La Agencia Nacional de Tierras profundiza la brecha de género en acceso a tierra y formaliza pobreza
Ana Jimena Bautista septiembre 1, 2021
Poner los mayores esfuerzos en formalización y no en acceso es grave para el campesinado en su conjunto, pero es especialmente grave para las mujeres campesinas, afros e indígenas. | Miguel Galezzo
La tierra que se está formalizando, en su gran mayoría, son “casalotes” y por sus características es casi imposible que puedan ser unidades productivas que permitan a una familia vivir dignamente con lo que allí se produce. Claro, el llegar a tener un título sobre una casalote es importante para la gente del campo, pero el Estado debe ser consciente de que está formalizando pobreza.
La tierra que se está formalizando, en su gran mayoría, son “casalotes” y por sus características es casi imposible que puedan ser unidades productivas que permitan a una familia vivir dignamente con lo que allí se produce. Claro, el llegar a tener un título sobre una casalote es importante para la gente del campo, pero el Estado debe ser consciente de que está formalizando pobreza.
La Agencia Nacional de Tierras, al concentrarse en la formalización de “casa lotes”, condena a las mujeres campesinas, afros e indígenas a la pobreza y acentúa las brechas de género en materia de acceso a tierras.
La Autoridad Agraria ha concentrado su músculo institucional en la formalización y no en garantizar el acceso a tierra. Es decir, ha hecho esfuerzos valiosos por reconocer jurídicamente la relación que las personas ya tenían previamente con la tierra, a través de la entrega de títulos a personas que ya habitaban baldíos o predios de propiedad privada, y no en la asignación de derechos, es decir, en buscar que quien no tiene tierra pueda efectivamente acceder a ella.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras reportó un total de 2.065.215 hectáreas formalizadas al 31 de marzo de 2021, lo que equivale al cumplimiento del 29,5 por ciento de la meta fijada en los acuerdos de paz, que es de siete millones de hectáreas formalizadas. Mientras tanto, solo había entregado 9.034 hectáreas a personas que no tenían tierra, lo que equivale al cumplimiento del 0,3 por ciento de la meta, que es de tres millones de hectáreas.
Poner los mayores esfuerzos en formalización y no en acceso es grave para el campesinado en su conjunto, pero es especialmente grave para las mujeres campesinas, afros e indígenas por una razón fáctica; tal y como nos lo han enseñado varias estudiosas del tema, las mujeres tienen en la práctica menos tierra. Si el Estado solo formaliza lo que ya existe pues las mujeres acceden a menos tierra y no se logran transformar situaciones de discriminación previa. Veamos los datos.
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Del total de baldíos que han sido adjudicados a partir de ocupaciones previas equivalentes a 1.120.328,23 hectáreas por parte de la ANT, el 30,4 por ciento fueron entregados a mujeres, el 69,3 por ciento a hombres, y el 0,3 por ciento fueron adjudicados a las parejas.
Encontramos cifras similares en las entregas de predios fiscales, que alcanzaron una extensión de 2.042,12 hectáreas, de las cuales el 43 % se otorgaron a las mujeres y el 57 % a hombres, y solo un 36 % fueron titulados a la pareja. Respecto del área formalizada de predios privados, a las mujeres les correspondió el 36 % del total del área (17.649), 64 % a hombres, y en un 2,95 % de las hectáreas formalizadas existe información de que fueron tituladas a parejas.
Es decir, en todos los casos de formalización es claro que los hombres acceden en mayor proporción a la tierra, ya que solo se formaliza lo que ya existe, lo que ya está dado. Si el Estado no interviene de manera decidida para avanzar en lograr que más personas sin tierra o con tierra insuficiente accedan a ella y en esa tarea privilegian a las mujeres campesinas, afros e indígenas, la brecha de género en esta materia seguirá creciendo, por la actuación directa de la autoridad agraria.
Por último, resulta de enorme preocupación las extensiones de los predios que se están formalizando. A manera de ejemplo, el promedio el área de los predios privados formalizados es de 1,4 hectáreas, extensión muy por debajo del promedio de las unidades agrícolas familiares en el país (la UAF más pequeña en Colombia es de tres hectáreas y puede llegar de acuerdo a su ubicación hasta 1850 hectáreas).
La tierra que se está formalizando, en su gran mayoría, son “casalotes” y por sus características es casi imposible que puedan ser unidades productivas que permitan a una familia vivir dignamente con lo que allí se produce. Claro, el llegar a tener un título sobre una casalote es importante para la gente del campo, pero el Estado debe ser consciente de que está formalizando pobreza.
Hay que recordar que estos resultados de la política de tierras se producen en un contexto de profunda desigualdad y exclusión. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2011, más de 800 mil hogares rurales dedicados a la actividad agropecuaria no tienen tierra bajo ningún concepto, y el índice Gini de tierras pasó de 0,868 en 1960 a 0,902 en 2014, lo que ubica al país muy cerca de la desigualdad absoluta y por encima del promedio en América Latina, que alcanza el 0,79.
En este escenario es urgente seguir insistiendo en la aplicación del enfoque de género en las políticas de tierras y volver a hablar en serio de políticas redistributivas.
Nota final: el 30 de agosto conocimos el fallecimiento de Yamile Salinas Abdala. A ella, mi homenaje y agradecimiento. Se nos fue una de las grandes maestras sobre tierra, despojo, conflictos territoriales y ambientales. A su familia, que toda la fuerza de la que siempre nos contagió Yamile les acompañe. Que la tierra te abrace siempre, querida Yamile.