El PNIS está bajo la lupa de la justicia

Durante el 2022 llegaron 15 casos al Consejo de Estado relacionados con el PNIS. La mayoría se refiere a fallas sistemáticas del programa. Unos hablan de incumplimientos; otros, de demoras en la entrega del dinero y la asistencia técnica a la que se comprometió la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), y algunos hablan de la persistencia de los operativos de erradicación. Esto, a pesar de la manifiesta voluntad de familias y comunidades de salir de su dependencia económica de la coca. De todos estos casos, que provienen de Cumaribo, Sur de Bolívar, Tumaco, Catatumbo y Guaviare, al menos dos casos masivos ya fueron seleccionados por la Corte Constitucional para su revisión, y es muy probable que lleguen otros dos. 

A pesar de los esfuerzos de las organizaciones campesinas y el Gobierno nacional, el PNIS no anda bien. Luego de 6 años de implementación, el programa vive una crisis constante que ya no sabemos cómo calificar. Retrasos en la entrega del dinero, incumplimientos, mal manejo de las expectativas, suspensiones y exclusiones de familias campesinas, falta de asignación de recursos y múltiples transiciones institucionales de la DSCI. Todos problemas que han afectado la credibilidad del programa y roto la confianza de las comunidades campesinas en el Estado. 

El contexto en el que se desarrolla el PNIS tampoco ha sido un camino de rosas. Santos creó el programa y la DSCI echó a andar los acuerdos colectivos y la vinculación de las familias. Duque (y Archila) intentaron poner orden al PNIS. Sin embargo, el esfuerzo de ese gobierno por reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato, debilitó políticamente el programa. La Corte Constitucional no lo permitió y de hecho defendió la idea de que la sustitución va primero y de última instancia vienen las erradicaciones. Y ahora Petro ha prometido acabar con los operativos de erradicación forzada que afecten a pequeños cultivadores de coca, mientras que las regiones productoras están pasando por una crisis económica debido a la sobreproducción y a que no hay a quien vender la hoja o la pasta base. 

El 6% de las familias no han recibido los pagos bimensuales completos, que debían haberse finalizado en 2019, mientras que aún el 9% de las familias no han recibido los proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, que debían haberse entregado en 2020. Quizá el retraso más importante es que a septiembre de 2022, sólo el 2% de los núcleos familiares que estaban activos en el programa había recibido el proyecto productivo de ciclo largo. 

Así llegamos a las tutelas y al cambio de Gobierno. El primer caso es de 942 familias de 34 veredas de Miraflores (Guaviare) que, acompañadas por el Cajar, presentaron una tutela debido al incumplimiento  por parte de la DSCI al acuerdo regional de sustitución firmado el 8 de julio de 2017. El incumplimiento se basa en que a muchas familias, cuatro años después de haber erradicado, no se les ha pagado el monto completo del plan de atención inmediata (PAI). A las personas que se les entregó dinero del PAI y que no fueron excluidas no les han entregado el proyecto de seguridad alimentaria. Tampoco se ha pagado el dinero de los proyectos productivos. En 2021 se comenzó a exigir nuevas condiciones a los núcleos familiares (no sólo en Miraflores, también en el sur de Bolívar) para acceder a los proyectos a corto y largo plazo, a partir de la imposición de la firma de contratos de derechos de uso sobre el suelo. Esta tutela pasó por el Consejo de Estado y el 31 de enero de este año fue seleccionada por la Corte Constitucional. 

Al Consejo de Estado llegó otro caso por solicitud del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, debido al incumplimiento del acuerdo colectivo de sustitución del 12 de septiembre de 2017 que firmó el PNIS con 4.810 familias que viven en el Consejo Comunitario, cifra que luego creció a 4.919. De estas familias sólo el 77% siguen activas. El programa ha retirado, con procedimientos que no cumplen los estándares del debido proceso, a más de mil familias. La improvisación en las jornadas de negociación y en la verificación que se ha hecho de las condiciones de las familias han terminado por marginar aún más a familias que se quedaron sin el sustento pues apostaron por sustitución y levantaron las plantas de coca. Esta tutela fue seleccionada el pasado 28 de febrero por la Corte Constitucional. 

Los otros dos casos que podrían llegar tienen características similares, un acuerdo colectivo de sustitución firmado, inclusión al programa pero no entrega de los recursos a los que se obligó el Gobierno y muchas suspensiones y expulsiones. Muchas familias fueron excluidas en el proceso de verificación de los requisitos, sin que tuvieran la oportunidad de explicar sus condiciones particulares, y sin que la DSCI adoptara medidas acordes con la condición de sujetos de especial protección constitucional de todas estas poblaciones. Uno de estos casos fue promovido por una asociación de campesinos del municipio de Tumaco, que promovió la inscripción de más de cuatro mil familias en el PNIS, y a las que luego de 5 años no les han cumplido a cabalidad. De hecho hay 282 no han recibido ningún pago del PAI. El último caso es promovido por un consejo comunitario de Tumaco e involucra la firma de un acuerdo colectivo de sustitución con más de 1.600 familias. 

Si en el 2017, en pleno arranque del PNIS, se decía que la ventana de oportunidad para lograr los triunfos de la paz era muy corta, hoy vivimos otra vez una situación similar. La suma de la crisis del PNIS con la crisis del mercado de coca/cocaína tiene que propiciar respuestas rápidas. Para eso, al menos dos cosas tienen que ocurrir pronto: cese real de las erradicaciones forzadas, y claridad sobre la estrategia del PNIS en el nuevo gobierno. La ventana de oportunidad es corta y urgente, y si bien las instancias judiciales han protegido los derechos del campesinado, en este gobierno, debería ser la política pública la que empiece a responder para la paz.