El país imaginario

En lugar de ver la realidad tal como es, la observamos a través de nuestras construcciones mentales. En esta translocación de objetos terminamos por no saber, como don Quijote, si imaginamos a partir de lo que vemos o vemos a partir de lo que imaginamos.

La más importante de esas construcciones mentales es el derecho, que es una especie de versión en papel del país que queremos ser. Desde allí las cosas se ven mucho mejor: las personas tienen derechos, las autoridades públicas están para atender los reclamos ciudadanos, los criminales obtienen los castigos que merecen y el Ejército Nacional vigila cada centímetro del territorio nacional. Así, en sus normas, el país imaginado nos ayuda a soportar las penurias de nuestro mundo social.

Alguien me dirá que es natural que las cosas sean así pues justamente la vocación normativa del derecho consiste en jalonar la realidad social hacia un futuro mejor, más justo y más ordenado. Me temo, sin embargo, que en Colombia los ideales del derecho también han servido, paradójicamente, para justificar el aplazamiento del futuro. En lugar de impulsar las acciones necesarias para conseguir la sociedad que queremos, lo que ha hecho el derecho (no siempre) es difundir la cómoda ilusión de que tenemos un futuro garantizado por decreto, con lo cual nadie hace nada y el presente se prolonga indefinidamente.

Esa ilusión paralizante y la distorsión entre país real e imaginado que ella entraña, empieza por lo más esencial, por nuestra cartografía. Aquí tenemos más mapa que país o, como dijo alguna vez Gustavo Bell, “Colombia tiene más geografía que Estado”. En la última década se han publicado varios estudios sobre capacidad institucional que intentan detectar los territorios en donde el Estado local es débil o inexistente. Los menos pesimistas hablan de 150 municipios sin Estado efectivo; casi todos ubicados en la periferia de país. Eso representa algo así como una tercera parte del territorio nacional, con una población de cinco millones de habitantes. Yo no he hecho el cálculo, pero mi impresión es que Colombia no controla más del 30 % de su frontera. Desde Paraguachón, en La Guajira, hasta Capurganá en el Urabá, pasando por Arauca, Puerto Carreño, Leticia, Tumaco y Juradó, lo que existe, más que una frontera, es un territorio híbrido (binacional) por el cual transcurren personas y bienes según las leyes informales de territorios sin Estado.

El déficit de Estado en Colombia ha sido la otra cara del superávit de la política. Desde la expulsión de los españoles, a principios del siglo XIX, hemos vivido empeñados en soslayar la tiranía y consolidar la democracia. De ahí nuestra obsesión por el debate ideológico (entre conservadores y liberales o entre derecha e izquierda) y por el reformismo jurídico. Pero debido a esta alucinación ideológica hemos descuidado la tarea esencial de construcción de Estado local en la periferia del país. Parafraseando a Samuel Huntington, por atender los problemas de forma de gobierno hemos desatendido los problemas de grado de gobierno. O quizá se nos juntaron ambos males: malos gobiernos con poca capacidad para gobernar.

La actual crisis de la frontera con Venezuela y la posibilidad de que, en el posconflicto, las Farc empiecen a gobernar una buena parte de la periferia del país, han hecho que las élites políticas empiecen, con dos siglos de atraso, a pensar en la necesidad de sintonizar el país imaginado por el derecho con el país real de la geografía. Ya era hora