El impuesto a las bebidas endulzadas, una dulce deuda con Colombia

Algunos candidatos presidenciales ya han dado su opinión, a favor o en contra, sobre el impuesto a bebidas endulzadas. En esta columna presentaremos los argumentos por los que esta medida debe ser considerada por los tomadores de decisiones como una política en favor de la salud pública.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para 2021, reflejó unos resultados bastante preocupantes, pues la entidad señaló que el 61,8 % de los colombianos aceptó que consume estas bebidas. De esa población, el 31,5 % toman dos o tres veces a la semana bebidas endulzadas; mientras que el 26,7 % lo hace por lo menos una vez a la semana.

La Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial de la Salud señalan que entre los factores que promueven en mayor medida el aumento de peso y la obesidad está la ingesta habitual de bebidas endulzadas. Así, en Colombia de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (Ensin), uno de cada dos adultos entre 18 y 64 años en el país sufre de sobrepeso u obesidad. En cuanto a la población infantil, según Unicef, 3 de cada 10 niños y niñas entre 6 y 12 años padecen de sobrepeso.

Teniendo en cuenta los efectos perjudiciales que tienen las bebidas endulzadas sobre la salud, en diversas ocasiones se ha intentado promover un impuesto para desincentivar su consumo. En el 2018, se consiguió que las bebidas endulzadas respondieran ante un impuesto en las etapas de producción y comercialización (un IVA plurifásico). No obstante, dicha medida no estuvo orientada a desincentivar el consumo y respondió más que todo a fines recaudatorios. El IVA plurifásico llevó a que el impuesto se cobrara en todos los eslabones de la cadena de producción y ventas de las bebidas endulzadas, de modo que distintos proveedores, mayoristas y distribuidores ahora tuvieron que pagar el IVA. Si bien con el impuesto se lograron recaudar 910.000 millones de pesos y se cumplió con el monto requerido en la Ley de Financiamiento, esta medida tributaria no llegó a afectar de gran forma el precio final de las bebidas endulzadas, pues las empresas y productores fueron quienes asumieron los mayores costos. Como no se contaba con un impuesto al consumo específico -uno que aumentara el precio de venta final de estas bebidas-, esta inclusión en el IVA no desincentivó el consumo de estos productos.

En el año 2020 se propuso un gravamen del 20 % a las bebidas endulzadas, lo cual permitiría un recaudo de 2,5 billones de pesos que se pensaba podían ser destinados a financiar el déficit del sector salud. A pesar de ello, la propuesta no logró la aprobación en el Congreso. Ya para 2021 se propuso la aplicación de una tarifa de forma gradual por tres años a las bebidas endulzadas, donde en el 2022 se pagaría un valor de 15 %, en el 2023 un 20 % y para el 2024 un 25 %. Sin embargo, la mayoría de integrantes de la Comisión III de la Cámara de Representantes votó en contra de dicha propuesta.

Ahora bien, además de tener impactos en la reducción del consumo, ¿cuáles serían los beneficios de aplicar el impuesto en la población colombiana? Tal como lo señaló una investigación de Dejusticia en el año 2021, podría tener impactos directos e indirectos sobre el país en términos de salud pública, por ejemplo la reducción de gastos del sistema de salud y aumento del recaudo fiscal.

Para el 2016 el Ministerio de Salud calculó que el gasto anual en el tratamiento de diabetes atribuible al consumo de bebidas endulzadas fue de aproximadamente 740.000 millones de pesos del total de 25 billones de pesos destinados al tratamiento de enfermedades prevenibles. De haberse implementado el impuesto de 300 pesos por litro sobre las bebidas endulzadas que fue propuesto ese año, en un plazo de 4 años se habría logrado un ahorro de 220.000 millones de pesos por parte del Gobierno. De ser así, este ahorro podría ser destinado a otras inversiones como la mejora en la salud pública y el fortalecimiento de la agricultura campesina, cuyos productos se pueden constituir como sustitutos saludables de las bebidas endulzadas.

Respecto a lo segundo, la redistribución del recaudo se puede dirigir puntualmente al aumento de la capacidad productiva, las posibilidades de comercialización y el fortalecimiento comunitario de las economías campesinas. Adicionalmente, otra propuesta del documento de Dejusticia guarda relación con la posibilidad de dirigir estos recursos para la garantía de bebederos públicos y mejorar la infraestructura para garantizar un mayor acceso al agua potable en comunidades indígenas. Esto favorecería especialmente a regiones como La Guajira, donde apenas un 20 % de la ruralidad tiene acceso a agua potable. Así, aunque este impuesto no tiene como fin último aumentar los recursos del Estado, esto podría ser beneficioso en el corto y mediano plazo para poblaciones especialmente vulnerables que requieren una inversión en salud.

Según estimaciones, una sobretasa (tasa que recae sobre algún bien o servicio que ya cuenta con un tributo) del 20 % al consumo de bebidas endulzadas generaría al menos un billón de pesos anuales en ingresos fiscales. Más aún, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional y la RedPapaz calcularon que un posible recaudo del impuesto a las bebidas endulzadas alcanzaría valores entre 1,5 y 2 billones de pesos anuales. A pesar de los ingresos fiscales que se podrían obtener con el impuesto, según distintos expertos este impuesto tiene un carácter regresivo dado el impacto que se podría generar sobre el empleo. Sin embargo, siempre y cuando se le dé un uso adecuado al recaudo para el beneficio social de la población en los distintos puntos expuestos anteriormente, el impuesto podría tener un efecto progresivo en el mediano plazo al mejorar las condiciones de las comunidades.

Adicionalmente, cabe destacar que al no implementar este impuesto, se retrasaría una de las medidas para la reducción de la obesidad y demás enfermedades no transmisibles. Esto resulta clave teniendo en cuenta que dichas enfermedades pueden significar pérdidas del Producto Interno Bruto hasta del 3,3 % dado el ausentismo en el trabajo.

En definitiva, el impuesto a las bebidas endulzadas no solo genera ingresos fiscales, sino que también permite mejorar la salud de las personas al disminuir su consumo, reduce los costos de salud a largo plazo y permite contar con un recaudo extra que se podría utilizar para financiar programas públicos e invertir en sectores económicos que lo requieren. Los presidenciables tienen ante sí un déficit fiscal proyectado de 6,2%, que debe ser financiado principalmente mediante el recaudo, teniendo en cuenta los beneficios a corto y mediano plazo, el impuesto a las bebidas endulzadas es una gran opción para ordenar las finanzas públicas.