estratégicos, entre otros. Sin embargo, sus impactos son diferenciados en la población colombiana. En el caso del departamento de La Guajira, que es un lugar que presenta carencias en acceso a la salud, al agua, o la alimentación y que en zonas como Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, aproximadamente el 83 % de los hogares experimentan inseguridad alimentaria, el fenómeno de El Niño afectará la poca disponibilidad de alimentos y agua.

Por ejemplo, el Ideam proyectó que entre octubre y diciembre de 2023 habrá una disminución de lluvias entre el 30 y el 60 % y, para el primer trimestre del 2024, habrá una disminución en las condiciones regulares de las precipitaciones. Esto traerá una reducción de disponibilidad de agua, la agudización del hambre y la sed y, por tanto, afectaciones masivas a los derechos fundamentales. Esta situación afecta, con mayor gravedad, al pueblo wayú a quienes, además de que sus derechos fundamentales se ven afectados por la corrupción, el racismo y la pobreza, entre otros, los efectos de la crisis climática incrementan la inseguridad alimentaria y acceso al agua que padecen.

Por estas razones, el pasado 2 de julio el Gobierno nacional declaró el estado de excepción en La Guajira para adoptar medidas con la finalidad de mitigar los efectos de la crisis climática en los derechos de la población. A pesar de que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del decreto, debido a que el Gobierno no justificó con suficiencia la ineficacia de las medidas ordinarias para mitigar la crisis climática, en su decisión reconoció nuevamente la gravedad de la situación y la necesidad de enfrentarla por medio de medidas ordinarias para mitigar, de manera integral, la crisis humanitaria que padece el departamento, tal como lo explicó Dejusticia en su comunicado.

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Aunque es incorrecto sostener que la Corte Constitucional impidió la adopción de medidas para mitigar la crisis climática en La Guajira en el marco del estado de excepción, también lo es argumentar que solo es posible adoptar medidas por medio de esta figura excepcional, así, los problemas del departamento son estructurales y, por tanto, no se pueden resolver con medidas transitorias. En este sentido, la adopción de medidas como la creación de la Universidad Indígena Wayú, la transición a energías limpias, las medidas relacionadas con la seguridad alimentaria o el fortalecimiento financiero de las instituciones del Estado con competencias en materia de cambio climático, entre otras, deben realizarse por medio de mecanismos ordinarios (leyes o decretos-ley y actos administrativos que los reglamenten). Esto permitiría, a su vez, la coordinación que debe existir entre el Congreso de la República, el Gobierno y las autoridades territoriales del departamento, que es una de las causas que ha impedido adoptar medidas eficaces para mitigar los efectos de la crisis humanitaria. Además, fortalece la participación de la población que habita la región, particularmente a los pueblos étnicos, en los procesos de adopción de las medidas necesarias para mitigar los efectos de la crisis climática.

La tarea para superar la crisis humanitaria es enorme y debe ser realizada de manera célere por el Congreso de la República y el Gobierno nacional. Ya sabemos que la actitud omisiva y descoordinada que ha tenido el órgano legislativo, según lo ha dicho la Corte Constitucional, incrementa la crisis humanitaria en La Guajira. Es aquí donde el Congreso tiene que demostrar altura y capacidad de coordinación en adoptar medidas de largo alcance para mitigar los impactos de la crisis humanitaria. Por su parte, el Gobierno debe demostrar que su compromiso con la protección de los derechos de los habitantes de La Guajira no se limita al uso del estado de excepción. Debe aclarar que la declaratoria del estado de emergencia fue apenas el comienzo de la puesta en marcha de todas las medidas necesarias que debe adoptar para que La Guajira deje de ser la manifestación de un Estado fallido y cumplir con todos los compromisos que ha adquirido ante la misma comunidad de esa región.

En últimas, se necesita que el Congreso de la República y el Gobierno se tomen en serio la Constitución Política y los derechos de los habitantes de La Guajira; que realicen acciones coordinadas para crear mecanismos de mitigación y adaptación de la población ante la inminente crisis climática que se avecina. Por tanto, que entiendan que la solución de este problema no se debe adoptar de manera transitoria y por mecanismos excepcionales, sino que deben ser medidas a largo plazo creadas por los mecanismos ordinarios.

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