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Reforma a la policía

Cabe destacar que una reforma estructural e integral a la policía no se agota con cambios legales. | Mauricio Dueñas, EFE

El gobierno de Gustavo Petro se comprometió a adelantar una reforma profunda, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, la unidad de la policía que ha intervenido en las manifestaciones sociales, y a la que se le han atribuido numerosas vulneraciones de derechos humanos desde 1999.

El gobierno de Gustavo Petro se comprometió a adelantar una reforma profunda, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, la unidad de la policía que ha intervenido en las manifestaciones sociales, y a la que se le han atribuido numerosas vulneraciones de derechos humanos desde 1999.

Los cuerpos de policía fueron creados para proteger los derechos e intereses de las personas, entre ellos la propiedad privada y la seguridad. Lo hacen a través del ejercicio legítimo del uso de la fuerza, una de las funciones esenciales de un Estado. Sin embargo, el accionar de las policías en América Latina ha estado caracterizado por distintos problemas: corrupción, bajos niveles de profesionalización, capacidades de investigación limitadas, además de los relacionados con el uso arbitrario de la fuerza y las armas, y la impunidad por violaciones de derechos humanos que cometen sus agentes.

A pesar de ello, es posible pensar en una policía con enfoque democrático y arraigo comunitario, más capacitada para cumplir funciones de mediación y diálogo para prevenir, antes que acudir al uso de la fuerza y las armas para solucionar conflictos entre las personas, especialmente en el marco de protestas sociales. Esto, contando con una serie de condiciones favorables como la voluntad política del ejecutivo y el legislativo, una sociedad civil y organizaciones de víctimas fuertes y articuladas y un sector, al interior de las policías, que reconozca los problemas de la institución y esté interesado en trabajar activamente por lograr los cambios requeridos para su adecuado funcionamiento.

 

La policía y el ejercicio de la protesta en Colombia

Las funciones encomendadas a la policía son de distinta naturaleza, entre ellas el manejo de la protesta social. Muchas de las prácticas que constituyen violaciones de derechos humanos por parte de los agentes policiales se han replicado y exacerbado en contextos de movilizaciones como las que se han vivido en América Latina durante los años recientes que tomaron fuerza en el 2021 debido a la crisis generada por el COVID-19, y que fueron duramente reprimidas.  Ante esta situación ha cobrado mayor relevancia la necesidad de una reforma que enfrente aquellas problemáticas y permita que la policía acompañe las manifestaciones sociales procurando la garantía de los derechos y libertades de las personas en igualdad.

De acuerdo con el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, la policía está encargada del “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas […]” y cumple funciones de naturaleza preventiva, antes que represiva. No obstante, en el marco del Paro Nacional de 2019, la Corte Suprema de Justicia identificó un conjunto de prácticas policiales sistemáticas que vulneran y amenazan el derecho a la protesta pública y pacífica: (i) disolución arbitraria y violenta de manifestaciones pacíficas; (ii) estigmatización; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y “menos letales”; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de prensa.

Además, durante el Paro Nacional de 2021 se sumaron otras prácticas como violencia sexual y violencias basadas en género; agresión por parte de civiles con tolerancia de la policía y ataques a defensores y defensoras de DDHH. Muchas de estas también ocurren en otros países de la región: por ejemplo, las lesiones oculares en Chile, que evidencian el uso ilegal y arbitrario de armas “menos letales”.

 

Los retos de una eventual reforma a la policía en Colombia, que podrían ser ejemplo para la región

En este sentido, los retos que enfrenta la reforma a la policía son múltiples, tanto en general como en lo relacionado estrictamente con la protesta. Me enfocaré en tres de ellos.

El primero tiene que ver con el restablecimiento de confianza y legitimidad entre los agentes de policía y la sociedad civil. Para lograr este propósito se requiere que haya un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia y abuso policial. En particular, que las investigaciones avancen de manera eficiente, obedeciendo a principios de imparcialidad e independencia judicial, en el marco de la justicia ordinaria y no de la penal militar, hasta lograr la condena, tanto de los responsables directos como de los responsables de mando. Los procesos penales y disciplinarios deben proteger a las víctimas de amenazas y presiones externas. Se requiere que haya verdad y reconocimiento de responsabilidades por parte de autoridades locales y por la policía misma.

El segundo reto es la participación. Para lograr una reforma es necesario dar lugar a la participación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y sus familias, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que han documentado y litigado casos sobre la materia, personas de la academia, que aporten investigaciones históricas, comparadas y empíricas que aporten a la discusión; y también por integrantes de la policía que puedan aportar acerca de las fallas y posibilidades de mejora que tiene la institución, conociendo cómo opera desde el interior.

El tercero, es esencial que la policía se comprometa con la transparencia y a brindar información a las personas, de manera accesible. Esto es fundamental para la construcción de una reforma basada en datos sobre formación policial, procedimientos policiales concretos, cadenas de mando, informes posteriores sobre las decisiones y las órdenes dadas en el desarrollo de movilizaciones sociales, información sobre equipos, armas y dotación, entre otros.


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Las oportunidades para la reforma a la Policía

Ahora, en el contexto actual, las oportunidades para lograr la reforma también son varias. Hay un entorno político favorable. El gobierno de Gustavo Petro se comprometió a adelantar dicha reforma, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, la unidad de la policía que ha intervenido en las manifestaciones sociales, y a la que se le han atribuido numerosas vulneraciones de derechos humanos desde 1999, año de su creación. Su discurso continúa orientado hacia la transformación profunda de la policía e incluye la importancia de transitar a un modelo policial que tenga un enfoque más humano, integral, comunitario, de prevención y diálogo.

De igual forma, iniciativas legislativas relacionadas con este tema están siendo impulsadas en el Congreso y se esperaría que, teniendo en cuenta su conformación actual, reciban el apoyo requerido para avanzar en el trámite. También la sociedad civil y los colectivos de víctimas están organizados y articulados para definir lo que debe considerar la reforma. Por ejemplo, y como ejercicio preliminar, organizaciones plantearon los diez mínimos que deberían estar presentes en la reforma.

Asimismo, otra oportunidad es el acompañamiento y la disposición de organismos internacionales de derechos humanos que han emitido recomendaciones al Estado colombiano para garantizar el derecho a la protesta, muchas de ellas dirigidas a la policía o relacionadas con su actuar. En este sentido, es importante trabajar en la implementación de las recomendaciones contenidas en El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia, de la OACNUDH en Colombia y en las Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021.

Cabe destacar que una reforma estructural e integral a la policía no se agota con cambios legales. Se ha evidenciado que las problemáticas relacionadas con violencia, discriminación y vulneraciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía no se solucionan con nuevos protocolos porque Colombia goza de un marco legal robusto para la protección del derecho de reunión pacífica. Se requiere, primero, el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia existente. Segundo, acatar los principios para el uso de la fuerza: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tercero, el cambio de la cultura institucional, de la doctrina con que se educa a la policía. Cuarto, es necesario abandonar la idea del enemigo interno y, en su lugar, transformar la manera como los agentes se relacionan con las personas en el marco de una democracia y un escenario de paz y reconciliación.


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