Hospitalidad cotidiana y chauvinismo constitucional

A pesar de nuestras violencias y tormentos, Colombia es un país alegre y hospitalario. Así lo reconocen algunos visitantes ilustres: por ejemplo, Daniel Pécaut, en sus maravillosas conversaciones con Alberto Valencia, señala que siempre que viene a nuestras tierras se siente “impresionado por la amabilidad de los colombianos, por el calor de las relaciones humanas”. En Colombia, acepta Pécaut, “renazco, creo incluso que me vuelvo simpático”.

La paradoja es que esa hospitalidad colombiana, que aún persiste pese al inaceptable incremento de la xenofobia contra los venezolanos, ha sido acompañada por un régimen jurídico poco generoso con aquellos extranjeros que deciden quedarse. Cuando estos migrantes o refugiados, que ya hacen vida en nuestro país y contribuyen a nuestro desarrollo, deciden nacionalizarse o naturalizarse, enfrentan un procedimiento difícil y tedioso. Conozco a varios extranjeros que llevan décadas en Colombia y quieren mucho al país, pero no se nacionalizan para evitar ese laberinto burocrático. Y aquellos que logran nacionalizarse padecen en todo caso otras limitaciones: la restricción de acceso a ciertos cargos públicos que están reservados para los colombianos por nacimiento.

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Un colombiano por nacimiento es quien nace en Colombia, de madre o padre colombiano o de un extranjero domiciliado acá, o que nace afuera pero de madre o padre colombiano y es registrado en el respectivo consulado, o que posteriormente se viene a vivir acá. Estas personas son automáticamente colombianas. En cambio, un colombiano por adopción es quien obtiene la nacionalidad luego del farragoso proceso de naturalización. Algunas pocas personas lo logran por un procedimiento exprés: por simple decisión presidencial, en ciertos casos por razones válidas, como la otorgada recientemente al gran escritor Sergio Ramírez, que había sido privado de su nacionalidad nicaragüense por Ortega; en otros casos, sin justificación clara, salvo la cercanía de la persona al presidente de turno.

Pero sucede que esos colombianos por adopción tienen limitaciones constitucionales o legales para acceder a ciertos cargos: no pueden ser presidente, ni vicepresidente, ni senadores, ni magistrados de ninguna alta corte ni del Consejo Electoral. Tampoco pueden ser fiscal, ni procurador, ni contralor, ni registrador. Tampoco pueden ocupar ciertos ministerios, como el de Defensa, ni ser oficiales ni suboficiales de la Fuerza Pública. Y estas no son todas las restricciones que enfrentan para ocupar cargos.

Yo entiendo que existan algunas limitaciones para que una persona recién nacionalizada ocupe ciertos altos cargos, sobre todo si fue una naturalización exprés. Pero, después de cinco o 10 años de ser colombiana por adopción, ¿qué sentido tiene que una persona no pueda ocupar altos cargos en el Estado si ya ha mostrado su lealtad y compromiso con el país? Por ejemplo, ¿por qué no puede llegar a magistrado algún profesor mexicano o alemán que haya decidido nacionalizarse, lleve 15 años aquí y a quien todo el mundo le reconozca su pulcritud y aptitud al cargo? ¿Por qué, en cambio, ese cargo sí puede ser ocupado por quien solo le aventaja por haber nacido en Bogotá y no en Berlín o México DF?

Esas restricciones a los colombianos por adopción me parecen irracionales. Son rezagos de ese país cerrado que fue Colombia hasta los años 70 y que persisten por pura inercia jurídica y burocrática. ¿No será ya el momento de eliminarlas en esta Colombia abierta y plural del siglo XXI? Basta una reforma que diga que, después de cierto número de años de haberse nacionalizado, un colombiano por adopción podrá acceder a todos los cargos hoy reservados a los colombianos por nacimiento.