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Las experiencias de Uruguay, Costa Rica y Ecuador muestran de una parte, que es posible y útil aplicar enfoques innovadores, sin embargo también evidencian los límites de dichos programas.

Las experiencias de Uruguay, Costa Rica y Ecuador muestran de una parte, que es posible y útil aplicar enfoques innovadores, sin embargo también evidencian los límites de dichos programas.

De acuerdo con el Colectivo de Estudio Drogas y Derecho (CEDD) en América Latina se ha dado en los últimos años un aumento sostenido de la población interna por delitos de drogas, incremento que es mayor al de otro tipo de delitos, tal y como se aprecia en la gráfica a continuación:

¿Por qué razón se ha producido esta situación? una de las principales respuestas se encuentra en el populismo punitivo del que se ha hecho uso, que se caracteriza por el establecimiento de penas desproporcionadamente altas, el uso desmesurado de la prisión preventiva, el pago obligatorio intramural de un tiempo de la sentencia; la imposición de sanciones a  partir de la cantidad de droga incautada sin que se considere el rol de quien comete la conducta sancionada. Políticas que se concretan en la sanción y no en la prevención de los crímenes de drogas, y que, no han logrado reducir de manera significativa el mercado de la droga, ni evitar que siga prosperando la delincuencia organizada.

 

Ante esta situación es necesario volver la mirada a aquellas experiencias globales, que impulsan un enfoque innovador frente a la tradicional respuesta punitivista al problema de las drogas. Con este objetivo con Wola, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y Dejusticia, se inició la tarea de recopilar estas experiencias.

En esta entrada, me referiré a aquellas implementa que se han implementado en: Uruguay, Costa Rica, y Ecuador, países que han optado por medidas alternativas frente a la respuesta punitiva tradicional a la criminalidad relacionada con las drogas. Medidas que buscan reducir los daños que produce la cárcel en personas en condiciones de vulnerabilidad, que no obstentan roles de liderazgo en el mercado de las drogas, pero que sin embargo, tienen como reto abordar los problemas  de inequidad y pobreza de quienes son sancionados/as por este tipo de delitos, entre quienes ocupan un rol preponderante las mujeres y los jóvenes.

En Uruguay se han impulsado varios programas, especialmente dirigidos a prevenir la comisión de delitos de drogas, a dar tratamiento en salud a personas con dependencia de algún tipo, y a avanzar en materia de reinserción de quienes han estado en las cárceles, los cuales se han llevado a cabo con el uso de recursos del Fondo de Bienes Decomisados -Órgano encargado de la recepción, inventario y administración de los bienes incautados y decomisados en causas por narcotráfico y lavado de Activos-. Programas que han estado especialmente dirigidos a mujeres y mujeres trans que están encarceladas.

This photo is part of a WOLA series created to show the human cost of current drug policies in the Americas. Photo credit: WOLA Flckr

Parte de un foto ensayo producido por WOLA para demonstrar el costo humano de las políticas de drogas en América Latina.  Crédito: WOLA Flckr

 

De acuerdo con evaluaciones de los programas, entre 2011 y 2014, en materia de inclusión social, un 50%  de las participantes de los programas se encontraban trabajando; el 72.7% de ellas, dentro de la economía formal. En materia de consumo de drogas un 66%  de quienes participaron en los programas ya no consume, el 24% consume esporádicamente, y el 10% consume cantidades iguales o más que antes.

En Costa Rica, en 2013 se reformó la ley nacional de drogas (Ley 8204 de 2001) para incluir una mayor proporcionalidad y asegurar que dicha norma tuviera enfoque de género (artículo 77bis). Así se incluyó el tratamiento penal diferenciado (reducción de los años de la pena impuesta: pasó de 8 a 20 años, a una de 3 a 8 años) para  mujeres en condiciones de vulnerabilidad que fuesen autoras, o hubiesen participado del delito consistente en introducir drogas al sistema penitenciario.

Pero el cambio no paró con la reforma legal. En 2014 se creó un programa denominado la “Red Interinstitucional”, que busca “alejar a las mujeres en situación vulnerable del sistema judicial penal y derivación hacia servicios de asesoría, tratamiento de drogas y formación laboral”, facilitando su acceso a subsidios económicos, becas, formación profesional, y asesoramiento sobre la creación de microempresas, y ofrece apoyo para el cuidado de los hijos y las hijas, de manera que las mujeres puedan trabajar y estudiar.

Finalmente, está el caso de Ecuador, país que tenía una de las leyes de drogas más duras de América Latina, que había contribuido a incrementar el hacinamiento dentro del sistema carcelario y penitenciario (Llegaba al 157%). En respuesta a esta situación, en 2008 la Asamblea Constituyente indultó a 2.300 personas condenadas por delitos menores de drogas, el 30 % de las cuales eran mujeres.

Sin embargo, con posterioridad se han presentado reformas normativas contradictorias. En 2014 se modificó el código penal introduciendo penas más proporcionales para delitos de drogas. Creó distintos niveles en materia de tráfico (mínima, media y alta), redujo las penas para delitos menores de drogas, y distinguió entre traficantes y cultivadores, entre delitos violentos y no violentos, entre traficantes y consumidores. Un año después de la entrada en vigencia de la reforma, el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas bajó al 43%.

Lamentablemente, pese a los importantes resultados de la medida lograda en 2014, en 2015 el Gobierno impulsó el aumento de las sanciones penales incluidas dentro del código penal, y una reducción de los umbrales que definen la mínima, mediana, alta, y gran escala en materia de tráfico.

Estas tres experiencias muestran de una parte, que es posible y útil aplicar enfoques innovadores, sin embargo también evidencian los límites de dichos programas, ya que de manera preponderante buscan reducir los daños que surgen de la creciente judicialización de personas vinculadas a delitos de drogas, sin que se creen programas fuertes en materia de prevención, que permitan actuar antes de que las conductas delictivas se produzcan, que se dirijan a la reducción de las condiciones de pobreza y de falta de oportunidades. Así por ejemplo, ya se conoce el perfil preponderante de las mujeres que están involucradas en delitos de drogas: mujeres pobres, con personas a cargo, con baja educación, desempleadas, etc. Si es así, la gran apuesta debería estar en contrarrestar la situación de vulnerabilidad que enfrentan grandes sectores poblacionales que son carne de cañón en el mercado de la droga.

 

Foto destacada: Paul Sableman, Flckr Commons

 

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