Jefe de Estado y separación de poderes

Un compromiso genuino con la separación de poderes y la democracia constitucional implica defender sus principios y reglas fundamentales frente a embestidas tanto de la derecha como de la izquierda o del centro. Por eso, quienes criticamos los ataques del entonces presidente Uribe contra las cortes, o las tentativas del entonces presidente Duque de cooptar los organismos de control, deberíamos igualmente cuestionar duramente la declaración del presidente Petro la semana pasada de que, como es jefe de Estado, entonces es jefe del fiscal general, por ser éste un órgano estatal.

Esta tesis de Petro, a pesar de que parece formalmente lógica, es jurídicamente equivocada.

A diferencia de otros países, como Estados Unidos, en que el fiscal o Attorney General hace parte de la rama ejecutiva, en Colombia el fiscal general es independiente y hace parte de la rama judicial, por lo cual no está subordinado al presidente, quien no es su jefe.

Es cierto que en Colombia el presidente no solo es jefe de gobierno, sino también jefe de Estado. Pero eso no significa que sea jefe de los otros órganos estatales por cuanto eso acabaría la separación de poderes, que es un principio constitucional medular. Por eso la tesis de Petro era absurda, además de peligrosa, pues lo hacía jefe de las cortes, del Congreso y de todos los órganos estatales. Todo el poder concentrado en sus manos.

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¿Qué sentido tiene entonces que el presidente sea, además de jefe de gobierno, jefe de Estado? Significa básicamente que el presidente en ese rol simboliza la unidad nacional y representa internacionalmente a Colombia. Debe jugar un papel integrador. En cambio, cuando actúa como jefe de gobierno, el presidente encarna una opción política particular que triunfó electoralmente y por ello defiende sus políticas y cuestiona a sus críticos, incluso si eso resulta divisivo.

Estos roles de jefe de Estado y de gobierno pueden entrar en conflicto y por eso en los regímenes parlamentarios, sabiamente, están separados: el jefe de gobierno es el primer ministro mientras que el jefe de Estado es un monarca o un presidente, que no implementan políticas sino que son factores de cohesión nacional. El régimen presidencial une ambas funciones, lo cual genera a veces discusiones de cuando el presidente actúa en uno u otro rol, pero nunca significa que el presidente sea jefe de los otros poderes. Eso es atribuirle a la expresión “jefe de Estado” un significado jurídico absurdo por cuanto es incompatible con la separación de poderes.

Afortunadamente el presidente Petro aceptó en un comunicado el regaño de la Corte Suprema y reconoció que la Fiscalía, al hacer parte de la rama judicial, era independiente y dijo inequívocamente que la respetaría. Y luego se reunió con los presidentes de las altas cortes, con lo cual reafirmó su respeto a la independencia judicial.

La infortunada controversia entre Petro y el fiscal Barbosa podría entonces tener un resultado final bueno: una reafirmación por el presidente Petro de su compromiso con el Estado de derecho y de su respeto a la independencia judicial, que son principios que todos debemos defender, a pesar de nuestras diferencias políticas. La razón: la democracia constitucional es en el fondo un acuerdo esencial para que opciones políticas distintas, incluso antagónicas, puedan coexistir y alternarse pacíficamente en el poder.

(En otros espacios he comentado y comentaré el exagerado y pobre papel del fiscal Barbosa en este conflicto. Basta decir que pasó de ser el escudero de Duque a ser el opositor de Petro. Ambas actitudes son incompatibles con la independencia que un fiscal general debe tener frente al gobierno: ni su amigo ni su opositor).