El triunfo raizal contra la Armada

Tras años de movilización social y jurídica, el Consejo de Estado le puso punto final al último intento de la Armada de construir una nueva estación de guardacostas en la isla de Providencia. En 2015 ya se había presentado un proyecto similar, que fue negado por el pueblo raizal mediante consulta previa, por lo que el proyecto se detuvo. Sin embargo, en el marco de la reconstrucción de las islas del Archipiélago tras el huracán Iota, la Armada incluyó el proyecto de su estación de guardacostas.

Durante febrero de 2021, en un predio alejado de la estación de guardacostas original, se erigió un muelle que supuestamente serviría como el lugar de recepción de ayudas humanitarias o material para la construcción, a pesar de que ya había un muelle destinado para ello. Esa construcción generó un nuevo conflicto con los pescadores artesanales pertenecientes a la asociación Fish and Farm, que tienen su lugar de trabajo justo en el predio colindante. Para los pescadores había por lo menos dos problemas, además de la falta de consulta al pueblo raizal del muelle y el guardacostas: primero, el muelle bloqueaba la ruta de salida de los barcos de los pescadores; y segundo, el predio de la Armada estaba en una zona de importancia ambiental especial por su cercanía al mayor arroyo de la isla, el Bowden.

Ante el inicio de la construcción, los pescadores decidieron hacer un campamento de protesta, llamado Dignity Camp, con el fin de demostrar su descontento y evidenciar las irregularidades de la construcción del guardacostas. A la estrategia del campamento se le sumó una acción popular presentada por la Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa Catalina para que el proyecto de construcción se detuviera definitivamente.

Vea nuestro documental ‘Providencia: la tormenta después del huracán’

La lucha jurídica ha dado sus frutos y a día de hoy no hay estación de guardacostas nueva en la isla gracias a dos decisiones judiciales. Por un lado, la Corte Constitucional dijo al Gobierno nacional que el proyecto de reconstrucción debía contar con consulta previa, por lo que los avances sobre el guardacostas se detuvieron hasta que se adelantara este procedimiento. La estocada final llegó en febrero de este año, cuando el Consejo de Estado le dio la razón a los pescadores y frenó el proyecto de guardacostas de la Armada en el predio donde se pretendía construir, ya que este lugar tiene una protección ambiental reforzada. O sea, sin consulta y sin predio, la Armada se quedó sin un proyecto que realizar.

Las decisiones judiciales que han protegido la voluntad raizal y su ecosistema deben ser celebradas y conocidas por todas las personas en el territorio colombiano. Es posible que a futuro la Armada intente nuevamente realizar un proyecto de esta envergadura, por lo que debemos persistir, al menos desde la sociedad civil, en hacer exigibles las órdenes de estos avances judiciales. Así, este triunfo raizal puede mantenerse, recordándole a autoridades como la Armada, que no vale hacer cualquier tipo de construcción si afectan el territorio, o si desconocen la voluntad y autonomía de las comunidades étnicas.