Estigmatizar para eludir

Alejandro Ordóñez es el perfecto ejemplo de aquellos funcionarios o políticos que estigmatizan a los ciudadanos que los cuestionan para así no responder a las críticas. Por eso ha estigmatizado a Dejusticia para no contestar a un cuestionamiento muy simple que le hicimos desde una columna que escribí en septiembre de 2012: que siendo procurador violó el artículo 126 de la Constitución.

Ese artículo, para evitar los carruseles de favores, prohíbe desde 1991 que un funcionario nombre a familiares muy cercanos, como esposas o hermanos, de los “servidores públicos competentes para intervenir en su designación”. Y Ordóñez nombró a familiares cercanos de magistrados de la Corte Suprema y luego buscó y logró que este tribunal lo ternara para ser reelegido.

Un ejemplo fue el de la esposa del hoy muy cuestionado magistrado Bustos. Ana Josefa Velasco de Bustos se retiró de la Procuraduría en 2006, pero el 19 de febrero de 2010 Ordóñez la nombró como procuradora judicial II, un cargo de libre nombramiento con salario muy alto. La señora Velasco era entonces esposa de Bustos y la Procuraduría lo sabía, contrariamente a lo que Ordóñez ha sostenido. Una prueba de lo anterior es que el 4 de agosto de 2010, la señora Velasco solicitó un permiso de tres días para asistir con su esposo, el magistrado Bustos, a un simposio en Cartagena; el permiso le fue otorgado el 9 de agosto.

Ordóñez, siendo procurador (es decir, el encargado de sancionar las ilegalidades de otros funcionarios), violó el artículo 126 de la Constitución, a fin de hacerse reelegir. Por esas ilegalidades, el Consejo de Estado anuló su reelección en septiembre de 2016. Y posiblemente por esas mismas ilegalidades, la Corte Suprema le abrió investigación.

En vez de responder y explicar esos nombramientos inconstitucionales, Ordóñez ha decidido estigmatizar a quienes los revelamos. Ha dicho, por ejemplo, que Dejusticia lo ha criticado porque él se habría abstenido de darnos contratos. Hemos demostrado en respuestas públicas que eso es falso. El último ejemplo de esa táctica es su reciente comunicado en donde dice que la investigación en su contra por la Corte Suprema proviene de una denuncia mía hace dos años, debido a su oposición al proceso de paz. Eso no es cierto. Mi columna criticando sus nombramientos inconstitucionales es de septiembre de 2012 y nuestras denuncias en su contra son de inicios de 2013 (hace casi cinco años), cuando apenas se había hecho público el proceso de paz, por lo que es absurdo atribuirle el propósito de deshacerse de una resistencia de Ordóñez a la paz cuando éste no la había aún siquiera expresado. Nuestra finalidad fue otra: evitar el amiguismo y defender la trasparencia en el nombramiento de los altos cargos del Estado

Ordóñez, como otros funcionarios y políticos, busca entonces estigmatizar a quienes lo critican para desviar la atención, aparecer como víctima y evadir su responsabilidad. Y de paso asustar a nuevos críticos. Algo inaceptable en un Estado de derecho en donde los políticos y los funcionarios deben estar sujetos al escrutinio permanente de la ciudadanía.