Igualdad viciosa vs. igualdad virtuosa

La semana pasada escribí sobre la ausencia de reglas claras para ordenar a los profesionales del derecho (jueces, litigantes, notarios, profesores de Derecho, etc.). Hace cuatro décadas o más los abogados en Colombia gozaban de prestigio, eran pocos, provenían casi todos de las clases media y alta, y estudiaban en universidades de buena calidad, todo lo cual propiciaba una cierta autorregulación ética y social. Hoy, en cambio, cuando más del 75 % de los egresados proviene de facultades de Derecho de muy baja calidad, se ha producido (contra la aristocracia de antes) una especie de democratización viciosa de la profesión, que se origina en las prácticas clientelistas de los menos preparados. Es preferible, decía yo pensando en esto, una aristocracia que funcione bien a una democracia que funcione mal. Pero mejor que esas dos opciones es una democratización virtuosa, fundada en el mérito y que permita el acceso de estudiantes de todos los estratos y todas las condiciones.

Recibí muchos comentarios a esta columna y entre ellos el de un juez amable del departamento de Antioquia que se lamenta de que yo no me refiera a los avances que se han hecho en la rama judicial para mejorar la calidad de los jueces a través, por ejemplo, de la Escuela Judicial. Dice este juez, además, que desconozco el hecho de que, para ser juez o magistrado, hay que llenar requisitos. Para ser juez municipal se necesitan dos años de experiencia, cuatro años para juez de circuito y ocho para magistrado del tribunal. A todo esto se agrega un curso de formación en la Escuela Judicial precedido de un examen eliminatorio. Todo eso es cierto, pero estas exigencias (del curso y del examen) se refieren a jueces que entran a la carrera judicial, no a los jueces provisionales, que solo deben tener dos años de experiencia. En el año 2016 estaban en esta condición de provisionalidad el 43 % de los jueces de la jurisdicción ordinaria, el 38 % de la jurisdicción contencioso-administrativa y el 17 % de los magistrados de tribunales administrativos. Cuando digo que en Colombia se puede ser juez o magistrado sin mayores requisitos me refiero a estos cargos de provisionalidad que, si bien no son una mayoría, representan porcentajes muy significativos del total de jueces y magistrados.

Reconocer estos problemas de regulación no significa omitir el hecho de que la mayoría de los jueces en Colombia están bien preparados y asumen sus cargos con responsabilidad y en defensa de valores éticos y constitucionales (algo parecido ocurre con los litigantes, los notarios, etc.). Pero una profesión como esta, que tiene tanta incidencia social e institucional, no puede funcionar bien con la sola buena voluntad y sentido del deber de la mayoría de las personas que la componen. Se necesita, además, que existan reglas de juego claras y estrictas, que impongan estándares de calidad en todos los ámbitos de la profesión, empezando por la formación misma de los abogados y siguiendo con el examen de Estado y la colegiatura obligatoria para los litigantes, y la creación de carreras profesionales más estrictas para jueces, notarios y profesores de Derecho.

Si se logran estos controles, el ascenso profesional estará regido por el mérito y no, como en buena medida ocurre hoy, por las palancas y el tejemaneje clientelista de jueces mediocres. Ya no tenemos, como pasaba antes, una profesión cerrada, en las manos de unos pocos privilegiados que ingresaban a las facultades de Derecho. El acceso a la profesión se ha democratizado. El problema es que eso se ha conseguido a costa de una igualdad viciosa, fundada en los favores, y no gracias a una igualdad virtuosa, fundada en el mérito.