Jueces, policía, derechos y delincuencia

Dicen que a todos nos gustan los derechos humanos hasta que un día somos víctimas de la delincuencia. Y que entonces empezamos a criticarlos pues los vemos como obstáculos en la lucha contra el crimen. Hasta que otro día sufrimos un grave abuso policial y entonces volvemos a reivindicarlos pues entendemos que son garantías contra la arbitrariedad estatal.

Este dicho expresa la tensión que existe en un orden constitucional entre los derechos de las personas y el poder de las autoridades. Si las autoridades no tienen instrumentos suficientes, entonces la delincuencia puede envalentonarse y aumentar, aunque el crimen tenga causas múltiples y complejas. Pero si el poder de las autoridades es excesivo y carece de controles, entonces los riesgos de arbitrariedad son grandes.

Este dilema de cómo evitar, como decía Bolívar, los extremos de la tiranía y la anarquía está en el corazón de la reflexión constitucional. La mejor respuesta ha sido la separación de poderes y, en particular, la independencia judicial. Las autoridades políticas y la policía deben tener instrumentos para lograr la seguridad y combatir el crimen, pero están sometidas al control de jueces independientes, cuya función esencial es asegurar que esas autoridades no desborden su competencia ni violen nuestros derechos.

Relacionado:

Política pública LGBT: eternamente atorada

En tal contexto, las declaraciones coincidentes de la alcaldesa de Bogotá y del ministro de Justicia contra los jueces penales, en especial los jueces de garantías, son lamentables. La alcaldesa López criticó que, según sus datos, ocho de cada diez capturados por la policía fueran liberados por los jueces y agregó que si “la justicia no se pone del lado de la ciudadanía sino del lado de la impunidad, va a ser muy difícil recuperar la seguridad”. Por su parte, el ministro Ruiz señaló que los jueces no debían estar “pegados de la norma” y debían enviar a los capturados a la cárcel. Ninguno de los dos funcionarios se refería a personas condenadas; ambos quieren que personas capturadas pero no condenadas sean detenidas preventivamente mientras son juzgadas.

Estos funcionarios incurren al menos en cuatro errores: i) ambos suponen que las capturas policiales no son nunca arbitrarias, lo cual es más que discutible; ii) ambos desconocen que la detención preventiva debe ser excepcional pues las personas no están condenadas; iii) ambos invitan tácitamente a los jueces a desconocer la ley para meter en la cárcel a todo capturado, y iv) ambos minimizan la situación atroz de nuestras cárceles. Es mejor, dijo López, que los criminales estén “apretaditos en las cárceles” que libres en las calles. Y agregó Ruiz, haciéndole coro, que ahora hay cupos pues el hacinamiento ha bajado. Pero las personas en las aún hacinadas cárceles colombianas no están “apretaditas” sino en condiciones atroces, por lo cual la Corte Constitucional señaló, en la Sentencia T-388 de 2013, que existía una violación sistemática de sus derechos, que no ha sido aún corregida. Esto no sólo es indigno sino que es pésimo en términos de seguridad: en esas condiciones atroces, ¿quién va a resocializarse? ¿Podemos sorprendernos de la alta tasa de reincidencia en Colombia?

Finalmente, es muy grave que dos altos funcionarios del Ejecutivo estigmaticen a los jueces llamándolos amigos de la impunidad si liberan a un capturado por considerar que así lo ordena la ley. Los jueces deben poder decidir, en forma independiente y conforme a derecho, sin temor a represalias. De ello dependen nuestras libertades. Por eso, como dijo el gran jurista uruguayo Eduardo Lacouture: “El día en que los jueces tienen miedo, ni un solo ciudadano puede reposar tranquilo”. ¿Es esa la seguridad pretendida por la alcaldesa y el ministro?

Relacionado:

Corte Constitucional: congresistas deben declarar cuando tengan conflicto de interés con sus financiadores de campaña