El impuesto a las bebidas azucaradas, una medida inaplazable para la salud de Colombia

En los próximos días se discutirá el Presupuesto General de la Nación. En este marco, algunos congresistas han intentado incluir en el presupuesto del 2024 un aplazamiento de la puesta en marcha del impuesto a las bebidas azucaradas. Esa propuesta es posiblemente inconstitucional por al menos dos razones: (i) violaría la regla de unidad de materia, pues el presupuesto debe limitarse a evaluar los ingresos y autorizar los gastos del año siguiente, sin entrar a modificar las reglas tributarias; (ii) y los congresistas a través de la Ley Anual del Presupuesto sólo podrán expedir normas que tienen vigencia temporal -1 año-. Así, el retraso en la aplicación afectaría no solo el 2024 sino también el 2025, por lo que violaría esta restricción de temporalidad.

El intentar dilatar la aplicabilidad del impuesto a través de “jugadas legislativas” es grave, pero lo más preocupante es que, de aprobarse esta propuesta de aplazamiento del impuesto a las bebidas azucaradas, se verían efectos muy negativos en la salud, en las finanzas del Estado y en las personas, especialmente aquellas de menores ingresos.

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Pero, ¿en qué consiste el impuesto a las bebidas azucaradas? Es una medida tributaria que aumenta progresivamente el precio de aquellos productos, en este caso las bebidas azucaradas, cuyo consumo reiterado tienen un impacto negativo en la salud. Esto produce dos efectos: (i) moviliza a las personas a consumir otros productos sin impuesto, como agua, preparaciones caseras, etc, potenciando otros sectores de la economía; (ii) y disminuye el consumo de productos (gaseosas, jugos de caja, bebidas industrializadas) que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y el cáncer.  En Colombia, algunas estimaciones afirman que el impuesto a las bebidas azucaradass produciría una reducción del 16% en el consumo.

Adicionalmente, según UNICEF estos impuestos pueden reducir significativamente la incidencia de la diabetes tipo 2, las afecciones cardiacas, los accidentes cerebrovasculares y la mortalidad prematura. Esto tendría un impacto en la reducción del gasto significativo que debe realizar el Estado en el tratamiento de estos padecimientos. Algunas proyecciones colombianas hablan de un ahorro de 700 mil millones de pesos al año.

¿Por qué esto es importante para el país? De acuerdo con los datos de la Cuenta de Alto Costo, en Colombia, para el periodo entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, se reportaron 176.766 casos nuevos de diabetes, 4.73% más que en 2020, lo que implica un aumento en el gasto en servicios de tratamiento y atención.  Además, este incremento se observó más en el régimen subsidiado que en el contributivo, por lo que pareciera que cada vez más son las personas de menores ingresos las que están más expuestas a estas enfermedades. Tal y como lo refleja el siguiente gráfico, esta cifra ha ido en aumento en los últimos años.

Incidencia y nuevos casos de Diabetes (2015-2021)

Fuente: Análisis de la Situación de Salud en Colombia (2022)

Paralelamente, esta medida también tiene como objetivo la garantía del derecho a la salud, e incluso a la vida de las personas, pues de acuerdo con la OMS y la OPS, en las Américas, las enfermedades no transmisibles (ENT) causan el 80% de las defunciones, es decir, 5,5 millones de muertes al año, y son las principales causas de muerte y discapacidad junto a las afecciones de salud mental, la violencia y las lesiones. Las enfermedades cardiovasculares causan, de acuerdo con estimaciones de 2019, el 28.1% de las muertes; el cáncer el 19,6%; las enfermedades respiratorias crónicas el 7,2%; la diabetes el 5,0%; y otras ENT el 20,8%. En Colombia, para 2021, las enfermedades del sistema circulatorio (afectación que se ve impactada por el consumo de bebidas azucaradas) causaron el 26,01% de las defunciones y el 20,5% de todos los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP). 

Finalmente, el presupuesto debe planear los gastos e ingresos del país, así como ser un espacio de uso eficiente de los recursos, por lo que es vital que los plazos para la entrada en vigencia del impuesto no sean dilatados. La no aplicación del impuesto este año tendría unos efectos en salud pública que serían muy costosos para el país, pues se van a requerir más recursos para atender el aumento innegable de padecimientos como la diabetes, la hipertensión y el cáncer.

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