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Maryluz Barragán

En América Latina los procesos de gentrificación que afectan los derechos sociales y culturales de poblaciones económicamente vulnerables son cada vez más comunes. Frente a estos escenarios es clara la necesidad de exigir al Estado que oriente estas trasformaciones protegiendo la memoria, las expresiones culturales y demás elementos que identifican nuestros barrios.

Maryluz Barragán

En América Latina los procesos de gentrificación que afectan los derechos sociales y culturales de poblaciones económicamente vulnerables son cada vez más comunes. Frente a estos escenarios es clara la necesidad de exigir al Estado que oriente estas trasformaciones protegiendo la memoria, las expresiones culturales y demás elementos que identifican nuestros barrios.

Los procesos de transformación en las ciudades de América Latina han traído consigo la agudización de realidades de desigualdad, desposesión y segregación socioeconómica. La restauración de las viejas arquitecturas en los centros urbanos tiene como efecto el aumento de los precios de la propiedad, lo que deriva en el desplazamiento de los pobladores nativos y la vulneración de múltiples derechos. Este fenómeno, conocido como gentrificación, implica un cambio de la población, de las estructuras de las viviendas y de las actividades comerciales, motivado por un aumento en el valor del suelo por estrategias especulativas de inversión en proyectos inmobiliarios. En este punto vale preguntarse si es posible intervenir esta realidad considerando la afectación de los derechos de los pobladores, o si se trata de una imparable consecuencia natural de las reglas del mercado en la configuración de las ciudades.

Existen serias dudas sobre la pertinencia de este término para explicar el fenómeno en América Latina, puesto que inicialmente se refirió a las realidades de Inglaterra y Estados Unidos. Para Jonoschka y Sequera, aunque el contexto influye en las estrategias y el impacto de la gentrificación, este fenómeno comparte globalmente elementos consistentes con el afán de las clases medias y altas de apropiarse de los paisajes urbanos centrales a través de la inversión inmobiliaria. Dentro de las particularidades de América Latina, estos autores destacan: el rol de las administraciones locales en la reorganización urbana; la violencia simbólica que implica la apropiación del patrimonio cultural; y la violencia material aplicada para la regularización forzada de las economías informales. Respecto de la agudización de este fenómeno en la región, Fernando Carrión plantea que la revalorización de los centros urbanos se debe a una transformación demográfica de los países: en 1950 la concentración en las ciudades era del 41%; a inicios del siglo XXI la cifra asciende al 80%. Así las cosas, el espacio disponible para la urbanización en las ciudades es cada vez más reducido.

Procesos de gentrificación contundentes se evidencian en Colombia. Un caso paradigmático es el del barrio Getsemaní ubicado al lado del centro histórico de Cartagena de Indias. Luego de que, en la década de los ochenta, la UNESCO declarara la ciudad como patrimonio de la humanidad, los inversores privados iniciaron la compra de casas en los barrios céntricos, lo que generó el  alza de los costos inmobiliarios. En la última década, debido a la disminución de la oferta en el área, el interés de los inversionistas ha migrado a los barrios aledaños, dentro de los que se encuentra Getsemaní. Esto ha generado la disminución de la población originaria en un barrio de base popular que concentra gran parte de la memoria de los procesos de independencia. En el 2012 los vecinos realizaron un censo poblacional en el que se reportó la permanencia del 28% de los residentes tradicionales; para el 2013 ese mismo censo arrojó la permanencia del 16,7%, lo que resulta en una disminución alarmante del más del 10% de un año a otro. En cuanto a las condiciones económicas de los raizales, el 61% de estas familias vive con el salario mínimo.

Calle en Getsemaní, Cartagena. Foto: Bryan Pocius

 

La coincidencia de este tipo de reconocimiento de la UNESCO con la gentrificación no es exclusivo de Getsemaní. Esta relación también se evidencia en ciudades como Cuenca en Ecuador, Buenos Aires en Argentina y Salvador Bahia en Brasil. Lo anterior se debe a que, las autoridades locales han orientado el mantenimiento y la recuperación de los centros urbanos a atraer inversión extranjera y convertirlos en espacios atractivos para el turismo, sin pensar la planeación de la ciudad para el disfrute de los pobladores locales.

Pero no siempre las experiencias de gentrificación comienzan por la desprotección estatal de los habitantes que facilita la venta de los inmuebles y la consecuente sustitución del vecindario. También son comunes los procesos en los que el rol del Estado es mucho más activo y se centra en la expulsión del comercio informal a través de políticas fuertes de “recuperación” del espacio público. Tal caso se ha dado en México, donde a mediados de los noventa e inicios del 2000 se implementó un plan de gobierno para la “recuperación” del centro histórico de la Ciudad de México y que consistió en el desalojo de cerca de 25.000 vendedores ambulantes junto con un gasto público de más de 400 millones de dólares, y una inversión privada de cerca de 81 mil metros cuadrados entre viviendas, hospedajes y oficinas. El consecuente desarrollo comercial e inmobiliario propició el aumento exponencial del costo de vida de la zona, lo que ocasionó el desplazamiento de los vendedores informales y colonos (habitantes tradicionales).

Frente a estas realidades existen experiencias de resistencia interesantes gestadas en espacios académicos y acciones colectivas de barrio que reivindican los derechos de las comunidades afectadas.  Considerando que no es posible abogar por la intangibilidad de los centros urbanos, diversos colectivos le apuestan a reducir el impacto negativo de las transformaciones urbanas a través de demandas de democratización de los beneficios dados por la regeneración de estos espacios. Cada vez toma mayor fuerza el concepto de derecho de ciudad, entendido como potestad de exigir la renovación de los espacios urbanos con políticas de inclusión, y así evitar el desplazamiento indirecto de los pobladores originarios. Pero más allá de lo aspiracional, en derecho castizo ¿qué alcance tiene esto que llaman derecho de ciudad? Para Lucas Correa este derecho de naturaleza colectiva tiene tres dimensiones: el disfrute equitativo de los espacios de la ciudad, la posibilidad de la construcción colectiva y participativa de los asuntos de la ciudad, y el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos.

 

Residentes de Getsemaní. Foto: Matt Biddulph

 

El derecho de ciudad surge como respuesta a los múltiples retos que implica la construcción de ciudad, como la gentrificación, la cual nos plantea una tensión entre un pasado con condiciones de abandono estatal al que no es posible ni deseable retroceder, y procesos de planeación urbana con visión economicista.

En América Latina los procesos de gentrificación que afectan los derechos sociales y culturales de poblaciones económicamente vulnerables son cada vez más comunes. Frente a estos escenarios es clara la necesidad de aceptar la influencia del mercado en las dinámicas del barrio pero también exigir al Estado que oriente estas trasformaciones protegiendo la memoria, las expresiones culturales y demás elementos que identifican nuestros barrios. El reto dentro de la planeación urbana está en superar la gentrificación dándole paso a procesos de renovación urbana que armonicen la libertad y el derecho de propiedad frente a los derechos de los más vulnerables a que se les mejore su calidad de vida.

 

Foto destacada: Bryan Pocius

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