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Siniestros viales

Es necesario que, para los siguientes años, se cuente con una política orientada a la protección de la vida y la salud de los diferentes usuarios en las vías. | Javier Cebollada, EFE

En los últimos 10 años las cifras de siniestralidad vial no han mejorado y hasta la fecha no ha existido una estrategia que permita reducir los fallecimientos en las vías. Por lo que las decisiones en política pública que se tomen en este momento y el rol que asuma sector de transporte del nuevo Gobierno serán claves para poder abordar esta problemática de salud pública que ha perdurado en los últimos años.

En los últimos 10 años las cifras de siniestralidad vial no han mejorado y hasta la fecha no ha existido una estrategia que permita reducir los fallecimientos en las vías. Por lo que las decisiones en política pública que se tomen en este momento y el rol que asuma sector de transporte del nuevo Gobierno serán claves para poder abordar esta problemática de salud pública que ha perdurado en los últimos años.

Colombia cerró el 2021 con 7.270 personas fallecidas en siniestros viales, el año con mayor número de fatalidades en las vías de este siglo. Y de acuerdo con los últimos informes del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para mayo de 2022 la cifra ya asciende a 3.102 fallecimientos, representando un aumento del 19% comparado con el mismo periodo del 2021. Lo que sigue manteniendo a los siniestros viales como la segunda causa de muerte en nuestro país y a los jóvenes (15 – 30 años) como el actor más vulnerable en las vías.

Los jóvenes, quienes representan el motor de la economía y el desarrollo de un país, son contradictoriamente, quienes encabezan las cifras de muertes en el tránsito, sufriendo consecuencias en la pérdida de años productivos y en la dificultad de acceso a oportunidades en educación, recreación y desarrollo integral. Entre 2010 – 2019, más de 20.000 jóvenes murieron a causa de un siniestro vial.

En especial se destaca el aumento de fallecimiento en usuarios de motocicleta que representan el 59,5 % del total de las víctimas fatales.Las ciudades con mayor incremento del número de fallecidos para el 2021 comparado con el 2019,  fueron Cartagena (con un incremento de 30%), Santa Marta (28%) y Valledupar (25%).


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Estas cifras son preocupantes, ya que evidencian una tendencia al incremento, especialmente con el aumento de compra de motocicletas en el país, el uso de estas como vehículo familiar y de trabajo, su venta sin estándares mínimos de seguridad y la falta de infraestructura vial adecuada. Todos, elementos necesarios para la protección de la vida de sus ocupantes y de los demás usuarios viales.

A pesar de que los siniestros en las vías se han ubicado por años como la segunda causa de muerte en nuestro país, sigue sin estar en la prioridad de la agenda de política pública para los próximos años. Dicha política ha presentado vacíos, y sigue presentando estos hechos como cifras aisladas y no como una problemática de salud pública que se lleva consigo la vida de miles de motociclistas, peatones, ciclistas y usuarios de vehículos.

Es necesario que, para los siguientes años, se cuente con una política orientada a la protección de la vida y la salud de los diferentes usuarios en las vías. Para ello, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, estableció como meta principal disminuir a la mitad los siniestros viales bajo el enfoque del sistema seguro. Esta política establece que las muertes y lesiones en el tránsito son prevenibles. Bajo la premisa de que los conductores cometen errores, pero no por ello deben perder la vida. El sistema vial debe estar diseñado para mitigar y compensar ese error humano, y propiciar el uso de modos sostenibles de transporte. En especial se debe poder trabajar en los diferentes factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir un siniestro. En el caso de Colombia es fundamental trabajar en la gestión de la velocidad, el cual ha sido identificado como una de las tres principales causas de siniestros viales, junto al irrespeto a las señales de tránsito y la conducción bajo los efectos del alcohol. Para ello, se debe contar con la infraestructura y las medidas de control adecuadas que permitan hacer efectivos los límites establecidos en la ley.

En los últimos 10 años las cifras de siniestralidad vial no han mejorado y hasta la fecha no ha existido una estrategia que permita reducir los fallecimientos en las vías. Por lo que las decisiones en política pública que se tomen en este momento y el rol que asuma sector de transporte del nuevo Gobierno, a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, serán claves para poder abordar esta problemática de salud pública que ha perdurado en los últimos años.


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