El pasado 12 de julio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no sólo respaldó nuevamente a la JEP, sino que celebró sus avances en la judicialización de dos de los crímenes más atroces del conflicto armado: los secuestros cometidos por las Farc y los llamados “falsos positivos”, esto es, los asesinatos por integrantes del Ejército de jóvenes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Es “un hito en el proceso de paz colombiano y un referente para la justicia transicional en el mundo”, dijo Carlos Massieu, el jefe de la Misión para la Paz en Colombia. Todos los integrantes del Consejo de Seguridad, que es el órgano más poderoso de Naciones Unidas, compartieron esa valoración.
Este aplauso a la JEP está plenamente justificada por las tres decisiones trascendentales tomadas por la Sala de Reconocimiento en este campo en este año: primero, el Auto 19/21, en que la JEP atribuyó a todos los integrantes del antiguo secretariado de las Farc responsabilidad por
más de 20.000 secuestros y por el trato inhumano que esas personas padecieron durante su cautiverio, incluyendo el asesinato y la desaparición de muchas de ellas. Segundo, el Auto 033/21, que evaluó la magnitud de los “falsos positivos”, mostrando que eran más de 6.000, y señaló su
estrategia de judicialización de esos casos. Finalmente, el
Auto 125/21 de la semana pasada que se concentró en los más de 140 falsos positivos cometidos en la región de Catatumbo por el Batallón de Infantería Santander y la Brigada Móvil 15 y atribuyó responsabilidad por esos crímenes a diez personas, incluyendo varios militares de alto rango: un brigadier general, dos coroneles y dos tenientes coroneles.
La estrategia de judicialización de estos crímenes ha sido diversa: en el secuestro, la JEP decidió ir de arriba a abajo, por lo cual empezó por los grandes jefes, esto es, por el secretariado de las Farc, y luego judicializará a los comandantes de frentes. En falsos positivos, la JEP optó por ir de abajo a arriba y empezó por los casos regionales, como el Catatumbo, para luego establecer las responsabilidades nacionales. Esta diversidad de estrategia deriva de que los exjefes de las Farc han aportado mucha verdad y han reconocido sus responsabilidades, por lo cual la JEP podía empezar por la cúpula, pero eso no ha sucedido frente a falsos positivos.
A pesar de esa diferencia de estrategia, todas estas decisiones judiciales, que son de libre acceso, comparten las mismas virtudes: a través del contraste riguroso de diversas fuentes (versiones de desmovilizados o de exmilitares, testimonios de víctimas, informes de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad civil, etc.), la JEP reconstruye, como no lo ha hecho ninguna decisión judicial previa, la magnitud de estos crímenes, sus impactos sobre las víctimas y sus familias, las pruebas de responsabilidad de los imputados y las dinámicas que alimentaron esas atrocidades y las volvieron ataques sistemáticos contra la población, por lo cual las califica no sólo de crímenes de guerra sino también de crímenes de lesa humanidad.
Obviamente subsisten aún muchos desafíos en estos casos, como que las sanciones propias de restricción de la libertad que se impongan a quienes reconozcan su responsabilidad sean cumplidas y verificadas en forma rigurosa. Pero estas decisiones de la JEP son históricas, por lo cual repito lo que dije en
otra columna sobre el tema: nunca antes, ni en Colombia ni en el mundo, una guerrilla que no había sido derrotada militarmente y un Estado cuyos agentes habían cometido atrocidades habían aceptado someter sus crímenes al juicio de un tribunal imparcial. Estamos avanzando hacia una paz con verdad y con justicia que no tiene precedentes.
Columna de Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, publicada originalmente en El Espectador.
