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El Ministerio de Salud calculó que, en 2013, el costo de los casos de diabetes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas fue $740.000 millones. | Iván Stephen / EFE

Una economía de mercado merece ese nombre si los consumidores tienen información veraz sobre los productos que les ofrecen. Uno no puede elegir libremente —y menos los niños— si lo hace con base en información falaz.

Una economía de mercado merece ese nombre si los consumidores tienen información veraz sobre los productos que les ofrecen. Uno no puede elegir libremente —y menos los niños— si lo hace con base en información falaz.

Según el Diccionario de la Real Academia, un jugo o zumo es un “líquido de las hierbas, flores, frutas u otras cosas semejantes, que se saca exprimiéndolas o majándolas”. Así que, para el sentido común y los expertos en la lengua, un jugo de frutas es básicamente la fruta misma, convertida en líquido al exprimirla o machacarla.

Sin entrar en disquisiciones metafísicas o culinarias, es claro que un jugo no deja de serlo por tener algo de otro líquido, como agua o leche. Pero tampoco se necesita ser ingeniero de alimentos para saber que otra cosa es una bebida artificial que solo tiene 14 % de fruta diluida en agua, azúcar y químicos. Si alguien dijera que eso es un jugo de frutas, los demás dirían que se trata de un engaño.

Pues bien: esa es la propaganda que la industria de bebidas azucaradas le ha vendido durante años al público, de forma artificiosa e incluso ilegal. Más grave aún: se la ha vendido a los consumidores más vulnerables, los niños y niñas que creen literalmente que una bebida los convierte en campeones. O que un refresco “tiene frutas de verdad”, “te hace crecer y aprender”, “es jugo”, “ideal para niños”, como lo dicen anuncios de Hit (de Postobón) y Frúper (de Alpina), dos productos cuyo contenido de frutas no pasa del 14 % y tienen exceso de azúcares, según conceptos técnicos de nutricionistas de las universidades Javeriana y Nacional.

Me preguntarán por qué le dedico una columna a los jugos y vuelvo al debate sobre la comida chatarra, que parecen menores, asuntos de niños. En realidad, hoy está claro que la regulación de la comida y la publicidad es un tema económico trascendental, en el que se juegan derechos fundamentales, como lo muestra una tutela que interpuso Red PaPaz, con el apoyo de Dejusticia, contra la publicidad engañosa de Hit y Frúper.

Una economía de mercado merece ese nombre si los consumidores tienen información veraz sobre los productos que les ofrecen. Uno no puede elegir libremente —y menos los niños— si lo hace con base en información falaz. Por eso preocupa que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encargada de sancionar la publicidad engañosa, no haya actuado ante las quejas que interpusieron Red PaPaz y 36.000 padres de familia contra esos productos el año pasado.

En la industria de los jugos y la comida artificial también se juegan intereses públicos y derechos esenciales. Según la Organización Mundial de la Salud, la publicidad de esos productos contribuye directamente a la obesidad infantil, que va en aumento en Colombia y otros países, y está asociada a enfermedades crónicas y muertes prematuras que representan un costo muy considerable para el sistema de salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud calculó que, en 2013, el costo de los casos de diabetes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas fue $740.000 millones.

Lo paradójico es que, a la vez que circula la publicidad engañosa, la SIC y sectores de la industria han buscado censurar los anuncios pedagógicos de organizaciones como Educar Consumidores, que revelan los contenidos reales de las bebidas azucaradas. Habrá que acompañar a los padres de familia y las acciones judiciales que intentan cambiar este mundo al revés.

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