La audiencia del juicio a la deforestación de la Amazonía

Esta columna fue escrita en coautoría con Laura Jiménez*

El pasado 15 de mayo en la Cámara de Representantes se realizó la audiencia pública “Amazonía Pulmón en riesgo”, en donde la pregunta central era: ¿cómo va el cumplimiento de la Sentencia 4360 de 2018 que reconoció a la Amazonía como sujetos de derechos? A siete años de su adopción la respuesta a esta pregunta parece no ser tan sencilla y quienes hemos hecho la veeduría del cumplimiento, nos hemos preguntado cómo valorar el éxito de la implementación de esta sentencia emblemática. A través de ella la Corte Suprema de Justicia ordenó a varias entidades estatales reducir la deforestación en el Amazonas colombiano y proteger los derechos de las generaciones futuras ante el cambio climático. Aquí señalamos lo bueno, lo malo y lo que se debe y puede mejorar en la implementación de la 4360 desde nuestro balance después de la audiencia.

Lo bueno: la Sentencia ha sido el catalizador de un proceso de articulación institucional sin precedentes. Más de noventa entidades estatales del orden nacional, regional y local se han visto involucradas en el cumplimiento y seguimiento de las órdenes. Como parte del impulso al cumplimiento, el gobierno nacional promovió la revisión y ajuste del diseño institucional a cargo de la contención a la deforestación. Se vinculó por primera vez a diferentes entidades del sector ambiental a la discusión de la pérdida del bosque. Igualmente, se creó una instancia articuladora que centraliza la investigación y la toma de decisiones sobre la deforestación, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF). Esto se resaltó por el Instituto SINCHI, quien en el marco de la audiencia manifestó: “hemos hecho un avance interesante en compartir muchas de las decisiones de política pública que le corresponden tanto a lo ambiental, como a lo agropecuario”.

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Lo malo: las órdenes aún no se cumplen y la deforestación todavía no cesa. Como Dejusticia, presentamos un balance sobre el estado de cumplimiento de las órdenes, señalando que solo una de las cuatro órdenes que estableció la Sentencia cuenta con un avance considerable. La cuarta orden, que exhorta a las corporaciones autónomas regionales (CAR) a formular planes de acción para frenar la deforestación, está a punto de ser acatada en su totalidad. En cambio, todavía no existe un plan de acción ni un Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana (PIVAC) que estén consolidados y aprobados por el Tribunal Superior de Bogotá, instancia encargada del seguimiento de la implementación, como lo exigen las dos primeras órdenes de la Sentencia.

Por otra parte, frente a la actualización de los planes de ordenamiento municipales (POT) que están contemplados en la tercera orden, sólo nueve de los 61 municipios de la Amazonía han cumplido su responsabilidad. Es importante señalar que ni para los planes de acción de las CAR, ni para los POT existe verificación técnica de los contenidos. Por último, la deforestación —el gran problema que busca enfrentar la Sentencia— persiste, e incluso ha aumentado. Según el último informe de seguimiento elaborado por la Procuraduría sobre la deforestación, para el 20 mayo de 2025 se reportaron 88.000 hectáreas de bosque arrasadas en la Amazonía. Esta cifra constituye 20.000 hectáreas más que las reportadas por el IDEAM en la audiencia con fecha de diciembre de 2024.

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Finalmente, en cuanto a los aspectos que deben y pueden ser mejorados, la audiencia identificó varias rutas de acción. En primer lugar, se destacó la necesidad urgente de avanzar en la implementación efectiva de las rutas de participación. De las seis rutas definidas por el Tribunal de Seguimiento hace cuatro años, solo tres han sido completadas. Los principales pendientes son las rutas dirigidas a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y a los niños, niñas y jóvenes amazónicos. Estas dos últimas son las más rezagadas, a pesar de que uno de los objetivos centrales de la Sentencia es garantizar la protección de las generaciones futuras. Es indispensable consolidar el plan de acción y el instrumento de seguimiento, los cuales deben tener carácter vinculante y estar diseñados con un enfoque que reconozca la complejidad sociopolítica y económica vinculada a la deforestación.

Asimismo, se debe establecer un mecanismo técnico para la revisión de los documentos de planeación derivados de la Sentencia, con el fin de asegurar su coherencia interna e intersectorial frente a los objetivos establecidos por la misma. También se resaltó la importancia de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú, con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública relacionada con la Sentencia y proteger a los defensores ambientales, a las comunidades amazónicas y a los funcionarios comprometidos con la preservación del bosque. Este último punto fue enfatizado por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre la persistencia de los riesgos mencionados en la Alerta Temprana 007 de marzo de 2024 y la escasa respuesta institucional para mitigarlos.

*Laura Jiménez es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático en FLACSO Argentina. Representante de los accionantes de la sentencia 4360 de 2018 ante la Mesa de Ejecución.