Huelga de hambre por el hambre

La huelga anterior duró veinte días, finalizando el 20 de julio con la firma de un pliego de peticiones. El acuerdo que se consolidó entre el grupo de jóvenes y el Ministerio del Interior contemplaba la realización de diez mesas de trabajo con representantes del Gobierno que tuvieran poder de decisión, y así articular en conjunto con la sociedad civil una solución a la dramática situación de la Guajira, un departamento con altos índices de muerte por desnutrición y en donde el acceso al agua potable es bastante escaso y en algunos casos inexistente.

Para dimensionar lo que está pasando en esta región es indispensable contextualizar el drama humano que viven las y los jóvenes huelguistas en La Guajira. Este es un tema complejo, un entramado de múltiples causas socio-económicas, políticas y ambientales, que involucra a las autoridades en todos los niveles del Estado, los entes de control y a la sociedad en general.

Es una deuda histórica. En la última década han muerto cerca de 4770 niños y niñas por desnutrición. Según nuestras cuentas, con base en datos del Instituto Nacional de Salud, solo desde 2014 van unos 550, el 25 % de todos los menores fallecidos por esta misma causa en el país, a pesar de existir múltiples decisiones judiciales estructurales que amparan sus derechos fundamentales.

A esto contribuyen, por supuesto, factores climáticos como el cambio en la frecuencia de las lluvias y el volumen de las precipitaciones, especialmente en la Guajira media y alta -de tierra árida, clima difícil y vegetación escasa-, las cuales han debilitado la seguridad alimentaria de las comunidades, como también el limitado acceso a fuentes de agua para consumo humano. Sin embargo, es fundamental el rol nefasto del Estado en la región. La falta de inversión pública en infraestructura hospitalaria, escuelas, fuentes de agua, vías de acceso o vivienda digna, se suman la corrupción, racismo estructural y la desarticulación entre las instituciones, que complementan este cóctel multicausal.

Es paradójico que en una región que recibe cuantiosas regalías por cuenta de la explotación de carbón a cielo abierto en la Guajira baja -entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá-, haya altísimos índices de necesidades básicas insatisfechas (53 %), pobreza multidimensional (40 %) y miseria (30 %), sin hablar en particular de hacinamiento, servicios públicos, empleo o salud. Este panorama, que ya es alarmante, se recrudece hacia las zonas rurales, empeorando también a medida que avanzamos hacia el extremo norte del departamento.

Como dijimos, la situación ha sido reconocida, no sólo por antropólogos, historiadores y defensores de derechos humanos, sino también por la misma Corte Constitucional, enfáticamente en la sentencia T-302 del 2017, donde declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en la Guajira. Allí encontró una vulneración sistemática y generalizada de los derechos al agua potable, la alimentación adecuada, a la salud y a la participación, como consecuencia de la inacción del Estado que ha permitido la muerte de tantos niños y niñas Wayúu en la región.

Al inicio de la pandemia actual veíamos también con gran preocupación la situación de las comunidades en la media y alta Guajira (las más vulnerables), por cuenta del incumplimiento de diferentes decisiones judiciales -dejándolas sin acceso al agua mínima para el lavado de manos, por ejemplo-, sumado a las consecuencias de las medidas nacionales de aislamiento, que limitaron actividades económicas básicas como el comercio de artesanías. Una paradoja entre la subsistencia diaria y el cuidado.

Con la misma preocupación, el 24 de septiembre la Corte Constitucional, junto con expertos en agua, salud y alimentación, llevó a cabo una inspección judicial a seis comunidades de la Guajira, para evidenciar de primera mano el desarrollo del cumplimiento de la sentencia y los efectos producidos por la pandemia. Los resultados revelaron que estamos muy lejos de superar el Estado de Cosas Inconstitucional. La Corte visitó comunidades donde encontró condiciones que no corresponden a lo mínimo solicitado por la Corte en su dictamen, especialmente en lo relacionado con el mínimo de cobertura de agua potable por niño o niña.

La garantía de agua potable ha pasado, afirmó el Viceministerio de Agua en la inspección, de un 4 % de cobertura a un 20 %. Entonces, pese al avance significativo que esto representa, un 80 % de las personas que son sujetos protegidos siguen teniendo que recurrir a alternativas poco salubres para acceder a agua. La misma situación se repitió en relación con la garantía del derecho a la alimentación de niños y niñas menores de cinco años: no se ha construido en conjunto con las comunidades un mecanismo que garantice una alimentación que respetuosa de los parámetros culturales de las poblaciones indígenas, ni se evidenciaron proyectos que promuevan la seguridad alimentaria. Quedó, al final, un sabor amargo a indignación y frustración.

¿Y qué reclaman hoy estos jóvenes? Buscan establecer mecanismos de diálogo genuino entre el gobierno nacional, local y las comunidades, que permitan desarrollar políticas públicas pensadas en clave con las necesidades de La Guajira.

Resaltan tres puntos:

1. Alimentación a primera infancia, específicamente que sean ampliadas las coberturas que buscan garantizar este derecho a niños y niñas menores de cinco años.

2. Garantía del derecho al agua potable, pues aunque el Gobierno nacional le ha apostado a las pilas públicas para garantizar el acceso a agua en La Guajira, la mayoría de las comunidades siguen sin tener este recurso a disposición.

3. Garantías en las consultas previas que permitan la participación real de las comunidades, en lo relativo al desarrollo de proyectos energéticos. Dejando atrás mecanismos que buscan cumplir de forma meramente procedimental, invisibilizando la participación activa de las comunidades y que obstaculizan una solución real y sostenible.

La respuesta del Gobierno, sin embargo, no ha sido entablar diálogo genuino y honesto. Por el contrario, los representantes del viceministerio de Interior afirman que los jóvenes no son interlocutores legitimados para el diálogo, especialmente en lo relativo a la sentencia T-302 del 2017, además de la imposibilidad de negociar ante la presión de la huelga de hambre.

No nos queda duda, entonces, de que esta huelga de hambre es la desgarradora declaración de un grupo de jóvenes pacíficos, valientes, hijos de un territorio de resistencia histórica, que buscan soluciones definitivas a una realidad difícil, paralizante, apelando sobre todo al diálogo democrático. Esperamos que el Gobierno nacional esté a la altura de esta conversación necesaria, con la convicción real de, por fin, honrar su palabra y cumplir con los compromisos pasados y futuros, que ojalá sean los últimos.