Empieza el período más decisivo para la JEP

El pasado martes Alejandro Ramelli fue elegido para suceder al magistrado Roberto Vidal como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El periodo del próximo presidente de la JEP es tal vez el más decisivo desde el inicio de la Jurisdicción. Además de que es el momento para que la JEP empiece a trabajar en construir el cierre progresivo que, idealmente, debería finalizar en el 2033, tendrá que hacer frente a las críticas por la falta de decisiones que cuestionan su efectividad.

El rol de presidente viene con desafíos que exceden las dificultades que el magistrado Ramelli ha enfrentado en las tareas judiciales que ha desempeñado hasta el momento. Además de mejorar la comunicación de la JEP para hacer visibles sus avances, el nuevo presidente deberá atender las expectativas frente a la JEP, la articulación con las autoridades nacionales y locales, y la necesidad de una visión estratégica. Aunque los tres están relacionados, cada uno tiene sus propias exigencias.

Las expectativas frente a la JEP

Lograr resultados en un periodo predefinido es crucial para la existencia de la JEP. A diferencia de otros órganos judiciales, su razón de ser como entidad de justicia transicional depende de su capacidad para garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en el conflicto armado, lo que implica sancionar a los máximos responsables.

Aunque el presidente de la JEP no es directamente responsable de lo que logren cada uno de los órganos de la Jurisdicción, sí debe rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de la entidad. Actualmente, las exigencias por resultados son contundentes, tanto de las víctimas y comparecientes como de otros sectores de la sociedad. Después de dos años desde la primera resolución de conclusiones, aún no hay sanciones para los máximos responsables, a pesar de que muchos han reconocido su responsabilidad. Y las demoras no solo están en ese frente, tampoco hay decisiones para quienes no son seleccionados como máximos responsables, como mostramos en un estudio reciente.

La presión por resultados recae en el vocero, y de allí debe extenderse al resto de la magistratura. El magistrado Ramelli debe llevar al interior de la JEP las exigencias que se le hacen a la JEP de tener mayor efectividad e impulsar a sus colegas a responder a estas con decisiones concretas. La JEP no solo debe esclarecer lo ocurrido, que ha sido el enfoque de muchos despachos, sino también sancionar de manera ágil a los responsables. Esto será fundamental para cuidar la credibilidad de la JEP, que no solo está amenazada por su falta de resultados en frentes cruciales, sino por voces como la del presidente Petro que claman por tribunales de cierre que la reemplacen.

La articulación con entidades nacionales y locales

La JEP es un órgano judicial que carece de competencias y capacidad para garantizar la ejecución de sanciones y satisfacer integralmente los derechos de las víctimas. Para ello, es esencial que otras entidades, como la Unidad de Víctimas y la Unidad de Búsqueda (Ubpd), cumplan con sus mandatos.

El magistrado Ramelli encontrará la integralidad del Sistema casi destruida y con iniciativas de proyectos restaurativos que han sido duramente criticadas por las víctimas. Por una parte, la integralidad es el principio que permite flexibilizar las sanciones a cambio de que un conjunto de entidades contribuyan a satisfacer los derechos de las víctimas. No obstante, hoy está diluida y cada entidad actúa por su lado sin dar respuestas articuladas como Estado. Por mencionar algunos ejemplos, la contribución a la verdad se está restringiendo al escenario judicial de la JEP, sin tener en cuenta, por ejemplo, las potencialidades ante el Centro Nacional de Memoria Histórica; los planes de reparación de la Ley de Víctimas no están articulados con los proyectos restaurativos; y hay poca claridad de que las contribuciones que los comparecientes han hecho a la Ubpd y ante la Comisión de la Verdad sean tenidas en cuenta por la Jurisdicción como parte del cumplimiento del régimen de condicionalidad.

Por otra parte, las sanciones restaurativas se pensaron en el Acuerdo de Paz en relación con otros de sus componentes, en particular de la Reforma Rural Integral, para focalizar todos los esfuerzos institucionales en las regiones más afectadas por el conflicto y con mayor presencia de víctimas. Por eso, ver que los llamados “proyectos restaurativos” hoy no están articulados con la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) es desconcertante, porque además de romper con la lógica del Acuerdo, crea dispersión de capacidades y recursos.

El magistrado Ramelli debe buscar alternativas para que las entidades responsables de los derechos de las víctimas y aquellas encargadas de la implementación de otros componentes del Acuerdo, como los Pdet, trabajen de manera coordinada con la JEP. El mandato de la Jurisdicción está marcado por la complejidad y la dificultad, y esta no es la excepción, pero es necesario encontrar soluciones, aunque sean progresivas. De lo contrario, la JEP continuará desbordando su capacidad para satisfacer los derechos de las víctimas y dispersando esfuerzos que la alejan de la visión más amplia que proponía el Acuerdo.

La necesidad de una visión estratégica

Parte de los problemas de efectividad de la JEP se deben a la falta de una política criminal transicional que proporcione una visión estratégica para guiar las decisiones de todos los órganos de la Jurisdicción. Esto ha llevado a que cada despacho adopte sus propias metodologías, resultando en decisiones contradictorias que afectan el trabajo de otros. Por ejemplo, expertos señalan que esto ha sucedido con algunas decisiones de la Sección de Apelaciones y también se observa en interpretaciones maximalistas del mandato de la JEP por parte de algunos magistrados de la Sala de Definición.

Aunque el presidente de la JEP no es superior a los demás magistrados, sí puede promover discusiones y acuerdos internos para tomar decisiones estratégicas. La Jurisdicción necesita avanzar unida hacia los mismos objetivos, ya que su trabajo está interconectado entre las salas de justicia, el Tribunal para la Paz y otros órganos. Por ello, es crucial establecer metodologías comunes e interpretaciones compartidas del mandato y alcance de la JEP. Operar con despachos y órganos aislados es la forma más ineficiente de alcanzar los objetivos.

El magistrado Ramelli no podrá resolver todas las dificultades de la JEP, pero debe actuar en un contexto de creciente presión y comenzar a allanar el camino para su cierre. Es fundamental que esté abierto a críticas razonables, tenga la valentía de proponer discusiones difíciles y formule soluciones que aborden la excepcionalidad de un órgano de justicia transicional. Quienes hemos apoyado a la JEP desde sus inicios estamos dispuestos a remar en la misma dirección para hacer realidad la rendición de cuentas por los crímenes más graves del conflicto.