Independencia judicial democrática

Nunca he podido verificar qué quiso decir Jouy con esta frase, pero supongo que su idea era esta: los magistrados que están en el piso bocabajo están subyugados por el Gobierno, los que están de pie militan a favor de sus propias causas, y los otros, los sentados, deciden de manera reposada, reflexiva e imparcial. ¿Cuál de estas tres imágenes representa mejor a los magistrados colombianos? Yo creo que es la de los magistrados que están de pie. Me explico.

A mediados del siglo pasado la justicia colombiana se independizó del poder político, y ello gracias a que el Plebiscito de 1957 impuso el mecanismo de la cooptación, el cual permite que las vacantes para magistrados sean provistas por ellos mismos. Desde entonces tenemos la justicia más independiente del poder político en América Latina. Cuando uno observa lo que ocurre hoy en Venezuela o en Ecuador, donde los jueces deciden bajo la mirada amenazante de los gobiernos, entiende lo valioso que es para la justicia no tener que obedecer al Gobierno de turno.

Sin embargo, la justicia colombiana adolece de dos problemas graves. En primer lugar, es demasiado endogámica. Esto significa que los jueces y magistrados no sólo se nombran entre ellos sino que se gobiernan solos, sin la participación de agentes externos, como si la justicia fuera un asunto simplemente judicial. La endogamia, además, y este es el segundo problema, hace que los jueces y magistrados se crean intocables y por ello no sientan la obligación de rendir cuentas a la sociedad.

Ambos defectos alimentan una idea distorsionada de independencia judicial, caracterizada por un alto grado de autonomía y un bajísimo grado de rendición de cuentas. Esto es lo que se llama una “independencia corporativa”, en contraste con una independencia democrática, que es aquella en la cual existe autonomía para gobernarse pero con un alto grado de rendición de cuentas.

El proyecto de equilibrio de poderes que acaba de entrar a segunda vuelta en el Congreso intenta remediar estos dos males. Con tal propósito, suprime el Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar introduce un diseño más gerencial. Es muy probable que esto mejore la situación actual. Sin embargo, no parece haber un cambio significativo que garantice la independencia democrática de la justicia. Para lograr este objetivo sería necesario, entre otras cosas, que las nuevas instituciones del gobierno judicial, sobre todo la llamada Sala de Gobierno, incluyeran a representantes de los abogados, de los profesores de derecho y por supuesto del Gobierno Nacional, empezando por el Ministerio de Justicia.

Los magistrados colombianos suelen oponerse a esta idea con el argumento de que ello limita su independencia. Sin embargo, los estudios comparados en esta materia muestran justo lo contrario. En casi todos los países desarrollados la organización que gobierna la justicia es incluyente y abierta a la sociedad. Esta apertura no sólo no es vista como un atentado contra la independencia judicial sino como un mecanismo que incrementa la transparencia y la legitimidad de los jueces.

Ojalá que en los próximos debates para decidir la suerte del proyecto de equilibrio de poderes se logre una fórmula adecuada que, para ponerlo en los términos de Jules Jouy, haga que los magistrados colombianos se sienten en sus sillas y decidan de manera reflexiva e imparcial.