Justicia para la paz

El apretón de manos entre un presidente en ejercicio y el máximo líder de la guerrilla más vieja del mundo bien puede ser la imagen del año. Y más allá de eso, las declaraciones de cada uno: sobrias, lejanas al triunfalismo y respetuosas con las víctimas, dan esperanza concreta de que el comunicado es sincero. Que están comprometidos de manera genuina con darle contenido mediante hechos concretos.

El sistema de justicia del que presentaron unos rasgos muy generales, que obviamente deberán ser sujetos a reglamentaciones y aclaraciones, se aleja radicalmente de lo que pretendían las Farc cuando se sentaron a la mesa. Diametralmente distinto al ofensivo “quizás, quizás, quizás” y al “ni un día de cárcel”. Es un sistema robusto y complejo, si bien podrá ser criticado de ser incompleto. No existe acuerdo perfecto y este caso no es la excepción. Pero es el acuerdo que fue posible y que es posible hacer cumplir.

Si se mira con detenimiento, una serie de características del acuerdo son prometedoras. Para empezar, el sistema combina elementos de justicia retributiva con otras medidas extrajudiciales. No es una fórmula de sometimiento, ni parece ser una burla a los derechos de las víctimas. El tribunal, que se conformará principalmente con jueces colombianos y con algunos internacionales, no desechará la información y los procesos existentes. No es partir de cero, pues parte de la base de las investigaciones del sistema de justicia colombiano.

Además,  el sistema está ligado a la contribución efectiva con la paz y los derechos de las víctimas. Entre mayor contribución, mayores beneficios. Aquellos que reconozcan tarde, por ejemplo, deberán ser privados de la libertad en condiciones ordinarias hasta por ocho años. Y los que no lo hagan podrán ser condenados hasta por 20 años.

En tercer lugar, como parte de una paz negociada, el acuerdo establece que no habrá juzgamiento de todos los delitos y, por tanto, establece que habrá una amnistía por delitos políticos y conexos. No obstante, y respetando el derecho internacional, excluye de esta amnistía a los crímenes atroces.

Las penas intentarán combinar, de manera creativa, una sanción de privación de la libertad con medidas restaurativas que contribuyan a la reparación de las víctimas. Con esto se promueve tanto el reconocimiento de los ex combatientes  de sus actos, así como su compromiso con las víctimas, como se abre una puerta a la reconciliación y a la reconstrucción de su proyecto político, pero sin la armas.

No solo los guerrilleros desmovilizados harán parte del sistema. Éste estará abierto para acoger a todos aquellos que hicieron parte del conflicto, directa o indirectamente. Por tanto deberá incluir medidas similares, pero diferenciadas para agentes de Estado y para terceros responsables, como aquellos actores privados que se lucraron de la violencia. Entre más integral sea el acuerdo, entre mayor inclusividad logre, mayor posibilidad de que sea sostenible: de que se convierta en una garantía para un nunca más.

Una cosa es importante de ser aclarada: ni lo acordado en justicia cierra la negociación, ni el acuerdo final con las Farc, por sí solo, decreta la paz. Pero si nos aleja de la guerra y nos abona el terreno para empezar a construir una sociedad en paz. El 23 de marzo, el día que se pactó para la finalización de las negociaciones y el cierre definitivo del acuerdo, será otro día histórico. Ese día empezará una transformación que depende de toda Colombia, no solo de los que ese día se den el apretón de manos en La Habana.