Hambre y obesidad: la doble carga de la pobreza

La discusión sobre el hambre en Colombia ha eclipsado otra condición: la del sobrepeso y la obesidad. Ambos extremos hacen parte de un fenómeno más complejo denominado ‘doble carga de malnutrición’ y del cual países de ingreso medio como Colombia resultan fuertemente afectados. De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Nutricional (ENSIN) del 2015, el 2,4 % de los adultos de 18 a 64 años sufría de delgadez, mientras que el 56,5 % sufría de sobrepeso u obesidad. Para ese año, mientras que la tendencia de desnutrición venía en descenso, la de exceso de peso venía en aumento. En relación con niños en edad escolar, las cifras indican que para ese mismo año 7,4 % tenía retraso en talla y 24 % exceso de peso. Aunque no existen cifras actualizadas, es posible que la tendencia, al menos de sobrepeso y obesidad, se mantenga en la actualidad

Dentro de las variables que explican este fenómeno se encuentran: la transición nutricional del país hacia una dieta alta en productos ultraprocesados (o comida chatarra), la dificultad de las familias de cocinar en casa, la mayor apertura económica del país hacia productos importados y la pérdida de la biodiversidad alimentaria. Estudios en Centroamérica, así como en Perú, Chile y México, han asociado la apertura económica y la firma de tratados de libre comercio con el incremento en productos importados y la consecuente disminución en la calidad de las dietas. Adicionalmente, la dependencia de la importación de cereales que sufre Colombia, unida a la escasez de estos en el mercado mundial, puede incentivar el consumo de productos ultraprocesados más baratos.

Lo más preocupante es que, en ambos casos, son las personas más pobres las que con frecuencia están peor nutridas. Atrás quedó la tendencia que relacionaba países de ingreso bajo con mayor desnutrición y menor obesidad. Estudios revelan una relación directa entre la vulnerabilidad socioeconómica y dificultades para seguir una dieta saludable. En general, las personas de países con menor ingreso consumen menos frutas y verduras que aquellos de países con mayor ingreso. Es lógico, pues acceder a alimentos frescos y naturales puede ser en algunos casos más caros y complicado que a productos de paquete.

En Colombia, esto se evidencia en los indicadores tanto de retraso en talla como de sobrepeso y obesidad que padece, por ejemplo, la población escolar que se encuentra en departamentos con altos índices de pobreza. Según la encuesta ENSIN, la región de Orinoquía y Amazonía muestra los índices más altos de retraso en talla (9,6 % frente al 7,4 % del promedio nacional) y, al tiempo, un índice cercano al promedio de obesidad y sobrepeso (24,2 % frente al 24,4% del promedio nacional).

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Académicos también han relacionado el ser mujer y estar en condición de pobreza con mayor probabilidad de padecer obesidad y sobrepeso. El mismo estudio del DANE refleja que en los seis departamentos con mayor Pobreza Multidimensional (Vichada, Guainía, Vaupés, La Guajira, Chocó y Amazonas) las mujeres sufren en mayor proporción de esta condición. Paralelamente, la ENSIN 2015 revela que las mujeres se ven mayormente afectadas por índices de obesidad y sobrepeso, en concreto 22,4 % frente al 14,4 % de los hombres. Esto se puede deber a múltiples factores, siendo uno de ellos el tiempo que las mujeres deben de invertir en labores de cuidado no remuneradas, y el impacto que esto tiene en el poco tiempo para el ejercicio físico y la mayor propensión para elegir opciones de comidas no saludables.

Sectores con mayores dificultades socioeconómicas y que, al no poder alimentarse adecuadamente, están en un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, etc. En el corto plazo podrían enfrentar problemas de concentración, dificultades en su salud mental, entre otros. Al mismo tiempo, la falta de micronutrientes como hierro, zinc y vitamina A tiene efectos en su desarrollo neurológico y de aprendizaje.

Lo anterior disminuye sus oportunidades para ser competitivos académica y laboralmente, dificultando salir del círculo de pobreza. Es necesario que el Estado adopte medidas que hagan frente a esta nueva realidad nutricional y adopte políticas orientadas a la disminución y prevención de este fenómeno.

Con el fin de reducir esta doble carga, el Estado debería invertir en mecanismos de protección social y en políticas inclusivas que aseguren el acceso suficiente a alimentos de calidad. Por ejemplo, se podría contemplar el mantenimiento de programas sociales como el Ingreso Solidario, o políticas fiscales orientadas a mantener estos alimentos libres de IVA, o incluso subsidiar su consumo en ciertos grupos vulnerables. A largo plazo, invertir en el campo, favorecer los mercados campesinos y, en últimas, cumplir con las promesas del acuerdo de paz sobre la implementación de un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación son estrategias clave.

Igualmente, es necesario desestimular el consumo de aquellos productos no saludables. La Ley de Comida Chatarra es una oportunidad para que, mediante sellos frontales, se advierta a los consumidores del contenido de los productos que están llevando a su mesa. Igualmente, el impuesto a las bebidas endulzadas puede ser una herramienta efectiva para desestimular su consumo. No tomar decisiones que garanticen una mejor alimentación o retrasar la implementación de las mismas va en detrimento de nuestro derecho a la alimentación.