Fisca-líos

En Colombia el 78 % de los ciudadanos tienen una opinión desfavorable de la justicia y la presunta contribución del fiscal general en el encubrimiento de delitos de corrupción relacionados con los contratos de Odebrecht agudiza esa crisis de credibilidad. Peor aún si tenemos en cuenta que se trata de un sistema que ha sido golpeado recientemente por otros escándalos que involucran a magistrados de las altas cortes, fiscales de alto rango y jueces.

Lo que ha quedado en evidencia en estos casos son los profundos vínculos e intereses que existen entre políticos, empresarios, jueces y fiscales. Ellos conforman una gran parte de la clase dirigente del país, organizándose en una especie de mafia que sobrevive, se autoprotege y se perpetúa gracias a que sus miembros han logrado cooptar todas las instituciones y casi todas las grandes instancias de decisión en los ámbitos nacional y local. Así, la llamada puerta giratoria y los numerosos conflictos de intereses de varios de los funcionarios más altos del Estado hacen que el sistema de frenos y contrapesos, característicos de las democracias occidentales, sea apenas una formalidad en el ordenamiento jurídico colombiano.

Ya el escándalo conocido como el “Cartel de la Toga” puso en entredicho la transparencia de la justicia para luchar contra la gran corrupción en Colombia y dejó claro que el abuso del poder ha permeado todas las ramas del poder público. Hoy, por cuenta del escándalo del fiscal general y de sus vínculos con el caso Odebrecht, el país confirma que las instituciones, en especial el poder judicial, no tienen la independencia suficiente para enfrentar a los corruptos.

La renuncia del fiscal general recuperaría algo de la credibilidad y la confianza en la institución frente al caso Odebrecht; sin embargo, con el respaldo de casi todo el “establecimiento”, la posibilidad de una renuncia de Martínez Neira es prácticamente inexistente y la esperanza de que la justicia opere en este escenario es muy poca.

¿Qué fiscal o juez hoy tiene la capacidad y el poder para enfrentarse a intereses tan poderosos como los que representa y defiende Martínez Neira? ¿Qué figura política en Colombia tiene el poder, la legitimidad y la credibilidad para desenmascarar y hacer rendir cuentas públicas a quienes están detrás de toda esta corrupción? ¿Los perfiles para fiscal ad hoc que ha puesto Duque sobre la mesa tendrán la capacidad e independencia para enfrentarse a la investigación?

El costo de todo esto para Colombia es enorme. Si a los ciudadanos ya les cuesta confiar en la justicia, la no resolución de este caso reafirmará la percepción de que los corruptos siempre ganan y que hacer trampa tiene más réditos que hacer lo correcto. Pero lo más costoso será perder la poca y frágil confianza en las instituciones, fortaleciendo y fomentando la cultura del incumplimiento de reglas.