¿Empresas lucrándose de la deforestación?

La semana pasada demandaron en Francia al Grupo Casino, dueño de la cadena de supermercados Éxito, por comprar carne asociada a deforestación en Colombia y Brasil. Los voceros de estas empresas han dicho que todos sus proveedores cumplen con estándares ambientales, pero según la demanda y organizaciones que promueven los acuerdos corporativos contra la deforestación, la cadena de carne aun no cuenta con una adecuada trazabilidad, por lo que no es posible saber qué carne provienen de la degradación forestal. Si se confirma esta información, el gobierno estaría perdiendo la oportunidad de agregar medidas a su política anti-deforestación, para volver más justa y efectiva: sancionar a las empresas que se lucran indirectamente de este flagelo ambiental.

Sería más justo sancionar a estas empresas, porque estarían disfrutando de una distribución desigual de cargas en la lucha contra la deforestación. Estas empresas participaron de los Acuerdos Cero Deforestación, instrumentos voluntarios donde prometieron controlar a sus proveedores para no comprar carne proveniente de la deforestación. Pero son acuerdos de buena fe, no son vinculantes jurídicamente, por lo que no se puede reclamar su cumplimiento mediante sanciones. Mientras tanto, las medidas más coercitivas se aplican en el borde de los bosques, donde campesinos empobrecidos se enfrentan a una situación explosiva difícil de controlar: deben subsistir de la economía ganadera con pocas alternativas verdes, en medio de la presión de terratenientes que acaparan tierras y de la guerra entre las disidencias de las FARC y el Ejército. Si es cierto lo que la demanda dice, los supermercados estarían obteniendo ganancias sin mucho control, mientras promueven la ganadería en esos lugares donde a los productores les llueven castigos, guerra e inseguridad económica.

Una política más justa debería corregir estas cargas: aumentar la presión sobre los comerciantes, que se lucran de una situación injusta, mientras aumenta la protección sobre los campesinos, que son sujetos de especial protección constitucional, en el medio de esa guerra contra la deforestación.

Además, sancionar a los supermercados puede ser una medida efectiva porque, aunque la deforestación en Colombia está asociada sobre todo al acaparamiento de tierras, este fenómeno se alimenta de la demanda de carne. Cuando un terrateniente contrata gente para tumbar bosques, puede recibir retornos porque la tierra despejada y potrerizada adquiere valor. No interesa si se convierte en productor de carne o sólo deja el predio despejado para revenderlo. Llenar de pastos la tierra aumenta su precio por el potencial uso ganadero que tiene. Así, un sacudón en la demanda de carne puede afectar el acaparamiento de tierras.

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Eso sí, hay que advertir: poner en cintura a los supermercados puede ser efectivo si se acompaña adecuadamente a los campesinos que dependen también de la ganadería. Si no se brindan alternativas verdes, como promover el consumo productos animales que provengan de sistemas productivos agroforestales, un sacudón en la demanda de carne puede llevarlos hacia economías ilegales de la coca, la opción más rentable en el borde de los bosques, desafortunadamente.

A diferencia de Francia, no tenemos una ley que obligue a los supermercados a vigilar sus cadenas de suministro para evitar daños ambientales. Pero en nuestro país las empresas deben cumplir con los principios ambientales de prevención y precaución, reconocidos en la Constitución, en la Ley 99 y en la jurisprudencia constitucional. Según estas normas, los particulares y el gobierno deben tomar medidas para evitar o mitigar daños ambientales, si se conoce el riesgo de que van a ocurrir por actuaciones de las empresas. Además, el gobierno puede exigir el cumplimiento de estos principios usando los Principios Rectores sobre Empresas de Derechos Humanos, y otros instrumentos similares, que tienen recomendaciones concretas para exigir a las empresas una debida diligencia sobre sus cadenas de suministro para evitar afectaciones a los derechos humanos.

Si esta una medida legal, justa y efectiva ¿Qué estamos esperando para exigirle a estas empresas más transparencia y compromiso con los bosques? Puede que sus ganancias las obtengan a un costo demasiado alto.