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La protección del secreto profesional en los casos de aborto es una garantía fundamental para que las mujeres ejerzan su derecho a interrumpir un embarazo. Si los médicos continúan violando el secreto profesional y reportando casos de aborto, las mujeres continuarán estando sujetas a un dilema inhumano, teniendo que elegir entre la prisión o la muerte.

La protección del secreto profesional en los casos de aborto es una garantía fundamental para que las mujeres ejerzan su derecho a interrumpir un embarazo. Si los médicos continúan violando el secreto profesional y reportando casos de aborto, las mujeres continuarán estando sujetas a un dilema inhumano, teniendo que elegir entre la prisión o la muerte.

En 2013, una mujer de 28 años acudió a un hospital en Argentina por complicaciones de salud derivadas de un aborto incompleto. Al ver la gravedad de las afectaciones, el personal médico del hospital la atendió inmediatamente, pero a medida que reparaban en el cuadro clínico de la paciente y cuando se dieron cuenta de que, en efecto, estaban ante un caso de aborto, los médicos comenzaron a tratarla diferente; redujeron sus dosis de medicamentos para que la paciente sintiera dolor por lo que había hecho y, finalmente, una de las doctoras que la atendió interpuso una denuncia ante la policía. La mujer fue trasladada a la comisaría cuando sus heridas aún no habían sanado completamente.

El secreto profesional es la figura jurídica que obliga a los profesionales de la salud a guardar reserva de la información que se les otorga en el marco de confianza de la relación con los pacientes. La violación del secreto profesional por parte de los médicos y personal de salud para denunciar a las mujeres que abortan parece ser una práctica común en Latinoamérica. En 2016, en Ecuador, una mujer de 26 años, madre de dos niños y trabajadora doméstica, se practicó un legrado en malas condiciones, lo que le generó complicaciones de salud graves. Los médicos que la atendieron la denunciaron y la mujer fue encarcelada bajo la figura de prisión preventiva; sus hijos tuvieron que trasladarse a vivir con un familiar en otra provincia y ella terminó de recuperarse de sus afectaciones de salud mientras estaba en la cárcel.

Más atrás en el tiempo, en Colombia, en 1998, Alba Lucía Rodríguez, una mujer campesina de 19 años que había quedado embarazada producto de una violación, comenzó a experimentar fuertes contracciones. Asustada y lejos de un hospital, fue al baño de su casa, lugar donde nació su hija muerta. Frente a la abundante pérdida de sangre, Alba Lucía acudió a un hospital. El médico que la atendió la denunció ante las autoridades y ella fue condenada a 42 años y 5 meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

 

2013 protest in Madrid in favor of reproductive rights. Photo by: gaelx

 

Según las investigaciones realizadas por el Instituto Guttmacher, aunque en varios países latinoamericanos la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental en ciertas circunstancias, los abortos clandestinos e inseguros continúan siendo la primera opción para muchas mujeres que buscan interrumpir su embarazo. Para agosto de 2017, cerca de 760.000 mujeres habían sido atendidas en la región por complicaciones derivadas de abortos incompletos. De igual manera, hasta 2014, las afectaciones de salud por abortos realizados en malas condiciones eran la causa de al menos el 10% de las muertes maternas.

Las mujeres que sobreviven a abortos inseguros tienden a experimentar afectaciones de salud a largo plazo como dolor crónico, inflamaciones pélvicas e infertilidad. Y, en general, puede decirse que las mujeres rurales son quienes más se ven impactadas por todo este contexto, pues, en el campo, persisten múltiples barreras para el acceso a procedimientos de aborto en buenas condiciones y con todas las garantías para la salud.

Por su parte, de acuerdo con la más reciente investigación de Dejusticia sobre secreto profesional y aborto, en América Latina priman tres tipos de regulaciones frente a la denuncia por parte de los médicos a las mujeres que se practican un aborto: en primer lugar, países como Ecuador, El Salvador y Chile establecen el deber de los médicos de denunciar todos los casos de aborto que encuentren como parte del ejercicio de su profesión; en segundo lugar, la legislación en Brasil dictamina la denuncia de los médicos en ciertas circunstancias y, finalmente, países como Uruguay y Argentina protegen, en todos los casos, el secreto profesional sobre el deber de denuncia. En el caso de Colombia, la Corte Constitucional, en varias sentencias, ha dictaminado la protección del secreto profesional, pero no hay una línea jurisprudencial específica referida a casos de aborto.

Organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (DESC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), han establecido la protección del secreto profesional como garantía al acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos. El Código de Ética Médica también estipula la obligación de proteger la confidencialidad de la información proporcionada por el paciente a los profesionales de la salud. Estos mecanismos de protección permitieron, por ejemplo, que en el caso de Alba Lucía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolviera que la condena había sido desproporcionada, que las pruebas obtenidas por la vía de la violación al secreto profesional no debieron considerarse y que, en este caso, la denuncia del médico había profundizado situaciones de discriminación y violencia.

 

Photo by: Adolfo Lujan

 

Sin embargo, la persistencia de abortos clandestinos e inseguros, junto con legislaciones que no garantizan la protección del secreto profesional, configuran un panorama en el que las mujeres que abortan o que pretenden hacerlo quedan vulnerables a la encrucijada de poner en alto riesgo su vida y su salud acudiendo a procedimientos inseguros o arriesgarse a que el personal de salud las denuncie. Aunque no se conoce una cifra exacta de cuántas mujeres son denunciadas cuando acuden al hospital en búsqueda de ayuda por procedimientos incompletos de aborto, no es descabellado pensar que la denuncia de los médicos es una fuerte barrera para que las mujeres que abortan acudan al sistema de salud.

Ante el miedo a la denuncia del médico y a terminar involucradas en procesos penales o, incluso, ir a la cárcel, muchas mujeres prefieren acudir a la opción de la clandestinidad, la cual, muchas veces, compromete su vida y su salud en el largo plazo. Por ello, la protección del secreto profesional en casos de aborto es una garantía fundamental para que las mujeres puedan ejercer su derecho a interrumpir el embarazo –en aquellos países en los que el aborto está despenalizado en ciertas circunstancias- y los derechos a la vida y a la salud. Si los médicos continúan violando el secreto profesional para denunciar casos de aborto, tal y como lo advirtió la Cámara Nacional Argentina, las mujeres quedan sujetas al “inhumano dilema: o la muerte o la cárcel”.

 

*Este artículo está basado en las reflexiones de la más reciente publicación de Dejusticia titulada Cárcel o muerte. El secreto profesional como garantía fundamental en casos de aborto, escrito por Ana Jimena Bautista, Anna Joseph y Margarita Martínez. Disponible en línea: https://www.dejusticia.org/publication/carcel-o-muerte-el-secreto-profesional-como-garantia-fundamental-en-casos-de-aborto/.

Foto destacada:  daveynin

 

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