Hambre y migración: soluciones más allá de la regularización

“Es cierto que es desafiante asumir 2 millones más de personas que alimentar, migrantes venezolanos (…)”. Esta fue parte de la respuesta que la Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dio al país frente al informe presentado por la FAO, que incluye a Colombia en los lugares de mayor riesgo de hambre aguda en el mundo.

El fenómeno de movilidad humana que protagoniza la población venezolana no es nada nuevo. Desde 2015 más de 6 millones de personas han abandonado Venezuela por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Se estima que alrededor de 1,8 millones de personas de Venezuela se encuentran  en Colombia, aproximadamente el 32% de todos los migrantes venezolanos en América Latina.

El informe de la FAO afirma que, a julio de 2021, aproximadamente el 64% de las personas migrantes venezolanas en Colombia padecían de inseguridad alimentaria, incluido el 14% que vive en situación de inseguridad severa. Asimismo, según las cifras del Grupo Interagencial sobre Grupos Migratorios Mixtos (GIFMM), aquellos hogares migrantes donde ningún integrante cuenta con un estado migratorio regular tienen más dificultades para acceder a alimentos y por lo tanto mayores probabilidades de padecer hambre.

En respuesta a esta situación, el Gobierno tomó unas medidas con efectos a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, el Estado colombiano ha venido apoyándose en la cooperación internacional, que mediante programas de atención humanitaria ha cubierto las necesidades alimentarias inmediatas de la población migrante. Estos programas de alimentación son una ventana de oportunidad para potenciar economías locales, en la medida en que se priorice la entrega de alimentos provenientes de la agricultura y ganadería local. No obstante, varias organizaciones han reportado que la alimentación que brindan estos programas está basada en productos ultraprocesados, de baja calidad nutricional.

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El Programa de Ingreso Solidario (PIS) también buscó mitigar los riesgos de inseguridad alimentaria en Colombia mediante transferencias monetarias que en su gran mayoría  fueron destinadas a la compra de alimentos. Sin embargo, para las personas migrantes existían requisitos que impedían la entrada de muchos de ellos al programa. Entre ellos, tener un documento que acredite estadía permanente en el país (cédula, tarjeta de identidad, Permisos Especial de Permanencia, Salvo Conducto Migratorio). Esto en 2020, cuando empezó la aplicación del PIS, era prácticamente imposible para la mayoría de personas migrantes, pues un 58% se encontraba en situación migratoria irregular, según cifras de Migración Colombia. Incluso a 31 de agosto de 2021, luego de un gran esfuerzo de regularización, el 17% aún vive en situación migratoria irregular y el 64% está en proceso de regularización, lo que implica que un 84% de personas migrantes no contaban con documentos válidos para poder ser beneficiarias.

Así, los hogares donde ningún integrante tiene un estatus regular son los más susceptibles a padecer hambre, mientras que el PIS es un mecanismo dirigido a los sectores más pobres, que se utiliza en su mayoría para comprar alimentos. El Gobierno debería tener esto en cuenta y buscar mecanismos para superar las barreras que dejan por fuera a las personas migrantes más vulnerables, asegurando que sean incluidas.

A mediano y largo plazo, el gobierno le apuesta al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, que aunque muy relevante y necesario, enfrenta obstáculos en su implementación. Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aseguró en una entrevista a Caracol que “Lamentablemente, aún la mayor parte del Estado colombiano no sabe que el permiso existe y es válido”. Un proceso exitoso de integración implica una capacitación constante de los funcionarios y demás actores que se encuentran en contacto constante con el tema migratorio sobre las normativas y procedimientos relacionados.

Ahora bien, la regularización por sí sola  no garantiza el acceso a un empleo, ni asegura a las personas venezolanas en Colombia acceder a recursos para alimentarse y superar situaciones de inseguridad alimentaria. La regularización debe venir acompañada de políticas de integración social que permitan a las personas migrantes insertarse en el aparato productivo del país. Para esto se debe trabajar en la superación de estereotipos negativos, buscar espacios de diálogo y visibilizar las potencialidades que tiene la migración para la economía. Estudios del Banco de la República han concluido que la implementación de políticas adecuadas para hacerle frente a un fenómeno migratorio tiene resultados positivos desde el punto de vista macroeconómico. Por ejemplo, la migración venezolana en Colombia sumaría hasta 0,33 puntos al PIB de 2021.

Tomarse en serio el derecho humano a la alimentación pasa por entender su carácter universal, toda vez que el hambre y sus efectos no responden a un estatus migratorio regular o irregular. El Gobierno está llamado a construir políticas alimentarias incluyentes, sostenibles, con un enfoque diferencial, que tengan como objetivo el aseguramiento de este derecho, ya que de alimentarse adecuadamente depende la vida.

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