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Cualquier reforma judicial en Colombia debe no sólo proteger sino profundizar nuestra independencia judicial para que ésta sea democrática y no corporativa.  

Cualquier reforma judicial en Colombia debe no sólo proteger sino profundizar nuestra independencia judicial para que ésta sea democrática y no corporativa.  

Explico lo que puede sonar como un trabalenguas.

En Colombia ha habido a veces interferencias indebidas del Gobierno o los políticos sobre los jueces, pero en realidad nuestra justicia ha sido notablemente independiente, en especial frente al Ejecutivo, en comparación al resto de América Latina.

Eso ha permitido que la Corte Constitucional anulara la posibilidad de una segunda reelección presidencial, que hubiera afectado gravemente nuestra precaria democracia; o que la Corte Suprema haya investigado y condenado a decenas de parapolíticos; o que el Consejo de Estado haya condenado al Estado a reparar a las víctimas de torturas o desapariciones cometidas por agentes estatales. O que muchos jueces hayan tutelado los derechos de personas humildes frente a la desidia o los atropellos de las autoridades.

Estas notables actuaciones de la justicia colombiana son impensables en otros países vecinos.

Esa independencia de la justicia frente al Gobierno debe ser defendida y profundizada. Por eso es riesgosa la propuesta de revocatoria de todos los magistrados de las cortes, pues el resultado sería casi inevitablemente que, por la ausencia de un mecanismo para reemplazar a estos magistrados, el presidente terminara teniendo una influencia decisiva en la reconfiguración de las cortes, como sucedió en Venezuela o Ecuador.

Pero el riesgo a la independencia judicial no proviene sólo de la Presidencia, sino de al menos otras dos fuentes.

Primero, por las facultades nominadoras de las cortes, que ha llevado a que se establezcan intercambios de favores y nombramientos entre los magistrados y otros organismos. Por ejemplo, como lo documentamos en la demanda contra su reelección, el procurador nombró y mantuvo en altos cargos de libre nombramiento a familiares de magistrados de la Corte Suprema que lo ternaron. Sin los votos de esos magistrados, Ordóñez no hubiera podido ser reelegido. Estos intercambios de favores atentan contra la dignidad e independencia de las cortes. Estas facultades nominadoras de las cortes deben entonces ser suprimidas o al menos rediseñadas.

Segundo, por la falta de transparencia de la justicia, pues su órgano de gobierno sólo tiene representantes de las altas cortes, lo cual genera el riesgo de que el manejo de la rama responda más a los intereses corporativos de los magistrados que al interés general. Por eso es necesario que el órgano que reemplace al Consejo Superior de la Judicatura para el gobierno de la justicia incluya también representantes de todos los jueces (y no sólo de los magistrados) y representantes externos al Poder Judicial (del Gobierno, de los abogados y de las universidades) para que la gestión de la rama sea más trasparente y rinda cuentas. Una justicia democráticamente independiente no puede estar cooptada por ningún interés, ni siquiera el de los jueces.

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