Justicia restaurativa

Aunque su ejemplo de robo de celulares pudo no ser el mejor, el ministro de Justicia Osuna tiene toda la razón en que debemos reenfocar la política criminal y recurrir menos a la cárcel y más a mecanismos de justicia restaurativa, como lo recomendó el informe de la Comisión Asesora de Política Criminal de 2012, de la cual hice parte.

La cárcel es el típico castigo retributivo moderno, en que al mal del delito la sociedad le responde con otro mal, que es la cárcel.

A pesar de su posible irracionalidad, pues no es claro que un mal (la pena) borre otro mal (el crimen), no creo que podamos renunciar totalmente a las penas retributivas. Frente a ciertos crímenes, estas penas siguen siendo una “amarga necesidad en una comunidad de seres imperfectos”, como son nuestras sociedades, según la expresión usada por un proyecto alternativo de código penal en Alemania en los años 60. Pero debemos evitar el populismo punitivo que ha caracterizado nuestra política criminal y que considera que la solución para cualquier problema es la cárcel.

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Existe una evidencia sólida de que frente a muchos delitos hoy sancionados con cárcel esta pena funciona mal. La razón: las penas puramente retributivas, como la cárcel, se centran en castigar al delincuente, por lo cual no suelen tomar en cuenta los sufrimientos y las necesidades de la víctima, ni facilitan una buena reincorporación del infractor a la comunidad.

Un ejemplo hipotético lo ilustra: supongamos que cuatro jóvenes de 20 años, que necesitan dinero y no tienen trabajo, roban a un adulto mayor y son capturados. Es su primer crimen pero son condenados, digamos, a cinco años en una de nuestras hacinadas cárceles. Mientras cumplen su pena, en vez de reconocer el daño que provocaron, es probable que estos jóvenes se endurezcan emocionalmente al sentirse injustamente tratados por la sociedad, en especial por las horribles condiciones de esas cárceles, en donde, además, adquieren nuevas destrezas criminales. Probablemente estos cuatro jóvenes salen convertidos en delincuentes más peligrosos. Y mientras tanto, nadie se acuerda del adulto mayor, quien posiblemente deja de salir a la calle por temor a robos semejantes.

Un viejo sufrió entonces una agresión injusta y el olvido social, y cuatro jóvenes padecieron una cárcel inhumana y vieron sus vidas truncadas. Y el Estado colombiano gastó $500 millones en esa pésima solución, ya que el mantenimiento de cada interno cuesta unos $25 millones al año.

Debido a esas disfunciones, desde los años 70 e inspirados parcialmente en prácticas de pueblos indígenas, varios países han desarrollado la justicia restaurativa, que en vez de cárcel usa otros instrumentos, centrados en el diálogo, como la mediación entre víctima y ofensor (que no siempre es posible ni recomendable), las conferencias restaurativas, la participación en trabajos comunitarios, etc. El propósito es que la víctima sea escuchada por el infractor, a fin de que este comprenda el sufrimiento que provocó, asuma su responsabilidad, realice lo necesario para reparar el daño y ofrezca garantías de no repetición.

Los resultados de la justicia restaurativa, conforme a ciertas evaluaciones, como la realizada por la Universidad de Sheffield de tres programas en Inglaterra, son prometedores en términos de mayor satisfacción para las víctimas y reducción de la reincidencia. Obviamente la justicia restaurativa no funciona para todo ni es mágica pero, aprovechando que en Colombia tiene bases constitucionales y teniendo en cuenta nuestra aguda crisis carcelaria, el ministro tiene razón en que es un instrumento que debemos aprovechar y potenciar.