Inercia paralizante

El tema de las facultades de derecho y de las profesiones jurídicas (notarios, jueces, profesores de derecho, litigantes, etc.) no es fácil de tratar. Si bien existe un consenso sobre los problemas que afectan a la profesión, el desacuerdo sobre cómo resolverlos es abrumador. Digo esto después de haber participado esta semana en un intenso debate sobre el tema, con expertos nacionales e internacionales.

Empiezo por enumerar los problemas: 1) falta de control estatal, no sólo en relación con la educación legal, sino con el ejercicio profesional; 2) segregación social, originada en la separación entre unas pocas facultades de derecho costosas y de calidad y una gran mayoría de facultades masificadas, de bajo costo y baja calidad; 3) atomización en pequeños feudos asociados con las facultades de derecho y sus redes judiciales y profesionales, y 4) mercantilización del ejercicio profesional, acompañado de un deterioro del sentido público de los abogados y de su compromiso con la justicia.

La gran mayoría de los estudiosos del derecho comparten este diagnóstico y saben que es urgente remediar estos problemas. Sin embargo, a la hora de pensar en qué se debe hacer, el consenso se desbarata. Esta dificultad es, ella misma, una expresión del problema. Me explico: la falta de regulación propicia la privatización del ejercicio profesional, lo cual crea grandes diferencias de calidad y costo, que son el principal obstáculo para que los protagonistas de la profesión (decanos, jueces, profesores, notarios, litigantes) dejen de lado sus afiliaciones particulares (ligadas a las facultades de derecho y a sus redes de poder) y piensen en el derecho como una profesión pública, directamente vinculada con la calidad de la justicia y del Estado de derecho. Lo digo brevemente: la feudalización de la educación y la mercantilización del ejercicio profesional congelan todo intento de reforma.

En un entorno así nadie quiere que lo regulen: las facultades de élite temen que las facultades de bajo costo y calidad les impongan (con el argumento democrático) un cambio en su manera de ver el derecho y de enseñarlo. Y las facultades de bajo costo y baja calidad, a su vez, temen que las facultades de élite les impongan estándares de calidad que ellas no pueden cumplir. Las unas le temen a la democracia y las otras a la aristocracia, con lo cual el resultado es una inercia paralizante que justifican invocando la autonomía universitaria, como si ésta sí fuera un derecho sagrado. Pero esta invocación no tiene fundamento en el caso del derecho, la carrera que más incide en la calidad de las instituciones del Estado y de la justicia. La mediocridad no puede ser una expresión de la autonomía universitaria; la exclusividad tampoco.

¿Qué hacer entonces? Pues la única solución es que las partes involucradas cedan un poco en beneficio del interés general. Quienes defienden la opción aristocrática deben tener en cuenta que las facultades de derecho de bajo costo y calidad son, en su mayoría, fruto de la incapacidad del Estado para ofrecer educación pública barata y de buena calidad, y que los miles de estudiantes que allí estudian no tuvieron otra alternativa.

Quienes defienden la opción democrática, por su parte, deben saber que una imposición de las mayorías implicaría una nivelación por lo bajo, lo cual sería inaceptable dada la incidencia que la profesión tiene en la justicia y el Estado.

Hace falta, además, que el tercer actor de esta pieza, es decir, el Estado, asuma sus responsabilidades sacando adelante una regulación adecuada y sobre todo ampliando la oferta de educación pública de calidad.