Juzgando al hombre malo

Si los guardianes de la Constitución son los jueces, ¿quiénes deben ser a la vez sus guardianes? ¿Ante qué cabeza responden las cabezas del Estado, desde el presidente hasta el fiscal o el procurador? Las preguntas son a los juristas lo que la cuadratura del círculo a los geómetras: dilemas con múltiples respuestas, ninguna definitiva. Platón se desveló pensando quién vigilaría a la clase gobernante, de modo que la polis no sucumbiera al poder de los designados para preservarla. Su respuesta fue la virtud: cada guardián tendría “un gobernante divino dentro de sí”, gracias a la educación moral que recibiría, como escribió en La república.

Eran otros tiempos. A la democracia ateniense y el idealismo platónico siguieron siglos de tiranías y realismo político y legal. Al cabo del siglo XIX, el interrogante había sido reformulado. Como las sociedades reales no están compuestas ni vigiladas por ciudadanos virtuosos, sino por “hombres malos” que persiguen sus propios intereses, ¿qué reglas pueden mantener en cintura a estos últimos?, preguntaba Oliver Holmes, el célebre juez estadounidense.

El espectro del hombre malo de Holmes acecha a los reformadores. El que tuvieron en mente los constituyentes del 91 fueron los políticos. Por eso sujetaron a los congresistas a múltiples controles de los jueces (procesos penales ante la Corte Suprema, pérdida de investidura ante el Consejo de Estado) y les dieron poderes mayúsculos a la Procuraduría y la Fiscalía. El modelo ha funcionado en buena medida, como lo muestran las condenas a los congresistas por parapolítica y la notable jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha defendido la Constitución y los derechos ciudadanos frente a los intentos de contrarreforma.

Pero el modelo se erosiona cuando los vigilantes practican los vicios de sus vigilados, como el clientelismo del “yo te elijo, tú me eliges” del procurador y algunos magistrados. De ahí la propuesta de sujetarlos a un nuevo tribunal de aforados.

El dilema es que un supertribunal crea tantos problemas como soluciones. Resurgen las preguntas clásicas: ¿quién vigilaría a sus miembros? ¿Cómo evitar que se convierta en una instancia política que sancione a los magistrados de otras cortes que difieran del Gobierno o los congresistas? Hay que recordar que en Ecuador, en apenas tres años, un tribunal de origen político ha destituido a más de 50 jueces que no siguieron la línea gubernamental.

Como la solución desplaza el dilema pero no lo elimina, lo mejor es proceder con cautela. O bien desistir de la idea por completo, o bien encontrar una fórmula intermedia que mitigue los riesgos. Yo me inclino por lo primero. Porque el remedio puede ser peor que la enfermedad.

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