Elecciones regionales 2023 y violencia política territorial
Dejusticia julio 27, 2023
El proceso electoral regional tiene mucho en juego para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho a nivel local. Este 29 de octubre se elegirá entre gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. | EFE
Ad portas de los comicios, existen territorios, como Montes de María, donde la violencia sigue en alza, no tanto por el registro de hechos, sino por el control territorial de los grupos ilegales.
Ad portas de los comicios, existen territorios, como Montes de María, donde la violencia sigue en alza, no tanto por el registro de hechos, sino por el control territorial de los grupos ilegales.
El proceso electoral regional tiene mucho en juego para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho a nivel local. Este 29 de octubre se elegirá entre gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles: 20.429 cargos para el periodo 2024-2027. Sin embargo, el contexto en el que se desarrollan estos procesos no es el más alentador, pues la violencia política persiste y el Estado no da muestras de solución a este problema.
De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), donde hace seguimiento a los primeros 7 meses del calendario electoral (29 octubre del 2022 al 29 de mayo del 2023), establece que ha habido una intensificación de la violencia contra liderazgos que participan en estos comicios. Siendo este periodo el más violento respecto a las elecciones del 2022, 2019 y 2018.
El documento explica que, en parte, la inseguridad manifiesta en este periodo tiene que ver con el accionar de grupos armados ilegales, siendo los liderazgos políticos, sociales y comunales los más afectados. Los departamentos de: Cauca, Antioquia, Nariño, Valle, Cesar y Santander son los de mayor registro; y los principales hechos de violencia son las amenazas, secuestros, desaparición forzada y homicidios.
Así mismo, existen otros territorios como Montes de María donde la violencia sigue en alza, no tanto por el registro de hechos, sino por el control territorial de los grupos ilegales. Aquí el Clan del Golfo patrulla constantemente los pueblos, establece horarios a las comunidades, extorsiona a comerciantes y contacta a líderes sociales para que trabajen para ellos, y si se niegan, inician presiones y obligan al desplazamiento forzado.
Respecto a estos hechos, el gobierno sigue sin establecer una estrategia de seguridad territorial que ponga freno a este fenómeno, el cual se sabe se intensifica conforme se acerca el periodo electoral. Sin una estrategia gubernamental integral donde trabajen conjuntamente los ministerios del Interior y Defensa, alcaldías y gobernaciones es muy difícil garantizar el ejercicio transparente de los derechos civiles y políticos en las regiones, pues los líderes sociales seguirán sin garantías para aspirar a un cargo público, hacer reuniones comunitarias libres o realizar alianzas independientes de los clanes tradicionales.
Con un gobierno haciéndose de la vista gorda con estos hechos, se observa esa tradición tozuda del Estado colombiano de no brindar las condiciones de posibilidad para que la ciudadanía trabaje en el fortalecimiento de la democracia local y construya una ética cívica que propenda por valores positivos y hagan de las regiones una esfera social habitable. En este momento, las y los agentes del cambio social territorial deberían estar ocupándose, por ejemplo, de promover reglas de convivencia política como la de incentivar la tolerancia mutua, que establece que cualquier ciudadano oponente o no, tiene derecho a competir.
Aquí el Estado tendría que desplegar una estrategia que evite el constreñimiento, las amenazas y el control territorial de los grupos ilegales sobre los territorios. Como dice la MOE, aprovechar toda la experiencia ganada en años anteriores donde se han presentado estos escenarios y desarrollar un plan de acción institucional que prevenga la violencia política.