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Rodrigo Uprimny Yepes

La reforma al gobierno judicial contenida en el proyecto de equilibrio de poderes tiene elementos positivos pero también “detalles” muy graves que, de no corregirse en esta recta final, no sólo frustrarían su potencial modernizador sino que implicarían incluso un retroceso.  

Rodrigo Uprimny Yepes

La reforma al gobierno judicial contenida en el proyecto de equilibrio de poderes tiene elementos positivos pero también “detalles” muy graves que, de no corregirse en esta recta final, no sólo frustrarían su potencial modernizador sino que implicarían incluso un retroceso.  

El tema es técnico y complejo pero ha pasado en relativo silencio y tiene enormes implicaciones prácticas, por lo cual amerita una mayor discusión pública.  

En La Silla Vacía desarrollo el asunto con mayor detalle, pero el punto fundamental es la problemática composición del Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que reemplazaría a la actual sala administrativa del Consejo de la Judicatura en el autogobierno de la rama judicial.

La existencia de un órgano de autogobierno judicial, como el CGJ, es una importante garantía a la independencia judicial, que es un valor esencial en una democracia. Pero estos órganos de autogobierno no deben estar integrados solo por representantes de los funcionarios judiciales pues se corre el riesgo de que el manejo de la rama responda más a los intereses propios de los jueces y magistrados que al interés general. La independencia judicial dejaría de ser una garantía de la ciudadanía para convertirse en un privilegio corporativo de los jueces y magistrados.  Si además esos órganos manejan sin ninguna voz externa la carrera judicial y los nombramientos en las altas cortes, entonces estaríamos formando una verdadera aristocracia judicial, una juristocracia. 

Esos riesgos llevaron a que los países pioneros en la creación de los órganos de autogobierno judicial, como España, Francia o Italia, hayan previsto que dichos órganos tengan representantes de los jueces pero también voces externas, que corrijan los sesgos corporativos y permitan que la gestión de la rama judicial sea transparente y tome en cuenta los intereses ciudadanos. En España, por ejemplo, el consejo general del poder judicial tiene 21 miembros de los cuales 13 son representantes de jueces y magistrados pero ocho son voces externas a la rama. 

En cambio, el CJG propuesto por la reforma estaría esencialmente integrado por cinco miembros: los tres presidentes de las cortes, un representante de los jueces y magistrados y otro de los empleados. Participarían además otros tres miembros, pero nombrados por los primeros, con lo cual todos emanan directamente del poder judicial, sin ninguna voz externa de la academia o de los usuarios de la justicia. Y además la voz decisiva sería la de las cortes.

La paradoja es clara: en el momento de mayor crisis de credibilidad de las cortes, la reforma les está entregando el manejo de la justicia sin ningún control externo eficaz. Y eso no es avanzar hacia la independencia judicial que la democracia requiere sino caer en un riesgoso corporativismo judicial. O peor aún: en un corporativismo judicial de cúpula.

Si ese sesgo corporativo no es corregido, sería mejor excluir del proyecto de equilibrio de poderes todo lo relativo a gobierno judicial. 

 

 

 

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