La alimentación que merece Cartagena

De cara a las próximas elecciones locales vale la pena preguntarse por qué, en una ciudad como Cartagena, el derecho a la alimentación y nutrición adecuada se vulnera tanto por defecto como por exceso. Por defecto, se demuestra en los resultados de la más reciente Encuesta de percepción ciudadana, realizada por Cartagena Cómo Vamos. En 4 de cada 10 hogares cartageneros alguno de sus miembros accedió a menos de tres comidas diarias por falta de alimentos. Esta medición también muestra que la inseguridad alimentaria se acentúa en estratos socioeconómicos bajos.

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Por exceso porque, para el año 2018, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) advirtió que en la ciudad se registraron más de 38 mil pacientes con diabetes tipo 2. Un tipo de diabetes que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está estrechamente relacionada con una alimentación inadecuada, asociada a la alta ingesta de azúcar, harinas refinadas, e inactividad física.

En un contexto como este es necesario incluir el derecho a la alimentación en los debates electorales; prácticamente está ausente en las campañas. En los programas de gobierno de los actuales candidatos a la alcaldía de la ciudad debe contemplarse el derecho a la alimentación como una línea estratégica sólida. Esto pasa por ir más allá del diseño numérico de indicadores, a ser planteado de manera aterrizada y complementaria con otros derechos como la salud.

Aprovechar los avances que a nivel nacional se vienen dando sobre instrumentos de política pública para desincentivar hábitos alimenticios nocivos también es clave. Este es un buen momento para articular propuestas de gobierno local con estrategias nacionales que apuntan, precisamente, a promover de manera integral los derechos humanos a la salud y la alimentación.

Los impuestos saludables representan uno de estos instrumentos. Estrategias como esta son también saludables para las finanzas públicas. Existe evidencia empírica que demuestra el carácter progresivo de estos impuestos en el ahorro en atención médica y generación de ingresos públicos. Es decir, con estos impuestos es posible apuntar a la vulneración que, por defecto y por exceso, se efectúa al derecho a la alimentación y nutrición adecuada. De paso, en la articulación entre lo nacional y lo local en el marco de este impuesto, también podemos apoyar la sustitución de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados por alimentos del mercado local.

Cartagena merece alimentarse bien y eso no solo se traduce en el acceso a un número determinado de comidas diarias. También se traduce en la ingesta de alimentos con valores nutricionales adecuados, según los micro y macronutrientes requeridos. Cartagena merece que su próximo mandatario o mandataria tenga capacidad de gestión, lo cual incluye articular iniciativas nacionales de acuerdo a las realidades y demandas locales como los grandes problemas en alimentación. Más aun cuando una de las principales metas del Plan de Desarrollo Nacional corresponde a la satisfacción de este derecho. Cartagena, en últimas, merece que quien la administre tenga en cuenta tanto el defecto como el exceso.