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“Aunque los integrantes de la Junta del Banco de la República son nombrados por los presidentes, no son 'delegados' suyos”: Rodrigo Uprimny. | Foto: Banco de la República

Los bancos centrales independientes han mostrado ser esenciales para que nuestros derechos y el poder adquisitivo de la moneda no queden al capricho de los gobiernos de turno.

Los bancos centrales independientes han mostrado ser esenciales para que nuestros derechos y el poder adquisitivo de la moneda no queden al capricho de los gobiernos de turno.

Los columnistas tenemos nuestras obsesiones: esos temas sobre los cuales volvemos en forma recurrente, cuando lo consideramos pertinente. En esta coyuntura vuelvo sobre uno que me es caro porque se relaciona con mi visión y defensa de la democracia constitucional: el llamado “deber de ingratitud” que deben tener los funcionarios independientes (como magistrados o jefes de organismos de control) frente a quienes los nombraron.

Esta expresión, que introduje en Colombia en una columna hace unos 15 años, fue formulada por Robert Badinter cuando en 1986 fue elegido por el presidente Mitterrand en el Consejo Constitucional francés, un equivalente en Francia a nuestra Corte Constitucional. Badinter era muy cercano a Mitterand y usó esa paradójica expresión para indicarle al presidente que, a pesar de que estaba agradecido por su nombramiento, no iba a actuar como un agente suyo en el Consejo Constitucional sino como un magistrado independiente. Y, efectivamente, durante su período de nueve años, Badinter ejerció ese deber de ingratitud.

Recuerdo esa expresión por dos razones: la primera es por el ataque del presidente Petro a la Junta del Banco de la República por no haber reducido la tasa de interés, lo cual afectaría, según su parecer, el dinamismo de la economía.

Obviamente Petro puede criticar esa decisión, que es además debatible, como lo muestra el hecho de que, al parecer, fue muy dividida en la propia Junta. Igualmente, el presidente tiene razón en señalar que, conforme a la Constitución y a varias sentencias de la Corte, en particular la C-481 de 1999, el Banco es independiente pero no es una rueda suelta, por lo cual debe coordinar la lucha contra la inflación, que es su principal tarea, con los objetivos de la política económica general del Gobierno. En todo eso Petro tiene razón. Pero no puede de ahí saltar a tildar a toda la Junta de uribista (claramente no lo es), y en particular no debería quejarse de que la integrante que él nombró, Olga Lucía Acosta (a la que calificó impropiamente como la “delegada que yo puse”), hubiera votado por mantener las tasas de interés.

Petro debe aceptar que la Constitución estableció a la Junta como una autoridad independiente a fin de evitar que los gobiernos puedan manipular la política monetaria y crediticia con propósitos electorales. Por eso, aunque los integrantes de la Junta son nombrados por los presidentes, no son “delegados” suyos sino integrantes autónomos de la Junta o codirectores del Banco, y deben entonces actuar en forma independiente, como lo hizo Olga Lucía Acosta, a quien conozco y respeto profundamente. Ella simplemente ejerció su deber de ingratitud.

La segunda razón es que el presidente debe conformar, en las próximas semanas, una terna para el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. Como propuse en una columna reciente, esa terna, al igual que la que está elaborando la Corte Suprema, debería estar integrada exclusivamente por mujeres para preservar la equidad de género dentro del tribunal constitucional. Pero igualmente importante es que tanto Petro como la Corte Suprema conformen esas ternas con personas que tengan el talante para ejercer el deber de ingratitud frente a sus nominadores (el Senado, la Corte Suprema y el propio presidente) y así preservar la independencia de la Corte Constitucional.

Los bancos centrales independientes o los tribunales constitucionales, que se agregan a la clásica separación de poderes, han mostrado ser esenciales para que nuestros derechos y el poder adquisitivo de la moneda no queden al capricho de los gobiernos de turno. Y como el nombramiento de sus integrantes tiene un cierto origen político y eso parece inevitable, es esencial que nos esforcemos como sociedad para que sean elegidas personas capaces de ejercer el deber de ingratitud.

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